La CNDH y la justicia

El sexenio de Enrique Peña Nieto se caracterizó por la violación generalizada de los derechos humanos. Una cascada de agresiones del Estado contra individuos, organizaciones sociales y pueblos originarios se sucedieron imparables. El memorial de agravios de ese periodo tiene el tamaño del directorio telefónico.

(Luis Hernández Navarro - La Jornada) México - Va desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa hasta la masacre de Nochixtlán, pasando por el asesinato de periodistas y maestros opositores a la reforma educativa, la militarización de las evaluaciones magisteriales y la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes.

Muy lejos de constituirse en un valladar para frenar esas violaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Raúl González Pérez, dio paso libre a las agresiones de funcionarios y agentes estatales. No en todos los casos, pero sí en momentos claves, el presidente del organismo asumió una actitud omisa y complaciente hacia el poder, desde que tomó posesión del cargo en noviembre de 2014.

No hay sorpresa en ello. Así lo han hecho, a lo largo de sus 27 años de vida, la mayoría de quienes han encabezado la institución. González Pérez fue parte del grupo más cercano del cuestionado José Luis Soberanes, a quien la picardía popular bautizó como José Luis Sumisiones, por su obsecuencia hacia los poderosos cuando estuvo al frente de la CNDH. De la misma manera, fue tal la docilidad de Raúl Plascencia, antecesor del actual ómbudsman, que el Senado le negó repetir un segundo periodo.

La lista de las violaciones a los derechos humanos en las que el ómbudsman González Pérez ha sido omiso, cuando no abiertamente cómplice del poder, es kilométrica.

A pesar de la gravedad y simbolismo del caso Ayotzinapa, la CNDH presentó su recomendación del caso (la 15VG/2018), faltando escasas 72 horas para que Enrique Peña Nieto dejara la Presidencia. Lo hizo en un acto al que no se invitó a los familiares de los estudiantes desaparecidos. Según expresaron los padres de las víctimas, el informe del organismo fue producto del cálculo político más que una respuesta a la exigencia de verdad.

En los hechos, la posición de la CNDH avaló la famosa verdad histórica, de acuerdo con la cual los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Las barbaridades del informe son de tal magnitud, que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tuvo que enmendarle la plana.

“Lamentablemente –dijo el cuerpo de peritos independientes– el EAAF discrepa profundamente con una parte importante de las formulaciones del ámbito forense contenidas en la Recomendación 15VG/2018”. Según los expertos, la CNDH incurre en graves omisiones, especulaciones, sesgos y simplemente errores al considerar y citar el informe realizado por el EAAF. Asimismo, discrepa con una parte importante de las conclusiones de la citada recomendación de la CNDH en varios puntos.

La CNDH tuvo, también, un vergonzoso silencio sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra del magisterio democrático opuesto a la reforma educativa del Pacto por México. Los profesores Claudio Castillo, David Gemayel Ruiz y el estudiante Antonio Vivar Díaz fueron brutalmente asesinados por la policía sin que el ómbudsman dijera apenas nada. La evaluación se militarizó, se cesó arbitrariamente a más de mil maestros, centenares fueron golpeados por la fuerza pública y decenas encarcelados sin que el organismo se diera por enterado.

En cambio, el ómbudsman avaló, sin el menor pudor, el montaje organizado por Aurelio Nuño y el cacicazgo en Chiapas (https://bit.ly/2y1WrRr). La CNDH, dijo, condena enérgicamente los actos de intimidación cometidos por presuntos maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), contra profesores que se presentaron a cumplir con la evaluación docente obligatoria.

El colmo fue su informe sobre la masacre de Nochixtlán (https://bit.ly/2JSaZZt). Infamia sobre infamia, la institución que debería defender los derechos humanos de las víctimas, ayudar a esclarecer las salvajes agresiones contra la población civil perpetradas por policías durante el operativo del 19 de junio de 2016 (ocho muertos y 100 heridos de bala) y señalar a los responsables, responsabilizó a los damnificados y exculpó a las autoridades responsables, en la recomendación 7VG/2017.

Irónicamente, en lugar de sancionar moralmente a Raúl González Pérez por sus graves omisiones en la defensa de los derechos humanos, una peculiar coalición de intelectuales liberales y ONG de la derecha empresarial pretenden investirlo ahora como prócer patrio. En contra de todas las evidencias de su oportunismo político al frente de la CNDH, aseguran que el enterrador del caso Colosio realizó su función de manera objetiva y profesional.

Carente de figuras políticas de relieve, la oposición de derecha quiere hacer de Raúl González Pérez su prohombre en su lucha contra la Cuarta Transformación. No durará mucho. Inflado artificialmente, se ponchará tan pronto se contraste su imagen artificial con la realidad de su obra.

No se trata de tirar al niño con el agua sucia de la bañera. En el México de hoy se necesita un organismo autónomo que defienda realmente los derechos humanos. Pero no uno que actúe a conveniencia del poder, como lo ha hecho la actual CNDH y su presidente.

 

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