Red Eco Alternativo ***

Hay un agravamiento de la carnicería de líderes sociales

El asesinato en Tierralta este 21 de junio de la reclamante de tierras María del Pilar Hurtado por sicarios, al frente de su hijo de 9 años y a plena luz del día, deja ver la sevicia a la que las élites han llevado el exterminio de líderes sociales, ex combatientes y opositores políticos.

(Himelda Ascanio - Insurrección) Colombia - El sur del Departamento de Córdoba es una de las regiones más azotadas por la persecución política y los planes de exterminio. El primero de febrero pasado el Presidente de la Fundación Cordobexia, denunció que en Córdoba hay más de 22 líderes amenazados, y desde el 2018 han asesinado 33 líderes de este Departamento.

Ante el asesinato de María del Pilar Hurtado, el ex jefe negociador del Acuerdo de Paz con las FARC, Humberto de la Calle pidió a Duque que tome medidas para detener esta matanza:

"Señor presidente. Con respeto, no digo que la carnicería de líderes sociales haya comenzado con usted; pero está claro qué hay un agravamiento indiscutible. Mire bien cuáles ingredientes de su política han contribuido".

La persecución crece aunque el Gobierno dice que decrece

En la visita de la semana pasada a Europa del Presidente Duque, fue recibido en Londres por una manifestación que protestaba por el creciente genocidio de los líderes sociales y la indolencia del Gobierno para ponerle fin.

Duque había dicho que “en lo corrido de nuestro Gobierno registramos una reducción cercana al 32 por ciento de los crímenes en contra” de los líderes.
Human Rights Watch (HRW) dijo que entre enero y marzo ha recibido 76 denuncias de asesinatos de defensores de los derechos humanos, de los 25 homicidios de líderes sociales y defensores, el 27 por ciento pertenecen a comunidades afros e indígenas.

La Misión de Observación Electoral (MOE), señala que desde octubre de 2018 hasta mayo de este año, se han presentado 228 hechos de violencia contra líderes sociales, el 29 por ciento de ellos culminaron en asesinato; las agresiones se han presentado en 111 municipios de 22 departamentos.

Piden plata para la paz, pero implementan la guerra

El pasado 13 de mayo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció que iba a entregar 160 millones de dólares para la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC, los que en realidad van destinados a lograr el control y sometimiento de los territorios, mediante planes ejecutados por fuerzas militares estatales y paraestatales con lo que aseguran la extracción aceleradas de recursos naturales.

Mientras tanto es evidente el desmorone de los Acuerdos de Paz y la agresión permanente contra los excombatientes; en lo que va de 2019 han asesinado 31 integrantes de las FARC, un promedio de cinco ex combatientes por mes.

Sumado a ello le agregan más represión contra las comunidades cultivadoras, originada por la decisión del Gobierno de imponer una erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito al fumigarlos con Glifosato, en vez de cumplir los Programas de sustitución voluntaria que hacen parte de los Acuerdos de Paz.

Los condenados a muerte de este semana

Anderson Pérez Osorio se desempeñaba como comunicador social de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución de Zonas de Reserva Campesina de Caloto (ASTRAZONACAL), también era integrante de la Comisión de Juventud de las FARC, fue asesinado en Caloto, Cauca, el pasado 17 de junio.

Daniel Esterilla Grueso de 61 años, perteneció al Frente 29 de las FARC y se acogió al Proceso de Paz, actualmente se dedicaba a la agricultura en el municipio de Iscuandé, fue asesinado en el Charco, Nariño, el 17 de junio.

Carlos Miranda , de 30 años, fue asesinado el 19 de junio en la vereda Malvinas de la Macarena, Meta. La denuncia la hizo la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (ASCAL-G), quien señala que los responsables del crimen son los miembros del Ejército adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, bajo el mando del Brigadier General Jairo Alejandro Fuentes Sandoval.

María del Pilar Hurtado Montaño de 36 años, se desempeñaba como líder reclamante de tierras en Tierra Alta, sur de Córdoba; fue asesinada el pasado 21 de junio, por sicarios que le dispararon desde una motocicleta. Perteneció a la Fundación Cordobexia, quien había denunciado la circulación de un panfleto en el que amenazaba de muerte a los ocupantes de un predio propiedad del padre de Fabio Otero, el alcalde del municipio.

 

 
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