Red Eco Alternativo ***

Alberto Fernández y el negocio de los medios

Declaraciones del candidato sobre los medios como un sector reservado a la ley del mercado contradicen la realidad de un sector en crisis terminal, que no sobreviviría sin la asistencia estatal.

(Martín Becerra - LetraP) Argentina - El precandidato Alberto Fernández (Unidad Ciudadana) fue tajante. Para él, el mercado es la única regla de juego posible de los medios de comunicación, lo que ubica sus dichos fuera de la gravitación de la experiencia histórica, de la situación de los medios hoy y hasta de los derechos constitucionales vigentes.

En la Argentina que Fernández aspira a presidir su definición es paradójica, ya que el mercado de medios está quebrado no sólo en localidades medianas y pequeñas, sino en los grandes centros urbanos, en los que la economía de los grupos más concentrados sería ruinosa sin la periódica asistencia estatal. De modo que si el ejercicio de la comunicación masiva sólo se guiara por la ley del mercado y por los negocios prósperos, no habría comunicación en la Argentina: lo reconocen las cámaras empresariales en un reciente pedido al Gobierno de “financiamiento productivo, empleo, regímenes impositivos y previsionales, planes de pago, adecuación a futuro de regímenes laborales”.

Las declaraciones de Fernández a Tiempo Argentino este domingo subestiman además las experiencias de medios estatales (de distintas jurisdicciones), cooperativos, comunitarios, universitarios, escolares y alternativos. “En la sociedad moderna los medios son negocios. Ese fue uno de los errores de la Ley de Medios (sic). No podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial”, dijo.

Si Fernández hubiese tenido en mente, por ejemplo, el tendal de despidos y la precarización del sector periodístico en los cuatro últimos años, hubiera matizado su categórica aseveración que, además, omite leyes y principios elementales relativos a los medios y a la libertad de expresión.

La concepción mercantilista de los medios recibió un baño de realidad al día siguiente, cuando se conoció un reciente fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal n° 6, Rita María Ailan, quien suspendió la ejecución de la deuda impositiva millonaria a los diarios Clarín y La Nación con el Estado. Aunque fue escrito días antes de la publicación de Tiempo Argentino, un párrafo de la jueza parece especialmente dedicado a Alberto Fernández: “Las graves consecuencias que podrían derivarse” del cumplimiento de las normas y resoluciones de la AFIP sobre Clarín y La Nación, sostuvo, “ponen en riesgo el normal funcionamiento de las empresas involucradas”.

De modo que no, ni aún las empresas periodísticas más potentes, ambas asociadas con el Estado en la única fábrica de papel desde 1977 (lo que en las legislaciones modernas antimonopolio no estaría permitido), pueden sostener su negocio sin políticas públicas que las protejan, como han protegido al Grupo Clarín las prórrogas en sus licencias audiovisuales decididas por decretos en 2004 y 2005, la autorización para la fusión Cablevisión-Multicanal en diciembre de 2007 y la más reciente Cablevisión-Telecom (2018), o la promulgación de la ley de “preservación de bienes culturales” que fue un extraordinario salvataje estatal para las compañías endeudadas en dólares en 2003. Alberto Fernández conoce casi todos estos antecedentes porque, como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, participó de varios de ellos y del Directorio de Papel Prensa S.A. En rigor, todos los gobiernos desde 1989, con la excepción de los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner –su compañera de fórmula-, beneficiaron a Clarín en particular y otros grandes grupos en general, con políticas públicas sobre las que éstos pivotearon para sostenerse y crecer.

Pero ese no es el único error conceptual y político de Alberto Fernández. Su estrecha visión de la libertad de expresión como una práctica de negocios lo enfrenta a derechos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Constitución nacional y definidos con claridad en la jurisprudencia, como lo testimonia el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2013 en la causa iniciada por el Grupo Clarín contra ciertos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (no es “ley de medios” ya que no regula gráfica ni Internet) que luego el presidente Mauricio Macri derogaría mediante decretos. La especialista Graciana Peñafort fue muy didáctica en Twitter al responderle a Fernández sobre esta cuestión.

Por otro lado, si bien los medios estatales en la Argentina han sufrido siempre la colonización del gobierno nacional y la actual administración los ha vaciado de público y contenidos, resulta curioso que un precandidato opositor reivindique el mercado sin advertir los desafíos que, en una perspectiva de construcción de medios públicos, tendrá este conjunto hoy degradado para cumplir una función de promoción de la diversidad, de cohesión informativa federal, de garantía de acceso a contenidos de interés relevante y de promoción de cultura local, regional e independiente, todas metas que el mercado no provee. No es casual que estas funciones sean atacadas, en los países donde la tradición de los medios públicos es potente como en el norte europeo, por las expresiones de la ultraderecha.

En el ecosistema de medios conviven expresiones comerciales, estatales, educativas, cooperativas, comunitarias y alternativas. El sector no se sostendría sin la inyección de recursos públicos (manejados siempre de modo discrecional). La manifestación más visible del socorro público a los medios (comenzando por los privados) es la publicidad oficial a medios, productoras y conductores estrella, pero este no es el rubro más importante. Debe incluirse en el análisis el otorgamiento sesgado y renovación automática de licencias de radio y TV; los aranceles de importación de papel y otros insumos críticos; la condonación de deudas previsionales o fiscales; los subsidios directos y sectoriales (como los otorgados para garantizar fuentes de trabajo y evitar despidos); los regímenes de promoción industrial; los subsidios energéticos o al transporte; los beneficios en el IVA; las excepciones ad hoc en el cumplimiento de la normativa; el congelamiento de la competencia en el sector de la TV paga y la postergación sine die de obligaciones de inversión (como el soterramiento de la red); la suscripción estatal a ejemplares editados por empresas sin licitación; la adaptación de la regulación sobre quiebras; el acceso privilegiado a primicias; y la asociación directa con el propio Estado en detrimento de la competencia, entre otros aspectos.

Alberto Fernández tiene, entre sus partidarios, personas muy competentes que pueden documentar las tendencias inherentes al sector de los medios, sus problemáticas y la falacia de entronizar el mercado como receta en un páramo de despidos y negocios mustios. Tal vez entonces comprenda por qué se precisan políticas públicas inclusivas que desanden las regresiones dispuestas a golpe de decreto por Macri.

 
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