La mercantilización del hambre

El gobierno porteño gasta en los bolsones alimentarios el 100% más de lo que las familias reciben. El costo adicional, pagado por el gobierno porteño como consecuencia de la contratación de empresas intermediarias, permitiría pagarles el salario a 300 trabajadoras comunitarias cuyo trabajo esencial no es reconocido por el estado y son ellas quienes vienen gestionando la pandemia en la primera línea de los barrios populares. A estos datos arriba el informe La mercantilización del hambre: El arte de hacer negocios con la alimentación en tiempos de crisis sanitaria y económica. 

(IPPyP-ODC **) Argentina - La asistencia alimentaria en las villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través de comedores comunitarios asistidos por el programa de Atención a Grupos Comunitarios del GCBA que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El sistema consiste en la entrega de raciones crudas por parte del GCBA, a través de empresas concesionarias, a los comedores comunitarios reconocidos. Las trabajadoras comunitarias, sin ningún tipo de reconocimiento salarial se encargan diariamente de recibir los alimentos crudos, elaborarlos y entregarlos según la modalidad de vianda o habilitando el espacio comunitario para que las familias puedan almorzar, merendar y cenar. La pandemia del Coronavirus Covid-19 obligó a realizar ciertos cambios en el sistema. En primer lugar, en los comedores se empezó a entregar solamente viandas ya que sanitariamente no era aconsejable la aglomeración de personas comiendo en un espacio cerrado del comedor. En segundo lugar, muchos comedores empezaron a cerrar porque las/los trabajadoras/es comunitarios encargadas de sostener la asistencia alimentaria se contagiaron de Covid-19. Lamentablemente son muchas/os las/os referentes de espacios comunitarios fallecidos: Gladys Argañaraz, Ramona Medina, Víctor Giracoy, Agustín Navarro y tantas/os otros/as. En este contexto, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo creado por la Ley N° 1.251 y principal responsable de las políticas habitacionales porteñas, comenzó a ocuparse de la asistencia alimentaria en los barrios populares mediante la entrega de bolsones de alimentos a las familias con necesidades alimentarias, solapándose con la tarea desarrollada por Grupos Comunitarios.

El IVC decidió privatizar este servicio de alimentación contratando la entrega de bolsones con empresas de catering como Sano y Bueno Catering S.A.

El IVC contrató con la empresa Sano y Bueno Catering S.A. la entrega de 30.000 bolsones de alimentos por la suma de $36.000.000, es decir, cada bolsón costó $1.200. El propio IVC en un Informe reconoce que adquirió un total de 30.000 bolsones de comida a ser distribuidos mensualmente en mayo, junio y julio.

El IVC en su informe incorpora un relevamiento de precios minoristas y a su medida eligieron marcas y precios para justificar la razonabilidad de los montos pagados en la contratación. Las marcas y los productos elegidos no corresponden a los alimentos entregados a las familias. El propio informe del IVC aclara que son “ejemplos” de precios minoristas relevados para un conjunto de productos, algunos de los cuales ni siquiera forman parte de la contratación.

El IVC hizo circular por los barrios un informe con el objeto de justificar los precios de la contratación aclarando que los $1.200 incluyen el costo de embolsado, apilado y distribución. Es oportuno aclarar que por distribución se entiende llevar la mercadería a un solo punto en Barracas según estableció la contratación y el termino “apilado” no es claro.

Conclusiones

*De acuerdo con el relevamiento realizado, el IVC está pagando por cada bolsón $1.200 cuando el precio “minorista” de los productos efectivamente entregados a las familias ronda los $640 y el precio de acuerdo al total de los productos contratados ronda alrededor de los $ 700. 

*Destacamos que son precios minoristas, es decir, el costo del producto por unidad. Por lo tanto, como mínimo por adquirir estos productos a precio mayorista, la empresa intermediaria debió pagar entre un 10% y un 15% menos. En esta contratación se compraron 30 mil unidades de cada producto alimentario a $36 millones.

*Es decir, el IVC pagó $1.200 por un bolsón y a las familias les llegó efectivamente alimentos por la mitad de dicho valor.

*La empresa, en este caso Sano y Bueno Catering S.A. está cobrando casi un 100% más de lo que gasta en adquirir los productos, es decir, $18 millones.

*EL IVC en su defensa sostiene que este precio incluye los impuestos. El IVC hizo retenciones por aportes previsionales, impuesto a las ganancias e impuesto a los ingresos brutos por un total de $476.177 cada doce (12) millones. Es decir, de los 36 millones, solo $1.428.531 se van en impuestos. Por fuera del costo supuesto de los alimentos, a la empresa le estarían quedando $16,5 millones.

*Para el IVC está bien que el 50% de los costos de la compra de alimentos se vaya en el embolsado, apilado y en la distribución. Cabe aclarar que por distribución se entiende llevar la mercadería a un solo punto en Barracas según estableció la contratación. Es decir que el costo de trasladar los alimentos a un punto de entrega de la Ciudad es equivalente al costo de elaboración y producción de los alimentos entregados.

*El IVC en su informe nos informa que hizo un relevamiento de precios minoristas y a su medida eligieron marcas y precios para justificar la razonabilidad de los montos pagados en la contratación. Esta conducta soslaya todo principio de transparencia de un organismo estatal. La contratación ya fue aprobada, la mercadería recibida y el precio pagado. El IVC nos debería informar qué productos (y sus marcas correspondientes) efectivamente fueron recibidos y entregados a las familias. Nos debería mostrar el expediente electrónico completo donde figure el acta de recepción de la mercadería con su preciso detalle de las marcas, fechas de vencimiento y condiciones de la mercadería. Es más, debería exigirle a la empresa Sano y Bueno Catering S.A. que le brinde copia de cada factura de los alimentos comprados para efectivamente saber el precio de los productos y no salir a realizar un relevamiento de precios minoristas.

*En las compras de alimentos el Estado no direcciona las ofertas estableciendo las marcas de los productos. Pero las empresas ofertantes si deben informar qué tipo de producto y su respectiva marca para que el Estado, en este caso, el IVC, pueda verificar la razonabilidad de la oferta y comparar las ofertas de los distintos competidores. EL IVC aceptó la oferta de Sano y Bueno Catering S.A. sin que en ella figure la marca de cada producto. Por lo tanto, no existe forma de que el IVC haya podido comparar las ofertas por la calidad del producto y no existe forma de que pueda controlar lo que la empresa le iba a entregar. La empresa puede entregar productos de cualquier calidad y el IVC igual le pagaría $1.200 por bolsón. Otro defecto muy grave en esta contratación.

La explotación de las mujeres voluntarias que hacen trabajo comunitario

La empresa entrega los bolsones en un único punto, y una vez más son las trabajadoras comunitarias quienes deben retirar los alimentos del centro de acopio, trasladarlos a los espacios comunitarios barriales y desarrollar la logística necesaria para entregar los bolsones de alimento, puerta a puerta.

Todo esto sin recibir elementos adecuados de protección, ayuda económica que permita sostener la logística de entrega ni ningún tipo de reconocimiento salarial por la tarea realizada. Cada familia beneficiada recibe 1 (un) bolsón cada 15 días.

Las familias, independientemente de su composición familiar, reciben 1 (uno) bolsón cada 15 días. A todas luces se advierte la insuficiencia de los alimentos entregados para garantizar la alimentación adecuada.

Esta situación se agrava de sobremanera para las personas que están en cuarentena obligatoria y no pueden salir de sus casas.

Hacia la desmercantilización y desprivatización de la alimentación.

El negocio de las empresas intermediarias “fleteras” de bienes y servicios esenciales, que acumulan enormes ganancias precarizando las políticas públicas, es parte del déjà vu porteño. Así es como estas empresas por sólo trasladar agua en camiones aguateros, alimentos a granel o barbijos, generan brutales sobrecostos al estado.

La sola decisión del GCBA de comprar directo a las cooperativas y a los productores de alimentos, permitiría mejorar la calidad nutricional de la asistencia alimentaria, alcanzar mayor cantidad de hogares y reconocer salarialmente el trabajo de las mujeres trabajadoras comunitarias, quienes voluntariamente se encuentran organizadas frente a la urgencia del hambre y hoy en la primera línea gestionan la pandemia en las barriadas humildes de la ciudad más rica.

Informe completo AQUI

(**) El informe fue elaborado por por María Eva Koutsovitis (Investigadora del IPYPP / Coordinadora de la CLIC), Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC), Franco Armando (IPYPP/Frente Salvador Herrera de la CTA Autónoma Capital) y Myriam Leonor GodoyArroyo (ODC/IP).

 

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