Se profundizan los despidos y las acciones de amedrentamiento contra los trabajadores

La ofensiva patronal contra los trabajadores, avalada e impulsada por el Gobierno Nacional, se ha profundizado en las últimas semanas. Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, que han tenido lugar tanto en el sector público (casi 27.000) como en el privado (cerca de 23.000), sino que también incluyen amenazas generalizadas de despidos, y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales. Por Observatorio del Derecho Social 

Esta ofensiva tiene como objetivo principal reducir sustancialmente el costo de la fuerza de trabajo. Para ello, los empleadores necesitan doblegar la resistencia de los trabajadores e impedir que a través de las negociaciones salariales se revierta la caída del salario real. En este sentido, el Gobierno Nacional ya ha explicitado su intención de limitar los incrementos salariales nominales a un rango de inflación futura que, según han expresado, debería ubicarse en torno al 20% - 25%.
Considerar dicho rango de inflación implicaría aceptar un escenario que a esta altura del año ya luce más que improbable. El propio Gobierno Nacional ha impulsado medidas económicas que van en sentido contrario. Por un lado la devaluación de la moneda, cuyo impacto inflacionario todavía no puede cuantificarse en su totalidad, y que nada indica que en los próximos meses no vaya a profundizarse; en segundo lugar, la eliminación de los controles de precios que, más allá de su éxito o fracaso durante la gestión anterior, implicó un aval para impulsar aumentos en algunos de los sectores más concentrados de la economía (en forma evidente en el ámbito de las cadenas de supermercados); finalmente, la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y el incremento de precios, que en el caso de la energía eléctrica se ubican alrededor del 500%.
En este documento elaborado  por  el  equipo  del  Observatorio  del  Derecho  Social  de  la  CTA  Autónoma, integrado  por  Silvina  Ben,  Julia  Campos,  Luis  Campos,  Mariana  Campos  y  Jimena  Frankel. se presentan datos de despidos, amenazas y criminalización y represión de la protesta social durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.

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