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Los juicios fragmentados y el quiebre de Aneto

El juicio por el secuestro y torturas de Iris Pereyra y el asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda se ha revelado como una verdadera “caja de Pandora” donde día a día aparecen nuevas pruebas que certifican la maquinaria de terror de la dictadura. Esta semana uno de los principales imputados se quedó sin coartada.

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Los juicios fragmentados y el quiebre de Aneto


El juicio por el secuestro y torturas de Iris Pereyra y el asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda se ha revelado como una verdadera “caja de Pandora” donde día a día aparecen nuevas pruebas que certifican la maquinaria de terror de la dictadura. Esta semana uno de los principales imputados se quedó sin coartada


Por Olivier Reboursin-Red Eco


Argentina- 5 de junio de 2009


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Con la realización de dos audiencias finalizó esta semana la etapa de recepción de prueba en el juicio que enfrentan los generales Santiago Riveros y Fernando Verplaetsen - ex jefe de Campo de Mayo y ex jefe de la Policía Bonaerense respectivamente - junto a sus subordinados Jorge García, Raúl Harsich, César Fragni y Alberto Aneto, acusados por el secuestro y torturas a Iris Pereyra de Avellaneda y su hijo Floreal.

Durante la jornada del lunes el ex policía Alberto Aneto intentó desligarse de la responsabilidad penal por los crímenes de los que está acusado. Las declaraciones del supuesto “testigo fundamental” de la defensa de Aneto, Julio Celestino Insaurralde, en la audiencia del lunes hicieron caer del todo una débil coartada.

Aneto pretendió probar que no había participado del secuestro de Iris y Floreal. Pero el supuesto “quinielero”, a quien aquella noche le levantó un sumario por contravenir la Ley de Juego, no era tal y además afirmó que solo lo había visto cinco minutos aquella noche y que ninguna de las excusas puestas por el ex policía eran ciertas.

 Ante lo evidente de la situación, Aneto intentó entonces jugar su última carta. Buscó  responsabilizar al personal de la Policía de Munro y lloró ante el tribunal planteando que en este caso “era inocente”. Implicó a esos policías y a quien en 1976 oficiaba de interventor militar de la mencionada dependencia, el Coronel Calatayud.



El imputado reconoció que colaboraba con los negritoavellaneda.gifmilitares en la represión ilegal y certificó que el personal de la Comisaría de Villa Martelli hacía inteligencia sobre fábricas y militantes igual que otras comisarías en toda la provincia durante toda la dictadura. En definitiva “se quebró” y reconoció la responsabilidad directa de su fuerza en el Terrorismo de Estado.


Sus nuevas declaraciones hicieron que se cite de urgencia a quien en tiempos dictatoriales fue uno de sus superiores, el Comisario Horacio Celia quien llegó en esos años a ser Sub Jefe de la policía bonaerense.

Con notorio lenguaje policial, Celia habló de “la revolución del 24 de marzo de 1976”, del tratamiento de “hechos subversivos” y confirmó lo que todos los ex policías declararon en el juicio: la incondicional cooperación de las fuerzas de seguridad a los militares en la represión y el genocidio. Esto último mitigado - claro está -  por el cinismo de sus palabras al señalar que en todos esos años rara vez se producía la detención de alguna persona.

Por su parte, los generales Santiago Riveros y Fernando Verplaetsen ofrecieron como testigo de concepto al general Auel, quien fue en esa época promovido por los lobbys más cercanos al poder económico y la Embajada norteamericana. Este general gozó en su momento de gran promoción de formadores de opinión de la más rancia derecha, como el fallecido periodista Bernardo Neustadt.



iris3.jpgQuien fuera durante la dictadura Jefe del área militar de Bahía Blanca,  reflotó el discurso “antisubversivo” y la obediencia debida. Cuando se le preguntó sobre los límites para cumplir órdenes que existían para los militares dijo que era la “razonabilidad”. Se le pidió un ejemplo y dijo sin inmutarse: “Si alguien me hubiera ordenado matar a mi mamá” la habría considerado irrazonable. Nada dijo de matar a las madres de otros, ni de torturarlas, ni de arrancarlas de su hogar junto a su hijo adolescente.

 


Con estos dichos, el juicio sigue avanzando en pruebas no solo acerca del operativo represivo de fuerzas conjuntas que arrasó con el hogar de los Avellaneda en Munro en abril de 1976, llevándose ilegalmente detenida a la militante comunista y su hijo adolescente, sino también en lo claro que se manifiesta la coordinación represiva entre militares y fuerzas de seguridad y el rol que la policía cumplió en el esquema general del plan genocida.

Estos avances muestran como contrapartida las limitaciones exhibidas por el Tribunal Oral Nro.1 de San Martín como parte del Poder Judicial para enfrentar y llevar a cabo los juicios por crímenes de lesa humanidad y en definitiva el enfoque todo de ese poder estatal frente al genocidio perpetrado por el poder económico social y cultural durante la última dictadura.

El Tribunal pretende mostrar al secuestro y la tortura de dos militantes populares (y el asesinato de uno de ellos) como hechos aislados e inconexos de la persecución, los abusos y la denodada intención de “aniquilar” al distinto, propia de las Fuerzas Armadas como herramienta de los sectores poderosos.

Bajo un barniz de legalismo “garantista” en sus preguntas e indicaciones, el Tribunal retrocede los casilleros que han avanzando a través de su lucha los sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y el movimiento popular en general. Ellos han conquistado las condenas “en el marco del genocidio acaecido en nuestro país” dictadas contra los represores Miguel Osvaldo Etchecolatz y Cristian Von Wernich.
 


negrito1.jpgLa persistencia en utilizar herramientas del derecho procesal tradicional, lo mismo que la negativa pertinaz a unificar los juicios por centro clandestino de detención y siguiendo la cadena de mando, son anverso y reverso de una misma moneda que muestra un esquema oficial de juicios que choca con la realidad día a día.


Como bien ha dicho José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los datos aportados día a día por testimonios que muestran evidentes contradicciones señalan la imposibilidad de poner un nuevo “punto final” a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Las declaraciones de los represores abren una y otra vez la línea de investigación y muestran que todos ellos estuvieron comprometidos con la represión ilegal y el Terrorismo de Estado.

Por ello, cuando ha concluido la etapa de la recepción de pruebas en el juicio, y la mayoría de los testigos ofrecidos por los propios represores ha reconocido los operativos conjuntos, la superioridad operacional total de las fuerzas armadas en la represión, la metodología de hacer inteligencia ilegal sobre las fábricas y el trabajo político y gremial; se pone a prueba el valor justicia y si los tribunales podrán romper años de sostener corporativamente ideas propias de las teorías de la obediencia debida y “los dos demonios”.

Les toca ahora a los querellantes alegar y expresar en palabras lo que ha quedado fácticamente acreditado con testimonios, informes y respuestas de los propios imputados. Es la batalla también por romper el paradigma vigente en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad para acabar de ese modo con la impunidad.
En ese sentido, flaco favor hace a la búsqueda de real justicia el prisma de la supuesta “objetividad” y el rigorismo procesal excesivamente celoso de los jueces. Si no se comprende al genocidio todo como parte de un plan criminal donde los Riveros, los Verplaetsen, los García, los Fragni, los Harsich y los Aneto por nombrar a algunos pocos son solo eslabones, la situación se empantana.

Es necesario romper con las visiones tradicionales en la materia. Más asusta ese supuesto “legalismo” de los jueces del caso, igual que la decisión de los tres Poderes de no avanzar firmemente hacia la unificación de los juicios y el fin de la fragmentación, cuando se escucha declarar como testigos en la audiencia, a quienes fueron hombres claves de la dictadura tales como el ex Policía Horacio Celia, Jefe de la Unidad Regional Nro. 3 de San Martín en los tiempos del crimen y que llegara a ser sub jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura o el General retirado Heriberto Justo Auel quien muy suelto de cuerpo declaró no sólo que fue jefe de área militar de la dictadura, sino que en el país no ha habido campos de concentración.


iris2.jpgPara el próximo miércoles 17 de junio está pautado el inicio de los alegatos en los que primero hablarán las querellas. La familia Avellaneda, la Federación Juvenil Comunista, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Colectivo Justicia Ya! que ocupan ese lugar ya están convocando a una gran manifestación a las puertas de los tribunales de San Martín que apoye el reclamo de los abogados


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