Tanto la querella que representa a la familia Avellaneda como la representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, objetaron ese pedido aduciendo el derecho de Iris Avellaneda como querellante y víctima a conocer la verdad en relación a su secuestro y el de su hijo de boca de uno de los principales imputados. Luego de un pequeño cuarto intermedio el tribunal hizo lugar al pedido y los Avellaneda abandonaron la sala convocando a la prensa para denunciar el hecho.
El pedido alcanzó también a las cámaras de la televisión pública, que debieron ser retiradas, lo que significó la imposibilidad de difundir las declaraciones completas del ex policía procesado.
A lo largo de más de dos horas netas de declaraciones, Aneto incurrió en numerosas y flagrantes contradicciones, entre ellas, el hecho de plantear que a partir del 24 de marzo de 1976 los militares habían tomado el control operativo de la Comisaría de Martelli, para luego señalar que no solía ver a personal del Ejército en la misma.
Aneto afirmó además que en la seccional había un solo teléfono, pero luego reconoció que habían más, por ejemplo el que se encontraba en el despacho del comisario –hecho fundamental ya que Iris Avellaneda siempre declaró que mientras era torturada en la noche del operativo en que fue secuestrada, escuchó alguien que decía a su lado “comisaría de Villa Martelli, buenas noches”.
El imputado debió reconocer algunas fotos de la comisaría y en ese marco la defensa pidió se libre oficio a la Dirección Patrimonial de la Policía Bonaerense para que informe sobre el mobiliario existente en la misma “desde 1973 a la fecha”. Esto fue rechazado por el Tribunal luego de la oposición tanto de la querella como de la Fiscalía que consideraron la prueba extemporánea. Entre las argumentaciones de rechazo, la abogada querellante Liliana Mazea señaló la imposibilidad de que se encuentren inventariados “los elementos de tortura”.
Tras un cuarto intermedio, la presidenta del Tribunal rechazó el pedido de oficio e hizo lugar al pedido de la Fiscalía para que se confrontara al acusado con sus declaraciones indagatorias anteriores en virtud de las contradicciones entre ambas. Así, se leyó la declaración anterior en la que Aneto había hecho constar que desde la fecha del golpe “entraban y salían militares de la comisaría” y “había áreas restringidas en la misma”, cosa que había negado en esta nueva audiencia. El acusado no pudo explicar sus contradicciones.
El miércoles 6 de mayo se realizará la próxima audiencia que dará fin al proceso de indagatorias a los acusados. Se presume que se leerán las declaraciones anteriores de los represores (las que realizaron en el año 1984) ya que en esta oportunidad se han negado a declarar.
A partir del 11 mayo empiezan las declaraciones testimoniales. Ese día dará su testimonio Iris Pereyra de Avellaneda.
Más de 80 testigos se presentarán durante este juicio cuya sentencia se estima será dictada hacia fines de junio o principios de julio de este año.