“No era nuestra expectativa que la ley 26160 se prorrogara por decreto y sí a través de un debate en el Parlamento”

Compartimos una entrevista realizada por María Torrellas para Resumen Latinoamericano a Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, luego de la prórroga por cuatro años de la Ley de Emergencia Territorial Indígena a través de un decreto.

¿Qué opinan de este DNU anunciado por el gobierno?

–En principio, decir que no era nuestra expectativa de que la Ley se prorrogara por decreto presidencial. En primera instancia, marca también que la agenda del Congreso en la Argentina lo que menos tienen en cuenta es la problemática de las poblaciones indígenas. En segunda instancia, el Congreso no tiene representación indígena por lo cual la representación de la democracia actual implica la no representación de sectores sociales importantes en el territorio. Tengamos en cuenta que está ley tuvo media sanción en el Senado, que los tiempos políticos de las elecciones y las disputas entre los partidos mayoritarios nos traen las consecuencias a nosotros. Y esto se da, entre la derecha que ha sido la que se ha apropiado de los territorios y el Frente De Todos, que representa en todo caso a un sector de un gobierno más progresista, pero que también en muchas de las provincias sus mismos gobiernos retrasan este proceso de relevamiento. Eso ocurre porque tienen intereses, ya que son dueños de la tierra, tienen conflictos con propiedades y esa es la realidad de la Argentina. Sabemos que los diputados del Pro, el partido de la derecha, ha planteado que va a judicializar el decreto presidencial. De allí que para nosotros, para las organizaciones indígenas no es motivo de festejo este DNU presidencial, pero sí motivo de preocupación y exigimos que el Congreso lo trate y se saquen las caretas del racismo que esconden bajo el federalismo o bajo las manos del progresismo o de la derecha. Que muestren cuáles son las verdaderas intenciones, de seguir corriéndonos, seguir poniéndonos en una inseguridad territorial y jurídica y no aceptar que la Argentina como muchos países de Indoamérica, somos indígenas por excelencia. Por eso, una de las cosas que pasan en Argentina, es que no se discute, por ejemplo un genocidio y que ese genocidio tiene 140 años y que podría ser un piso para discusiones más francas y abiertas de cara a la sociedad.

Hoy las discusiones son sectorizadas y ese sector tiene una fuerza de construcción política en el Congreso, e insisto que la representación del Congreso no es la representación de la integración social de la Argentina, así que nosotros desde la organización estamos reclamando que el Parlamento se reúna, seccione y le dé tratamiento a esta ley que es el cumplimiento del estado, que tiene que ser una política del estado argentino, que es una política que está ligada al Convenio 169 de la O.I.T., a los Tratados Internacionales que el estado argentino ha firmado y que cumple en parte con la demanda constitucional del Artículo n°75 inciso 17. Eso es lo que esperamos, no vemos que el decreto presidencial tenga la misma fuerza y el mismo peso, si tenemos en cuenta que la ley de orden público que estaba vigente hasta el 23 de noviembre ha tenido serias dificultades en el territorio para llevarse adelante. Es decir, la ley tiene 15 años y todavía estamos a mitad del relevamiento de las comunidades. Este es el panorama que puedo remarcar con respecto al Decreto presidencial.

De acuerdo a lo dicho, esta ley actúa más como un parche, pero se diría que es salir adelante sin cumplir con ese debate en diputados y diputadas. Por otro lado, hay un acampe en el Congreso donde hemos estado en varias ocasiones y nos han contado hermanas y hermanos de las comunidades de la Argentina que precisamente habían estado hace dos años, les habían dicho que iban a relevar sus tierras y jamás hicieron ese catastro. Encima no se cumplen las promesas, ¿qué va a pasar con el acampe? ¿Seguirán hasta el día 23?

–El acampe va a seguir. Desde Río Negro el martes vamos a venir alrededor de 150 integrantes de las comunidades y es posible que lleguen comunidades de Chubut y también del norte, porque entendemos que lo que tiene que pasar es que el Congreso tiene que cumplir su función, tratar la ley y darle continuidad a un relevamiento que tiene muchas problemáticas para llevarse en el territorio. Más allá que la ley esté vigente, en algunos casos durante estos últimos 4 años no ha tenido presupuesto, pero aún teniendolo las provincias se han negado a firmar los convenios. Tal es el caso de Río Negro que se ha negado sistemáticamente a firmar el convenio de relevamiento y eso explica cuál es la problemática de la Argentina con respecto a los sectores indígenas. La política del estado es endeble, a su vez le sumamos esta situación, así que está todo dado para que el acampe continúe, para que se refuercen la movilizaciones con otras provincias y que plantee verdaderamente cuál va a ser la política de estado de cara a una sociedad que insisto la mayor parte es indígena.

Hay un hecho que en este momento es el más grave, nos referimos al cuasi estado de sitio que está sucediendo en la Cuesta del Ternero, con el Lof Quenquentreu que esta sitiado por policías y gendarmes, hace más de 50 días, no dejando pasar ni medicamentos ni abrigos. Hay también un acampe solidario ¿Cómo crees que va a influir este estado de excepción a una comunidad?

-Esa es la verdadera situación de las comunidades. Es decir es hostigada y militarizada. La falta de diálogo con los estados es un problema que corresponde a una provincia que se llama Río Negro pero que encubre su política anti mapuche bajo el halo del federalismo. Entonces, la Argentina tiene una conformación estatal donde las provincias deciden lo que hacen sobre su territorio y muchas veces no siguen la línea de estado nacional que habla de reconocer los derechos, aunque en las mismas provincias existan leyes indígenas que hablan de eso. Río Negro tiene la ley 2287 pero el gobierno de Río Negro, que acaba de convalidar una posición gobernante en las elecciones de la última semana, se niega al diálogo. Si se niega al diálogo, insisto a la comunidad, hoy lo que está en tensión son los verdaderos valores de la democracia argentina. ¿Bajo qué pretexto se puede tener una comunidad sitiada?. Claramente, bajo el no reconocimiento de una historia, bajo la prevalencia del racismo y la discriminación, porque eso es lo único que sostiene la posición del gobierno de Río Negro de sitiar una comunidad. Si no tuviese tanta mirada, los hubiesen sacado a los tiros y hubiese muerto alguien. Por lo tanto, esta es la gravedad institucional por la que justifican que las leyes no se respeten, que el derecho indígena no se respete, y que fundamentalmente Argentina desconozca su origen e identidad.

Entonces, estas posiciones políticas se toman en relación a la connivencia entre el poder político y los poderes económicos que tienen intereses sobre la tierra.

Hay otro tema que es sobre los desmontes, y salía una nota de activistas jóvenes que decía que en el Gran Chaco 400 campos de fútbol aproximadamente se pierden por día, eso es también la tragedia como dicen las mujeres indígenas por el buen vivir que es el terricidio, y creo que también está en la agenda de lucha…

-Por supuesto, nosotros nos oponemos al extrativismo, de hecho el conflicto en Quenquentreu está dado en un lugar donde el gobierno autorizó una deforestación, la subsidia, pero son tierras fiscales. En las provincia de Río Negro hay permiso de estrateo mineros entregados por el gobierno de Río Negro, que están sobre territorios indígenas, por lo cual le hemos cerrado las tranqueras. Es decir, el extractivismo es una de las cuestiones que está atrás de que caiga la ley 26.160 porque son territorios que cuando definitivamente estén relevados como comunitarios le van a dar otro sustento, no solo la poseción sino uno de los primeros resguardos institucionales que puede y debe reconocer el estado. Entonces, esas cosas dejarían de pasar, por eso es tan difícil el reconocimiento, es tan difícil llevar adelante el relevamiento, es tan difícil dar discusiones en torno a esto. Nosotros estamos planteando una discusión social en Argentina, los pueblos indígenas están planteando una discusión social en Latinoamérica e Indoamérica. Pues entonces ¿qué es lo que vamos a seguir permitiendo? El desmonte, el arrasar, la contaminación, o las comunidades vamos a tener derecho a preservar esos territorios y a dar la discusión sobre otros territorios aledaños en los cuales también una actividad extractiva desequilibra todo ese espacio territorial.

Sin duda hace falta también un trabajo mayor de descolonización de la sociedad de la cultura.

-Bueno, eso va a ser posible si la Argentina reconoce que ha nacido como estado de un genocidio y que la perpetuación de ese genocidio ha sido un continuo corrimiento de las comunidades, el despojo, el traslado, la migración interna, la discriminación, el racismo institucional. Pues todo eso es parte de una discusión que no se da ahora.

Nota relacioanda: Prorrogaron por decreto la Ley de Emergencia Territorial Indígena

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