Aborto Legal: cuál es la situación actual para garantizar el derecho a decidir en el país

Compartimos una entrevista realizada por el Periódico El Roble con María Jose, médica de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir (RPDD) de Jujuy, junto a la psicóloga Jimena Rudi y la médica Flavia Del Rosso, ambas integrantes de la RPDD Regional Santa Fe Centro Norte.

El 29 de diciembre pasado se logró la aprobación para que sea Ley en la Argentina la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14. Este paso histórico, más allá de que haya sido aprobado el proyecto del Poder Ejecutivo y no el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, es un avance progresivo en la lucha por los derechos de las personas con capacidad de gestar y del movimiento feminista en general. Y sobre todo, un producto de la lucha del propio movimiento.

Con este nuevo piso conquistado, pero con mucho por delante para que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sea un hecho en cada rincón del país -sobre todo teniendo en cuenta que las conseciones que el proyecto aprobado de Alberto Fernández le hizo a la Iglesia y sectores anti derechos, resultan obstaculizadores de la práctica-, desde El Roble charlamos con María Jose, médica de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir (RPDD) de Jujuy, con Jimena Rudi, psicóloga y con Flavia Del Rosso, médica, ambas integrantes de la RPDD Regional Santa Fe Centro Norte.
Con esta, iniciamos una serie de notas con las que intentaremos reconstruir una mirada federal de cómo se plantea este nuevo momento de la lucha feminista para quienes ocupan la primera línea en este sentido.

¿Cómo ven el futuro por poder hacer cumplir el derecho a la IVE en la provincia?
María José: Jujuy es una provincia muy conservadora, que, paradójicamente fue una de las primeras en el país, que sacó una resolución adhiriendo a las guías de ILE del ministerio de Nación. Desde el año 2012 se constituyó en el sistema público de salud una red de consejerías en opciones de la que formó parte con el fin de garantizar las ILE en la provincia. Les profesionales y trabajadores de la salud que formamos parte de las consejerías, estamos mayormente en el primer nivel de atención. Enfrentamos serias dificultades en el 2do trimestre en el caso de las ILE que no pueden resolverse en la Atención Primaria de la Salud, porque existen servicios enteros que son objetores de conciencia y antiderechos en el 2do nivel de atención que obstaculizan el acceso a ILE. Tuvimos casos muy lamentables en los que se obligó a parir a niñas que sufrieron abusos. Resolviendo realizar maduración de pulmones y practicando microcesareas sin respetar la voluntad de estas niñas de interrumpir un embarazo producto de una violación. Lo cual es muy grave. Falta mucho todavía para reconocer el trabajo de las consejerías en opciones y para mejorar el acceso a derechos en Jujuy. Tendremos que seguir activando para garantizar derechos, como venimos haciendo. Hay que tener en cuenta que aun en Jujuy, no hay pleno acceso a la Educación sexual integral y tampoco hay pleno acceso a ILE.

Jimena Rudi: La ley viene a abrir una nueva posibilidad, porque en el sistema de salud pública de nuestra regional no sólo ya se estaban realizando interrupciones legales bajo protocolo, sino que se estaba hablando de las interrupciones voluntarias de embarazo, había una demanda de un marco legal que dé respuesta a esta necesidad. El poder judicial con el fallo FAL por ejemplo o el poder ejecutivo con el protocolo nacional de ILE dio respuesta mucho antes, en cambio el poder legislativo, particularmente el senado, fue el espacio que dio muestras de ser el más conservador porque no tuvo una lectura del proceso social que ya estaba conquistado y que ya tenía un respaldo del estado y que puntualmente en el sistema de salud pública ya se estaba realizando.
El posicionamiento de les mediques y profesionales que garantizaban una ILE hasta ahora daban cuenta de que la voluntad de la persona que solicitaba una interrupción del embarazo estaba íntimamente relacionada con procesos subjetivos y sociales; sin embargo esto debía ser demostrado, firmado y hasta se debían realizar informes para justificar las causales de la salud integral que estaban en juego. Pero para esto era necesaria la mirada de quien recibía la demanda porque muchos profesionales siguen considerando a la salud sólo desde el plano físico. Con la nueva ley se puede garantizar este derecho más allá del profesional que reciba la demanda, incluso aquellos que muchas veces han obstaculizado una interrupción Legal en el sistema de salud hoy sabe que eso está penado, por lo tanto tienen que garantizar una derivación para que esa persona pueda acceder a este derecho. Ya no hay excusa, ya no queda dentro del consultorio el maltrato, hoy en día existe una ley que los profesionales deben cumplir.

¿Cómo ven a la Red para encarar esta nueva etapa de la lucha?
M.J.: Como profesional de la salud, la red ha sido y seguirá siendo un respaldo para quienes estamos en el sistema de salud, garantizando derechos. En provincias como Jujuy, muchas veces quienes garantizamos derechos, enfrentamos, obstáculos en nuestro trabajo, estigmatización, maltrato y hasta amenazas de sanciones y suspensiones como consecuencia de cumplir con nuestro trabajo y nuestra militancia. La Red y la campaña han sido un refugio y un lugar donde apoyarnos en momentos de dificultades y persecución.
A nivel nacional la Red de profesionales y la campaña nacional están colaborando con el Programa Nacional de Salud sexual y Procreación responsable para garantizar las ILE en la provincia desde el 2020. Se espera que la articulación se fortalezca para la implementación de la ley IVE en todas las provincias.

Flavia Del Rosso: La Red viene con un camino recorrido desde hace tiempo ya, desarrollando un trabajo sostenido en pos de la implementación de la ILE a nivel nacional desde antes del 2018, aunque posterior a este año se ha fortalecido y se ha consolidado por la legitimación social que se da a partir de que se pone en discusión el aborto y desde que la sociedad empieza a tener un poco más de conocimiento en relación a esta temática y también en relacion a la existencia de profesionales, tanto de aquellos que acompàñan una ILE como de personas que abortan. Así que en ese sentido, creo que nuestro trabajo como red va a ser el de acompañar la implementación de esta política que siempre es el costado más difícil y el más lleno de incertidumbre cuando ya tenemos una ley, una vez que ya paso esa parte de la discusión, la implementación tiene sus particularidades, sus dificultades, hay que seguir con el abordaje desde abogacía, el trabajo de negociación, porque aparecen las dificultades prácticas como la capacitación de profesionales, en qué medida se da la adecuación de las curriculas universitarias y de posgrado, la generación de las condiciones en las instituciones para respetar la confidencialidad y cuidado para que la persona que está haciendo una interrupción no tenga que estar en una habitación al lado de una puérpera con su bebé. Todo una serie de cuestiones muy específicas, como es el AMEU y las intervenciones a partir del segundo trimestre que ya exigen un trabajo a nivel institucional y que al conformar nosotras una red que ya viene trabajando y que ya estamos insertadas a nivel de las instituciones creo que vamos a tener mucho para aportar a la implementación de esta política. Creo que va a seguir siendo ese nuestro trabajo además de la difusión de los recurseros, tenemos uno elaborado a nivel federal, esperamos que los estados provinciales los sepan aprovechar para ir viendo por dónde empezar, dónde están les aliades para la implementación de esta política y con quiénes se puede desde ya empezar a trabajar porque tienen experiencia en la ejercicio de esta práctica.

¿Les parece que se abre la posibilidad de iniciar o avanzar en la pelea por otros derechos?
M.J.: Siempre. Vamos por más. Sabemos que nuestro activismo no se agota con la sanción de la ley y seguiremos militando para hacer efectivo el derecho al aborto en las provincias. Lo mismo nos pasa con otros derechos conquistados como la ESI e incluso la ILE o la ley de prevención y sanción de las violencias de género. Sin embargo, sabemos que al patriarcado y su cultura opresora no lo erradicamos. Se viene la lucha por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, y la lucha por el reconocimiento del enorme aporte al sistema y la sociedad que hacen las mujeres, sobre todo, a través del trabajo de cuidado NO REMUNERADO en las familias y en la comunidad. Poner en el centro el cuidado, reconocer la importancia y democratizar la responsabilidad del mismo de toda la sociedad es algo que queda pendiente a través de legislaciones que reconozcan a trabajadoras y trabajadores el derecho al cuidado de sus hijes pequeñes, por ejemplo.

F.DR.: Ya tenemos la ley de IVE, ahora debemos seguir en la lucha para que se garantice su efectiva aplicación (tanto en lo público como en lo privado), y por la efectiva aplicación de la ESI en la escuelas, además seguir exigiendo que se cumpla la ley que indica la garantía al acceso de métodos anticonceptivos, desde la Red sacamos un comunicado hace algunos meses debido a ciertas irregularidades en la entrega de métodos anticonceptivos (situación que se repite en toda la provincia de Santa Fe). El cuidado de salud sexual reproductiva y no reproductiva es un derecho humano que el Estado no puede incumplir

Por Danisa y Facundo Anarres / Imagen: @lalentedetinta

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