Diego Herchhoren, abogado de Pablo Hasél: «La prisión ha amenazado con trasladarlo si no colabora»

Pablo Hasél está hace una semana en la cárcel y desde entonces cada noche ha habido protestas en las calles de Catalunya que han acabado con enfrentamientos con los Mossos y han impactado de lleno en las negociaciones para formar Gobierno. Hasél, condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, ha sido la chispa que hizo estallar toda una corriente de descontento y malestar, provocado también por la pandemia y la crisis económica y social.

(Bernat Surroca - Nació digital/La Haine) España - Por ahora, hay dos personas encarceladas a raíz de los incidentes y los Mossos han hecho más de un centenar de detenciones. Las causas abiertas hoy se traducirán previsiblemente en peticiones de pena de prisión en unos meses.

A raíz del encarcelamiento de Hasél y todo lo que ha provocado, hablamos con el abogado Diego Herchhoren, que pilotea la defensa del rapero de Lleida. En esta entrevista, el letrado explica que el centro penitenciario de Ponent, donde Hasél cumple condena, ha amenazado con trasladar el rapero a otra prisión, alejada de su domicilio, si no cambia su comportamiento. Herchhoren es crítico con la Generalitat, a la que acusa de impedir que periodistas internacionales entren en prisión para entrevistar al rapero, y con los Mossos, que asegura que son «un cuerpo incontrolable» que perjudica la libertad de expresión. De cara a las próximas semanas, el abogado teme que el Estado se «atrinchere» en la actual posición «ejemplarizante», y disciplinadora »

- Después de una semana en prisión, ¿como está Pablo Hasél?

-Está animado por la relevancia que está teniendo su caso. Se había preparado para la entrada en prisión, que finalmente se ha concretado, y está satisfecho porque la desobediencia que ejerció ha servido para poner en discusión muchas cosas. Se ha abierto una situación importante: ya no sólo por las limitaciones que existen para la libertad de expresión en España, sino también respecto a muchas instituciones que eran intocables, como la policía, la monarquía o la propia Constitución.

- Estos días ha salido la noticia que Hasél no quiere compartir celda ni ayudar en las tareas de mantenimiento de la prisión.

-Él reclama su estatus de preso político, y esto tiene una regulación de orden jurídico. El acuerdo de la asamblea del Consejo de Europa establece que los Estados deben respetar el estado de preso político a aquellas personas que hayan sido condenadas por el ejercicio de libertades públicas consagradas en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos o a través de un proceso que pueda ser declarado injusto, entre otros requisitos alternativos. Pablo reivindica su estatus de preso político, algo que las autoridades españolas siempre se resisten a reconocer.

- ¿Qué implicaciones tiene el estatus de preso político?

-Esto significa que las obligaciones del preso se limitan a cumplir con la estancia en prisión. No colaborar con la administración penitenciaria y exigir condiciones de vida dignas dentro de la prisión. Evitar las obligaciones impuestas por los carceleros. Esto no se está respetando y empezamos a percibir que el buen trato que hubo en los primeros días de cárcel empieza a cambiar. Ya hay una amenaza de dispersión si Pablo no accede a los mandatos de colaborar de la administración penitenciaria, y esto es una vulneración del acuerdo de la asamblea del Consejo de Europa. Hay riesgo de que lo lleven a una cárcel alejada del domicilio. Esta es la amenaza que el centro le ha transmitido a Pablo y está en veremos la resolución en los próximos días.

- ¿La opción del exilio se llegó a plantear?

-Lo planteamos y hubo varios ofrecimientos. Lo meditamos, pero llegamos a la conclusión de que si Pablo se exiliaba gran parte de la trascendencia que tendría para el debate público no se habría producido. Si se iba, no haríamos el salto definitivo para poner sobre la mesa los límites sobre el ejercicio de derechos y libertades, como se está haciendo ahora. Tomó la decisión a partir de eso: «no he llegado hasta aquí para exiliarme y que se olvide el tema y además cargue con las consecuencias del exilio».

- ¿Cuántas condenas pesan sobre Hasél?

-En firme, es decir, ejecutables inmediatamente, tiene la de la Audiencia Nacional de 2014, por la que cumple condena actualmente. El resto son penas de prisión en suspenso porque no son firmes o hay posibilidad de recurso. Había alguna pena de multa de cuando Ángel Ros era alcalde de Lleida que ya está completa. También se debería hablar de cómo se ha llegado hasta aquí en estas condenas paralelas, especialmente la de la Audiencia Provincial de Lleida y quién es el impulsor de este proceso penal. Esto daría por un debate mucho más profundo.

- ¿Quién es el impulsor de este proceso penal?

-Es un confidente de la Guardia Urbana de Lleida, conocido por los movimientos sociales. Es un personaje que se define como «defensor a ultranza de las fuerzas de seguridad» y presume de ser confidente de la Guardia Urbana de Lleida que se hace fotos en Facebook portando armas largas. Este hombre aparece en escena cuando un chico de 15 años denuncia que la Guardia Urbana la ha golpeado mientras pegaba carteles. El chico difundió imágenes de lesiones a los medios. El juez hizo un tratamiento lamentable de las lesiones. Los hechos tuvieron lugar de noche en un lugar donde no había nadie. Había dos partes, los policías y el chico. Entonces apareció este confidente y dijo que había visto que había pasado y no era cierto lo que decía la víctima. Era un testigo falso. No había nadie en el momento de los hechos.

Pablo Hasél denunció estos hechos y señaló el confidente, que fue a casa de Pablo para amenazarle. Después, este hombre presenta una denuncia de otro lugar donde no había estado nunca Pablo diciendo que recibió una agresión suya. En este contexto, la justicia da la razón al confidente y no a Hasél. Esta es la condena que salió la semana pasada.

- ¿Cómo ve Hasél las protestas y los incidentes de estos últimos días?

-Lo que coarta la libertad de expresión es la violencia policial. Cuando se mutila el ojo de una persona o se dispara con armamento prohibido, o cuando se insulta o agrede indiscriminadamente, esto es perjudicial para la libertad de expresión. Se ha alterado el debate, porque se está poniendo en cuestión la quema de contenedores o el lanzamiento de piedras, pero no los abusos que está ejerciendo quien tiene el monopolio de la fuerza legítima del Estado, que es la policía. Aquí la policía se ha convertido en un cuerpo incontrolable y nadie lo pone en discusión. El debate de fondo es hasta qué punto es perjudicial la policía para la libertad de expresión.

- Si Hasél sigue animando las protestas desde la prisión puede salir perjudicado?

-No, las consecuencias procesales no serían en este caso. Es cierto que los jueces no son de piedra y a la hora de valorar la alarma social o el riesgo, tal vez lo tienen en cuenta como forma de represalia, pero también hemos visto en muchas ocasiones que el que no llora no mama. Las grandes transformaciones de la sociedad siempre vienen precedidas de enormes cuotas de desobediencia. Es un riesgo que el transcurso de estas manifestaciones le puedan afectar, pero es un riesgo necesario para Pablo.

- ¿Como abogado suyo le recomienda algo? Que continúe animando, que mantenga un perfil más bajo …

-Si le digo que se calle, me deja de hablar.

- El consejero Miquel Samper dijo que las manifestaciones eran ahora «vandalismo puro». ¿Cómo lo ve?

-El señor Samper es quien dirige la policía catalana y debe defenderla. Del mismo modo, yo tengo el derecho de atacar su actuación en los últimos días. Hay muchos incidentes que podrían haberse evitado. Por otra parte, hay que contextualizar el marco de estas protestas. Se están juntando muchas cuestiones: un sentimiento de malestar general que va más allá de Pablo y que se está canalizando a través de estas protestas. Insisto, se está poniendo al mismo nivel o maximizando la responsabilidad de los manifestantes que lanzan piedras, pero Samper olvida que hay una persona a la que se le ha mutilado un ojo por la acción policial, y aquí no hemos visto ninguna responsabilidad disciplinaria.

- Los Mossos han abierto una investigación interna sobre el caso. ¿Llegará a algún sitio?

-Llegará el mismo lugar que todas las investigaciones internas de los Mossos. Las lesiones graves que produce una persona a otra fuera del ámbito policial tienen repercusiones penales muy graves. Esto ocurre para todos excepto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No tenemos mucha confianza. Sí que confiamos en que la presión social permita depurar responsabilidades, condenar y sancionar, pero no confiamos en el señor Samper.

- ¿Algún partido se ha puesto en contacto con Hasél?

-Por ahora no. El único contacto directo que hemos tenido es con En Común Podemos de cara a la solicitud de indulto. Nos pidieron autorización y se la dimos. No es que sea necesario autorizarlo, porque un indulto lo puede pedir que quiera. Pablo me dijo expresamente que ni se me ocurriera pedir un indulto.

- La causa ha tenido bastante repercusión fuera de España.

-Ha habido muchos corresponsales del Estado y del resto del mundo que nos han pedido visitar a Pablo para entrevistarle. Hay mucho interés en este aspecto. De hecho, estamos en un conflicto con la Generalitat. Prisiones depende de la Generalitat y hemos solicitado autorización para varios periodistas que quieren entrar en la cárcel para entrevistar Pablo y la Generalitat nos ha denegado el permiso. Argumentan que puede invitar a amigos y familiares, y que si alguien entra en prisión no podrá grabar nada. Esto es muy grave, porque en febrero del año pasado una sentencia del TC habilitó la posibilidad de que la prensa entrara en prisión para entrevistar personas, porque prevalece el derecho a la libertad de información al reglamento penitenciario. Esto llevará a una pugna jurídica interesante y dura.

- ¿La Generalitat dice que no pueden entrar periodistas pero sí familiares?

-Sí, y que si alguien entra como amigo o familiar no podrá llevar ningún dispositivo para grabar nada.

- Por ahora hay dos personas encarcelados a raíz de las protestas. Desde su punto de vista, ¿a qué se pueden enfrentar?

-Hablamos de penas de prisión normalmente altas, de tres o cuatro años. Lo hemos visto en casos similares, como huelgas generales, la detención de Puigdemont o las protestas de la sentencia del proceso. Entiendo que para los casos actuales la Fiscalía solicitará esto. El ministerio público en estos casos siempre tiene este comportamiento: detiene a uno para aplicar un correctivo que afecte a muchos, imponen un castigo ejemplarizante. Esto pone de manifiesto la inexistencia de rasgos democráticos en los procesos penales de este tipo.

- La Generalitat podría personarse como acusación particular, como ha hecho en otros casos similares.

-Esto por supuesto. Y si no es la Generalitat será el Ayuntamiento de Barcelona.

- Podemos ha propuesto una reforma del código penal para evitar casos como el de Pablo Hasél. ¿Es viable?

-No sólo es viable, sino que es una obligación del gobierno español. Parece como si ahora a Podemos les enciende la lucecita, pero no es así. A Pablo le condenan por tres delitos, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona ya las fuerzas de seguridad. En relación al primer delito, España tiene un mandato legal por parte de la UE de reformar el código penal. Es decir, la directiva comunitaria de prevención del terrorismo de 2015 daba un plazo de transposición hasta el 2018 para incorporarla al código penal. Esta directiva dice que el delito de enaltecimiento del terrorismo es punible cuando haya un riesgo objetivo de actos terroristas. No incluye opiniones molestas o polémicas al respecto. Prácticamente es una derogación de la actual regulación española del delito de enaltecimiento del terrorismo, que no habla de riesgo objetivo.

En cuanto a los otros dos delitos, pasa lo mismo en relación al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las recomendaciones de los organismos internacionales de los que España forma parte son obligatorios para los poderes públicos. Hace más de un año, el Comité dijo que tenía que reformar o derogar los delitos relacionados con la libertad de expresión, como son las injurias a la corona o las ofensas a los sentimientos religiosos. Es un mandato legal. Ahora bien, el PSOE ya ha planteado límites a la reforma, porque dice que la gravedad radica en que hay gente encarcelada por estos delitos. Esto es grave, pero lo más grave es que alguien deba autocensurarse por miedo a una posible represalia, sea o no de prisión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, no algo que pueda estar sometida a una pena económica. Por lo tanto, alerta con los límites que se ponen a esta reforma, que pasarían por una moderación de las penas. Tal como está previsto, conllevará problemas.

- ¿Tendría efectos retroactivos para Hasél?

-Si el proyecto de ley no dice nada al respecto, sí, pero todavía no conocemos nada de esta reforma. Se ha escogido un proceso legislativo largo y complejo, de resultado incierto. Habrían podido incorporar las recomendaciones internacionales vía Real Decreto Legislativo, porque son vinculantes y no hay que legislar mucho. La retroactividad sería si el texto no dice nada al respecto, porque opera el principio general de ley más favorable al condenado. Ahora bien, el objetivo de la reforma es que «a partir de ahora» esto no se vuelva a repetir. Esto significa, en términos jurídicos, irretroactividad. Por lo tanto, debemos estar alerta.

- ¿Los indultos pueden tener recorrido?

-Pueden tener siempre que la cuestión tome trascendencia. Hasta ahora, el debate en torno a la libertad de expresión ha sido una reacción a los hechos. El tema de Pablo es desde hace tiempo, se podría haber pedido el indulto antes. Sin embargo, la foto de los Mossos deteniéndolo en el rectorado de la Universidad de Lleida ha hecho que Jaume Asens nos llame para solicitar el indulto. Es en estos días cuando se anuncia la reforma del código penal. Todo después de los hechos. Para conseguir cosas, hay que exigir. Los derechos son como un músculo, si no se ejercitan se atrofian. El indulto lo ha pedido también la Academia Catalana de la Música.

- ¿Temen que si las protestas se desinflen y la causa de Hasél pierda fuerza?

-Miedo, no. Las protestas han sido resultado de muchas cosas, de una sensación social que no sólo responde al descontento por lo ocurrido con Pablo. Hay un descontento acumulado y lo único que se puede hacer es devolver las libertades que nos han robado. Si no, el descontento continuará. Nuestro principal temor es que el Estado se atrinchere en la posición de ejemplarizar. Esto es propio de estados tan reaccionarios como el español.

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