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La Querella Argentina, una lucha contra la impunidad que atraviesa los mares – Parte I

En el marco de cumplirse 43 años del último golpe cívico eclesiástico militar, Mucho Palo Noticias entrevistó a Jacinto Lara, uno de lxs abogadxs de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

 

El Estado español viene negando sistemáticamente, bajo la idea de la “reconciliación”, la posibilidad de que se lleven a cabo procesos judiciales que garanticen memoria, verdad y justicia a las víctimas y familiares de víctimas de la dictadura franquista, que se extendió desde 1939 hasta 1975 dejando más de 140.000 asesinadxs y desaparecidxs.

Es por ello que la querella, en virtud del principio de justicia universal, se lleva adelante en Argentina.

Lara remarca sin embargo que nada hubiera sido posible sin “un movimiento social que lleve adelante las demandas y la lucha”. Los Derechos Humanos son universales, y lo son también sus luchas: las madres, las abuelas, lxs familiares y el movimiento de Derechos Humanos de Argentina hicieron posible el enjuiciamiento a los genocidas y sentó un precedente para la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en el mundo.

Esa semana se estrenaba en España “El silencio de otros”, el documental de Pedro Almodóvar que recupera los relatos en primera persona de víctimas directas y familiares de la dictadura franquista y que de un tiempo a esta parte es allí un tema candente y que divide opiniones.

Jacinto Lara nos recibió amablemente en su oficina de la CEAQUA, invitándonos a conocer los detalles de esta pelea mano a mano contra la impunidad y el olvido que compartimos en esta primera entrega.

Con diferencias notables pero también con similitudes cercanas a nuestra historia, esta lucha se desarrolla replicando aquellos años en que víctimas argentinas iniciaban querellas en tierras españolas.

¿Cómo surge la Querella Argentina, que lleva adelante las causas de lesa humanidad de las víctimas de España?

En el 2010 se inicia la denominada Querella Argentina, una causa penal que trata de investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. La tramitación ha sido compleja, pero nada de esto se entendería sin el movimiento social, que es lo que sostiene este tipo de acciones.

A partir del año 2006 se empiezan las acciones de la Audiencia Nacional, a presentar denuncias para que se investiguen y enjuicien estos crímenes, para que se exhumen a las víctimas que están aún tiradas en las cunetas a lo largo y ancho del Estado español. En 2008 comenzó las diligencias el juez Garzón, proceso que se tuerce cuando es imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación, causa que finalmente quedó archivada.

Pero ese proceso tuvo una consecuencia, que fue la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que es un antecedente. En ella se absuelve a Garzón pero se condena a las víctimas del franquismo al más absoluto de los ostracismos, diciendo que eso no se puede investigar en nuestro país, que hay una serie de normas que lo prohíben terminantemente, como la Ley de Amnistía, el principio de legalidad, la prescripción de los delitos, etc.: obstáculos pseudo jurídicos, que se vienen utilizando para impedir la investigación y enjuiciamiento de todo este tipo de crímenes.

¿Y es ahí que se comienza la estrategia de iniciar acciones en tribunales argentinos?

Claro, a partir de esta situación algunas personas y organizaciones inician la denominada Querella Argentina, una acción penal para que se investiguen y enjuicien los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista por parte de los juzgados argentinos, en virtud de la aplicación del principio de justicia universal.

De la misma manera en que a finales de los 90 había sucedido con las dictaduras argentina y chilena aquí en España, donde se iniciaron acciones en virtud del mismo principio, para que los juzgados españoles investiguen aquellos delitos contra la humanidad cometidos por ambas dictaduras.

¿Aún con esta estrategia, hubo trabas?

Así es, la querella empieza a funcionar no sin dificultades. Inicialmente es archivada, luego revocan el archivo inicial. Luego la jueza Servini de Cubría pidió informes al Estado español en relación al estado de las diferentes causas que por aquel entonces existían en nuestro país que investigaban esos mismos crímenes. Se informaba a la jueza argentina que se estaba investigando poco menos que todo, cuando no se estaba investigando absolutamente nada.

Sin embargo la Querella Argentina avanzó muy sólidamente gracias, sobre todo, al movimiento social y al trabajo de estas compañeras y compañeros, y se han conseguido avances muy importantes, como la declaración testimonial a las víctimas a través de videoconferencias; la exhumación de Timoteo Mendieta; más de 20 imputaciones de altos cargos franquistas, incluido un médico por sustracción y robo de bebés. También hubo pedidos internacionales de extradición, se ha tomado declaración a las víctimas por parte de jueces españoles. Ahora la querella tiene incorporados a más de 400 o 500 querellantes. Una querella, insisto, vehiculada por un movimiento social.

¿Qué período abarca la querella?

Inicialmente la querella estaba delimitada al periodo que va desde julio de 1936 hasta junio de 1977, pero ahora se amplió hasta diciembre de 1978, lo cual nos permite incorporar crímenes, que no fueron pocos, que se cometieron durante el periodo denominado como la transición política, donde el nivel de represión fue importante. Las estructuras del Estado y el aparato represor continuaron intactos, con los mismos métodos, las mismas prácticas, los mismos sistemas. Había un movimiento social, obrero y estudiantil muy importante y el Estado no estaba dispuesto a hacer muchas más concesiones.

Todo esto hace que la Querella Argentina sea un instrumento imprescindible de lucha contra la impunidad y ha jugado un papel político muy importante, sobre todo de erosión en relación con esta situación de impunidad.

La Querella Argentina viene siendo, como relata Lara, no sólo una herramienta judicial penal para la investigación y enjuiciamiento de los terribles crímenes cometidos durante las más de cuatro décadas del régimen dictatorial franquista, sino también una bandera de lucha contra la impunidad. Pero además fue necesaria para otorgar visibilidad a nivel internacional y generar algún grado de presión sobre un Estado español que sigue sosteniendo un discurso de reconciliación como base de su democracia.

¿Este proceso ha tenido repercusiones a nivel internacional?

Bueno, la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo cierra las puertas a las víctimas, pero a través de la Querella Argentina se va poniendo de manifiesto que esa situación de impunidad no es compatible con un Estado democrático y que no estamos cumpliendo con los estándares mínimos; y las instancias internacionales se vienen pronunciando constantemente en relación a esta situación. Las autoridades españolas están incumpliendo absolutamente todas las normas y obligaciones en materia de derecho internacional de los Derechos Humanos.

En este sentido, ¿hubo pronunciamientos concretos?

Sí, se pronunció la ONU, el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición; el Comité contra la Tortura; el Comité de DDHH, que es el que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; también el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas. También se pronunció el Consejo de Europa, mediante el Comisario de DDHH. En fin, hay un despliegue a nivel internacional en el que se señala al Estado español que la senda adoptada no es la correcta y que están incurriendo en un ilícito internacional.

¿Al margen de las acciones vía tribunales argentinos, cómo sigue la situación en España?

Bueno, cuando se inician acciones judiciales en Argentina lo que se busca es que en algún momento los tribunales de nuestro país puedan investigar y enjuiciar estos crímenes, como pasó con Argentina y con Chile, un efecto bumerang. Carlos Slepoy (abogado argentino de DDHH exiliado en España) es el primero que lo plantea y reorienta la cuestión, señalando que hay empezar a golpear nuevamente en España. Y no solamente con acciones judiciales, sino también con acciones en materia de política legislativa, todo apoyado por un movimiento social muy importante y pujante. Todo esto hizo que el tema de la memoria esté en la primera línea de la agenda política, y sumado a que la presión internacional se hace casi insoportable, se empieza a avanzar.

¿Y con qué obstáculos se encuentra actualmente este proceso?

El problema es que se avanza pero en lo administrativo, no en lo penal, que es donde recaen los crímenes. De hecho en marzo de 2018 se presentó desde la CEAQUA un proyecto de modificación a la Ley de Amnistía que fue rechazado por mayoría en el Congreso de los Diputados. Se habla de justicia restaurativa, no de jurisdicción penal, por la posible imputación de personas que continúan vivas, y eso al Estado le genera un problema.

El Estado ahora, con el gobierno de Sánchez, trata de reorientar las cosas asumiendo responsabilidades como las exhumaciones, pero dándoles un carácter meramente administrativo, es decir, entrega de los restos a los familiares, digna sepultura, algo fundamental, obvio, y que es un avance importantísimo, pero estamos hablando de crímenes, hay que impulsar los procedimientos para que además se pueda judicializar todo el tema de las fosas para que se establezca una verdad jurídica en relación a lo realmente acontecido.

Y por otro lado está el tema de los crímenes del tardofranquismo, que abarca también la denominada transición política; ahí hay imputables vivos, y ahí saltan todas las alarmas del Estado, ante la posibilidad de que se puedan abrir causas penales donde se investigue y se procese a los responsables de aquellos crímenes que aún continúan con vida.

La continuidad en democracia del aparato represivo, de estructuras y actores políticos, empresariales y civiles que tuvieron mayor o menor grado de responsabilidad y complicidad en los crímenes del franquismo son claves a la hora de comprender el proceso de la Querella Argentina y las causas abiertas en España, los obstáculos que encuentra a su paso, y en especial los que antepone el mismo Estado español.

¿Se trata de personas que continuaron con su carrera política una vez restaurada la democracia?

Las estructuras represivas, económicas, y políticas de la dictadura franquista permanecieron intactas en el régimen democrático instaurado por la Constitución de 1978. De hecho hay policías y dirigentes policiales que estuvieron implicados en todo tipo de crímenes, incluidos la tortura, que no sólo continuaron realizando sus labores dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que muchos de ellos fueron ascendidos, premiados y condecorados durante la democracia.

Y hay además personajes conocidos como Adolfo Suárez, Fraga Iribarne, Martín Villa, que venían del núcleo duro del régimen franquista y que pasan a ocupar responsabilidades políticas de altísimo nivel en el Estado español después de 1978, manteniendo no sólo cargos políticos sino también a nivel empresarial.

Estamos hablando de una sinergia, de puertas giratorias en la asunción de responsabilidades políticas y su reflejo en la estructura económica más poderosa el Estado.

¿Cuáles son las causas de que el Estado ponga trabas para investigar y enjuiciar estos crímenes?

Bueno, yo creo que es porque se están discutiendo los cimientos básicos del Estado democrático instaurado con la Constitución de 1978. Si discutimos el contenido de la Ley de Amnistía, por ejemplo el PSOE mantiene sistemáticamente que esa ley es un pilar básico de nuestra democracia y que no se puede tocar.

Es un argumento absolutamente falaz porque se trata de una ley que se puede considerar de punto final y que está impidiendo la investigación y enjuiciamiento de esos crímenes y que el Estado mantiene y sostiene en base a una interpretación política incompatible con el respeto de los DDHH más básicos. Y es un argumento que se sigue manteniendo por tres de los partidos que ahora mismo conforman una mayoría en el arco parlamentario.

 
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