“Es momento de no quedar aislados en luchas sectoriales; todos tenemos un punto en común que son los avances de las políticas neoliberales”

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En la previa a la realización de una asamblea multisectorial en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, que se llevará adelante el jueves 16 de agosto, Ángel Barraco, miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental, fue entrevistado por Mario Hernández. Los ejes de la convocatoria son el agravamiento del estado de situación de la salud mental, en el marco de lo que Barroco considera un escenario bastante infrecuente, como es el hecho de existe una Dirección Nacional de Salud Mental a cargo de un psicólogo de Tandil, que si bien en su historia ha apoyado esta Ley, representa al gobierno de Cambiemos y se observa que desde que asumió no se ha podido avanzar absolutamente en nada respecto de su cumplimiento.

En diálogo con Mario Hernández, Barroco especificó su posición respecto al director nacional de Salud Mental: Digo infrecuente porque hay muchos sectores que dijeron de darle tiempo, darle cierto crédito por tratarse de la persona que es. Yo no tenía expectativas de que eso cambiara nada porque actúa por encima de sus cualidades personales.

Mario Hernández: Condicionado por la pertenencia al gobierno de Cambiemos. Podemos tener una figura que vive proclamando su moralidad como Lilita Carrió pero los aportes truchos para financiar las campañas electorales de Cambiemos salpican a todos.

Ángel Barraco: Así es. También tenemos situaciones graves originadas por el Gobierno nacional, como la resolución 1264 que modificó las incumbencias sobre todo de los psicólogos, achicándolas, para dar cabida, supuestamente, a otros saberes, que son ni más ni menos que achicar el valor del título de grado y permitir una doble vía, que la formación siga haciéndose en los posgrados, pagándola.

M.H.: Se han autorizado nuevas carreras.

A.B.: Sí, están apareciendo. En nuestro caso, el counseling y el coaching, y no es casual que en las incumbencias que nos han recortado está el tema de la intervención en el ámbito laboral. Esto apunta, dentro de la política más general, a un achicamiento de las capacidades que indudablemente apunta a bajar el costo laboral.

M.H.: ¿Esto tiene que ver con el intrusionismo? Hay una declaración del Presidente de la Federación Iberoamericana de la Asociación de Psicología, que habla de la cuestión del intrusionismo que ha ido ocupando cada momento de la formación de los psicólogos de la República Argentina, lo que también ocurre en América Latina y en el resto del mundo.

A.B.: Esto es lo que pasa, porque dentro de las consideraciones de la resolución aparece la idea de que esto se da para permitir un lugar a otras profesiones, pero no indica cuáles son esas profesiones que intervendrían en el marco de tu incumbencia, que en realidad se llaman actividades reservadas al título de psicólogo, médico, etc.
Nosotros por una resolución de 2009 teníamos 16 actividades perfectamente delimitadas. Esto es importante, porque tanto nuestra carrera como la de médico, son de interés público. Cuando están designadas de esta manera, es porque intervienen en la salud y la seguridad de la población, con lo cual tienen que tener un régimen especial de control. No es un chiste trabajar con salud y con salud mental de la población si no hay garantía y un compromiso de intervención de parte del Estado.
Por eso las incumbencias o actividades reservadas son generadas desde el ministerio de Educación. De esas 16 se redujeron a 5 y da cabida a esta palabra “intrusión” que son carreras cortas, que las hacen atractivas porque para quien no tiene un título resulta atractivo conseguirlo en uno o dos años. Son tecnicaturas. Entonces el trabajo que hacía un profesional con un título de grado, que estudió 5 o 6 años, ahora parte de su actividad se la pretende delegar en estas pseudo carreras, conceptualmente de inteligencia norteamericana, por eso los nombres.
Todo esto viene de la mano del neoliberalismo en cuanto a reducir el costo laboral. Supongamos, un psicólogo hace psicología laboral en una empresa, le dan su trabajo a alguien que ha hecho una tecnicatura de 2 o 3 años, a quien le pagan menos, esto beneficia al mentado costo laboral que acusa justamente todo el sistema neoliberal, capitalista, financiero que intentan constantemente reducir al máximo este valor. Y luego se refleja en el reparto de la riqueza, se acentúa la ganancia de las empresas en desmedro del trabajador o del profesional.
También hay que señalar esta precarización en lo específicamente clínico, porque así como este recorte de las incumbencias ataca la parte de la intervención en la parte judicial, en los peritajes, también en la parte educacional se corre riesgo, el más importante indudablemente es el de la perspectiva clínica, la inserción de los trabajadores psicólogos no solo estaba delimitada al campo específico de la salud mental sino de la salud en general, porque intervienen en equipos de Atención primaria de la salud, de atención comunitaria, que es un trabajo que se hace junto a médicos, enfermeros, trabajadores sociales y este era un programa que había sido lanzado a nivel de la Atención primaria de la salud hace ya como ocho o nueve años y ahora se lo recortó, con lo cual la afectación en la población va a ser de un impacto tremendo, con lo cual esta no es solo la defensa de un derecho laboral y salarial solamente, sino que no hay que perder de vista que esta afectación implica la atención a la población.
Esto va de la mano del otro avance de este gobierno que es la imposición de la CUS, la Cobertura Universal de Salud, que es otro programa que están llevando adelante, devenido de los imperativos del Banco Mundial que apunta al achicamiento de la atención pública de la salud, poniendo un pequeño paquete de prestaciones elementales y el resto pasan a ser pagas y obviamente en el ámbito de lo privado. Todo va camino a este entramado de un achicamiento de la salud y la educación pública.

La desmanicomialización es uno de los temas pendientes
M.H.: ¿Qué otros temas tiene previstos abordar la Asamblea multisectorial?

A.B.: Tenemos este tema de la CUS que impacta sobremanera en salud mental. El hecho de que el gobierno ratificó el anterior plan de salud mental, del anterior gobierno pero no lo cumple, lo único que hizo fue sacar un decreto dándole extensión al plan de salud mental que es fundamental para llevar adelante las políticas que hacen falta en base a lo que establece la Ley. Esto apunta a la política de desmanicomialización que es llevar adelante la transformación de los grandes neuropsiquiátricos, hablando en consonancia con el tema de la locura, obviamente es una de las deudas pendientes, porque siguen existiendo estos hospitales como el Borda o el Moyano donde la lógica manicomial sigue imperante y esto obviamente está sostenido no solo por la capacidad política de la práctica gubernamental, sino que está asociado el poder médico psiquiátrico que a su vez esta sostenido muy fuertemente por los grandes intereses de los laboratorios farmacéuticos.

M.H.: En una de las últimas oportunidades que hablamos, había quedado como tarea de la Asamblea multisectorial en defensa de la ley de salud mental, la extensión al interior del país ¿Se ha avanzado en ese sentido?

A.B.: Poco. Porque durante todos estos últimos meses ha habido desmovilización del sector. En primer lugar creo que el tema y oportunamente todo lo que está significando el debate por el aborto legal, también implicó un desplazamiento de las energías de parte de muchos compañeros y compañeras en darle prioridad. Pero para la próxima asamblea tenemos pendiente ver cómo avanzamos en una regionalización, que va de la mano de lo que va a ocurrir en octubre en Montevideo.
Existe una Red latinoamericana de salud mental y Derechos Humanos, muy nutrida en cuanto a sus adherentes y vamos a generar tres días de actividades en Montevideo, Uruguay, con lo cual esto implica llevar una mayor representación de parte de la salud mental en los diferentes territorios geográficos ya que no es lo mismo la salud mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo que pasa con la salud mental en Tierra del Fuego o en La Puna.
Estamos muy interesados para que esto se regionalice. Como también lo estamos en el tema de que pelear por la defensa de la Ley de salud mental no es específicamente por sus lineamientos sino, en base al momento histórico y político que estamos viviendo, pelear y profundizar la lucha, complementándola con todo lo que está pasando en la salud y en la educación.
El jueves 2 frente a la puerta de la Legislatura hicimos una actividad para complementar tres temas muy importantes, uno es el tema de la salud, que frente a este proyecto inmobiliario del gobierno de la Ciudad que pretende poner 5 hospitales en uno sólo, en el hospital Muñiz en Barracas, poner el Marie Curie que es el hospital de oncología, el IREP que es el de rehabilitación psicofísica que está en el barrio de Belgrano cuyos terrenos valen fortunas, el de gastroenterología, el Udaondo, que está en Entre Ríos y Caseros y el María Ferrer que está en Constitución que es de vías respiratorias.
Esto parte de una contradicción sanitaria porque poner en un ámbito de enfermedades infecciosas, cinco especialidades que tienen que ver con enfermedades de vías respiratorias u oncología, por ejemplo, es realmente una locura.
Pero se trata de un negocio de 65 millones de dólares, porque implica la venta, compra y construcción, tres facetas de uno de los puntales de este gobierno. Sabemos que las empresas de construcción están muy ligadas al Presidente, tanto la de su amigo Caputo como la de su primo Calcaterra que han hecho del negocio inmobiliario el elemento primigenio de la actividad política económica.
Por otro lado el 29x1 que es el intento de cerrar los 29 Institutos de formación docente que tenemos en CABA y centralizarlo en la UNICABA, otra aberración en camino de achicamiento de la educación pública. Y el tercer elemento y más novedoso, es cómo desde el Código contravencional empezar a perseguir a los artistas callejeros.
Es momento de no quedar aislados en luchas sectoriales, sino que todos tenemos un punto en común que son los avances de estas políticas neoliberales que tanto en la educación como en la salud como en la cultura tienen un fin último que es tratar de denigrar a la mínima expresión y concomitantemente hacer la mayor cantidad de negocios posibles.

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