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"No hay igualdad ante la ley, cuando hay desigualdades estructurales en la sociedad en la que vivimos"

Ismael Jalil de Correpi, fue entrevistado durante el programa radial de la Red Nacional de Medios AlternativosEnredando las Mañanas. Allí comentó cómo continúa la situación judicial por el asesinato de Tiago Avalos, quien murió a manos de un sub-comisario de la policía luego de huir por intentar robar las tazas de rueda de un auto. Reflexionó además sobre cambios importantes desde la doctrina Chocobar. Por RNMA

 Enredando Las Mañanas: ¿Cómo está la situación después de un año del asesinato de Tiago Avalos?

Ismael Jalil: Bueno, después que la defensa ha intentado dejarlo en libertad por todos los medios y ha recurrido a todos los recursos posibles, esta causa ya está en condiciones de ser elevada a Juicio Oral. Estamos a la espera de eso. Digamos, debatir oralmente, simplemente, yo creo que, más allá de, primero la necesidad de garantizar el derecho a la defensa, obviamente. Pero, fundamentalmente, yo creo que de lo que se trata es de discutir, sin lugar a dudas, le pena de prisión perpetua. Creo que va a ser el único trabajo que va a tener la defensa. Porque, por las características del caso, no ofrece ningún tipo de explicación desde el punto de vista técnico legal. Sí, desde el punto de vista político, que es lo que más me interesa a mí resaltar, en cuanto a cómo se recurre sistemáticamente al uso del arma reglamentaria para tirar contra cualquiera, en cualquier circunstancia. Y esto, cuenta además, ya lo vimos en el caso Chocobar, en estos años, con el aval, el respaldo y la legitimación de las propias cabezas de la fuerza, que son los responsables políticos, en este caso la Ministra de Seguridad y el propio Presidente de la Nación.

ELM: Pareciera haber una norma para-legal (o no escrita) en el inconsciente (sobretodo) de las fuerzas de seguridad y de la justicia como aquel que comete un crimen queda suspendido de sus derechos sociales, de sus derechos humanos ¿Cómo se manifiesta esto en el ámbito judicial?

IJ: Yo te corrijo una sola cosa. No es el inconsciente, porque pareciera ser que si trabajamos sobre esa hipótesis restamos responsabilidad. Acá hay una completa formación para hacer este tipo de cuestiones. Entonces, recordemos, por ejemplo, el episodio de la formación de los cadetes de policía en La Rioja, que se llevaron la vida de un aspirante. Lo mismo ocurrió en Entre Ríos, y no tengas dudas que circunstancias similares se están dando a lo largo y a lo ancho del país. Porque la idea es que esto se inscribe dentro de un concepto de “guerra de baja intensidad”, en donde, las fuerzas salen a desarrollar eso, porque consideran que el conflicto social, que la pobreza, que el hambre, que las cuestiones étnicas, los problemas migratorios… ¿te suenan todas estas cosas que yo te voy nombrando? Te vas a dar cuenta que requieren de un aparato represivo dispuesto a combatirlas.

Y esto, no es algo, que de algún modo, se ha cocinado en los límites de la Argentina, esto baja como un imperativo desde el Norte (cuando hablo del Norte, hablo del norte de todo el continente americano) que dice que estas son las “guerras de baja intensidad” que hay que dar porque son las hipótesis de conflicto con las que hay que trabajar. Por eso un mapuche es perseguido, por eso quien se solidariza con un mapuche, como Santiago Maldonado, es perseguido, por eso un trabajador es perseguido, por eso un pobre es perseguido. Y en algunos casos, los trabajadores que protestan, los mapuches que protestan, los que se solidarizan con los mapuches, los pibes pobres que andan por la calle, no sólo son criminalizados, sino que en muchos casos, ya son asesinados. Y esto responde a una política de Estado. No es otra cosa, que una política de Estado.

Si vos tenés a un presidente de la Nación, a una Ministra de Seguridad que reciben a un asesino, ya declarado varias veces por todas las instancias de la justicia, y se lo felicita, y se lo reivindica, y se dice que ese es el modelo que quieren, bueno pues, no hay mucha historia. Ustedes lo están viviendo en alguna medida, también, en la querida provincia de Jujuy. Lo están viviendo con un caso emblemático, como ha sido el caso de la criminalización, el caso de Milagro Sala. Yo lo que planteo es que la detención de Milagro Sala ha sido una detención completamente ilegal e ilegítima. Después se discute cualquier otra cosa, pero por cuestiones de principios nosotros tenemos que salir a decir que a Milagro Sala la detuvieron mal. Y en esas condiciones, nosotros somos inflexibles como CORREPI, como coordinadora contra la represión policial e institucional, somos inflexibles, no especulamos los acuerdos, desacuerdos, las coincidencias o no, pasan a segundo plano cuando una cuestión de principios sobre la libertad de una persona ha sido afectada de un modo legal e ilegitimo como ha sido en ese caso. Y hay muchísimos casos más de estas características que se van dando a lo largo y a lo ancho del país. Lo que refiere que estamos detrás de una política de Estado.

Por eso nosotros hablamos de represión y no de mera violencia institucional. Porque la mera violencia institucional, pareciera referir a una cuestión que, bueno, es casi un acto de la naturaleza, y no es así, esto es, una política, está diseñada.

Para el caso específico que vos me llamás, por el tema Tiago Ávalos. Pérez Buscarolo, que es un subcomisario de la policía federal, y que disparó, es el que apretó el gatillo. Pero acá hay un brazo y hay una cabeza. El brazo es toda la institución y la cabeza son los responsables de esta institución que pasan por los responsables políticos, como el Presidente y la Ministra de Seguridad. El policía que hace uso de la fuerza, necesita estar protegido, entonces

ELM: ¿Cuál es la situación del subcomisario Buscarolo?

IJ: Pero, hermano, yo te digo esto. No está protegido por la ley, está protegido por los jueces y los fiscales. Que en este caso específico debo reconocer el fiscal ha trabajado, el agente fiscal ha trabajado muy bien. No así, la jueza de garantía que osó darle la libertad, morigerarle la prisión y darle una domiciliaria a un asesino de estas características. Por suerte, el accionar rápido de la familia organizada en CORREPI y, contando también, con el apoyo de la fiscalía, pudimos revertir la situación en la cámara y todavía sigue preso y, por lo tanto, ha sido desoída legalmente la orden de la jueza que le estaba dando la libertad. Simplemente, porque la impresionó muy bien el hombre y porque tiene un hijo con dificultades. Yo invitaba a la jueza a recorrer todas las cárceles del país para ver cuántos pobres en situaciones similares, están dentro de las cárceles y ningún juez toma en consideración estas cuestiones.

Entonces, el problema que tenemos nosotros es que hemos sido criados con la idea de que hay igualdad ante la ley. No hay igualdad ante la ley, cuando hay desigualdades estructurales en la sociedad en la que vivimos. No puede haber igualdad ante la ley, porque los jueces y los fiscales que interpretan esa ley, la aplican conforme el origen social del que viene a ser juzgado. Y lo que ocurre, casi te diría, que no casualmente es que permanentemente, los que terminan presos, condenados, con las peores presiones sobre su vida y su futuro son los pobres. En las mismas circunstancias, los ricos, o quienes sirven a los ricos como es el caso de este policía, esos gozan de todos los beneficios y todos los derechos.

ELM: En el ámbito penal ¿Notás dentro de los dispositivos judiciales algún cambio importante desde la doctrina Chocobar hasta aquí?

IJ: Mira, el río está muy revuelto, de hecho se han dado situaciones cada vez más difícil para poder accionar ante estas cuestiones. Porque hay una cierta permeabilidad en determinados jueces. Eso depende también de donde te cae la causa. Y hay jueces que son muy permeables a la presión del poder político.

Hubo una etapa indudablemente, los primeros meses y años de gestión de este nuevo gobierno, ya viejo, porque recordemos que ya tiene casi tres años, donde se hizo todo mucho más difícil. Pero, insisto, eso va variando de acuerdo a la permeabilidad que demuestran determinados operadores judiciales. Pero sí podemos decir que, indudablemente hay una carga que queda y que hace un resabio en muchos que son permeables a eso. Y entonces, postular desde un gobierno que “a mí no me importa lo que diga la justicia, para mi actuó en legítima defensa” o “cumpliendo la función para la que está formado” -como dijo la Ministra varias veces- implica necesariamente un relajamiento de aquellas cuestiones que nosotros teníamos, de algún modo, consideradas como una conquista, a medida que iba pasando el tiempo y que nosotros íbamos luchando, absolutamente contra todos los gobiernos.

Quiero ser claro en esto, porque el “gatillo fácil” no es un invento del gobierno de Macri. Lo que es una concreta característica del gobierno de Macri, es la reivindicación del “gatillo fácil”. Esto hay que ser muy claro, al plantearlo. Pero, por otro lado, no puedo olvidarme que con la Causa Santiago Maldonado, con la cusa Rafael Nahuel –por poner dos causas emblemáticas- la justicia ha sido absolutamente conteste a los mandatos del gobierno. Y entonces, por la Causa Santiago Maldonado, que no entremos en la trampa de hacernos creer que Santiago se murió ahogado y, por lo tanto, no hay desaparición forzada de persona, ni hay responsabilidad del Estado. Hay responsabilidad del Estado y hubo desaparición forzada, sencillamente, porque el accionar de Gendarmería fue un accionar ilegal. Si ellos entraron a donde Santiago estaba, sin orden judicial y sin necesidad de hacerlo, porque ya habían desalojado la ruta, que era la orden que tenían del juez. Si ellos no hubieran hecho, lo que hicieron ilegalmente, Santiago estaría vivo. Ahí tenés un ejemplo muy claro. Y con Rafael Nahuel ni hablemos.

ELM: El caso de Rafael Nahuel al ser más evidente que el de Santiago Maldonado, ha tenido menos prensa.

IJ: Y bueno, ahí tengo que ser categórico en esto y hacerme muy responsable de lo que voy a decir: Rafael Nahuel era un mapuche, Santiago Maldonado era un muchacho proveniente de los sectores medios sociales de aquí de la provincia de Buenos Aires. Digamos, ni Rafael, ni Santiago, obviamente, ni las familias originarias de Rafael, ni de Santiago son responsables de esta ficción, pero se manejan de esa manera, seamos claros y concretos. Rafael Nahuel “es un indio más, un indio menos” da lo mismo según ellos ¿me comprendes? Y creo que esa es la lectura que hay que hacer. Por eso, es muy importante tener en cuenta, que no hay que entrar en divisiones absurdas, entre originarios y no originarios. Y entender; que originarios por los problemas étnicos que refieren; migrantes, por los problemas que refieren; trabajadores, luchadores, estudiantes, obreros; pertenecemos todos al mismo sector social que en esta lucha que se da con el poder instituido, implica precisamente a los objetos-sujetos de represión indiscriminada. Y a la hora, de saber dónde estamos unos y otros, está claro que Santiago y Rafael están en el mismo lugar.

ELM: ¿Están realizando una actividad al cumplirse un año del asesinato de Tiago?

IJ: Si, la familia organizada en CORREPI, con los equipos internos de CORREPI, están convocando a una actividad, que por suerte, se va a poder hacer porque aquí ha cambiado aunque sea por uno o dos días el clima y después de mucho tiempo algo del Inti, como se dice allá, está asomando en los cielos porteños.

Particularmente, quiero rescatar el esfuerzo que ustedes han hecho y hacen para que estas causas se conozcan. Esto es fundamental, hay medios que son meramente alternativos, pero los medios alternativos, cuando además son alterativos, como en el caso de ustedes, completan el trabajo que nosotros estamos haciendo, y que hace la familia, y que hace la gente que sufre, en general.

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