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¿Quiénes pierden la cordura?

“Los manicomios terminan siendo el embudo donde queda atrapada una persona sin posibilidad de escapar”, afirmó Ángel Barraco, asesor legislativo de la CABA y Miembro del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental en esta entrevista realizada por Mario Hernandez

Mario Hernandez: Días pasados, la Comisión Provincial de la Memoria rechazó la decisión ministerial que derogó la resolución 1484/15 del Ministerio de Salud, dejando sin efecto normas y plazos para la habilitación de establecimientos de salud mental y adicciones. ¿Qué significado tiene esta medida?

Angel Barraco: Esta medida indudablemente atenta de manera muy importante contra los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, que a grandes rasgos tiene como objetivo transformar un modelo manicomial existente a través del tiempo y que sigue vigente en la Ciudad de Buenos Aires y en el país.
Estas instituciones llamadas neuropsiquiátricos resumen todo aquello que no debería hacerse en cuanto a la atención de una persona que está atravesando por un padecimiento mental y que a grandes rasgos implica quedar detenidos en el tiempo dentro de estas instituciones, privados absolutamente de todo derecho.
Esta resolución apunta a que no se pueda avanzar, no solo en el sentido de cambiar la realidad de los manicomios públicos, sino que lo que aparece fuertemente por detrás son las clínicas de internación privadas. La resolución 1484 daba de manera muy puntual, cómo debían ser los dispositivos y servicios de salud mental a través de lo que establece la Ley.  Justamente para ir llevando adelante el proceso sustitutivo de las grandes instituciones históricas de internaciones masivas, por internaciones breves en hospitales generales, guardias interdisciplinarias, casas de medio camino, residencias protegidas; para ir gradualmente llevando adelante el modelo que evita lo que ocurre con los manicomios, que termina siendo el embudo donde queda atrapada una persona sin posibilidad de escapar.
El tema es grave, porque la resolución que se dio de baja, apuntaba no solo a la adaptación de los efectores públicos, sino también de los privados y ponía como límite, a partir de la salida de esa resolución que fue en septiembre de 2015, un plazo de 360 días para que todas las instituciones públicas y privadas adecuaran los estándares de habilitación a las exigencias de la Ley de Salud Mental. Se les venía el tiempo encima y obviamente ninguna de las instituciones había realizado esa transformación.  Con lo cual, a partir del lobby y del dominio que tiene de la salud en general, la corporación médico hegemónica de manera conjunta con el poder político macrista dominan el área del Ministerio de Salud de la Nación y el área de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires.

Se está defendiendo un modelo conservador, para sostener el de la industria farmacéutica

M.H.: Cuando asumió la administración macrista, hablamos sobre el director de Salud Mental, Andrew Blake, quien se ha declarado un detractor de la Ley de Salud Mental 26657 y llegó a decir, aún antes de ser nombrado, que no iba a acatar la legislación votada y aprobada. A esto se le agrega, que el flamante asesor de María Eugenia Vidal, el divulgador neurocientífico Facundo Manes, en la página de la Fundación Ineco se lamenta porque la Ley iguala a todos los profesionales en el ámbito de la salud mental, ignorando el complejo tema de las competencias. Se declara un férreo defensor del modelo médico hegemónico, que sostiene que sólo los profesionales médicos pueden acceder a puestos de dirección de servicio en hospitales.

 A.B.: En primer lugar se está equivocando, porque lo complejo no es el tema de las competencias sino de las incumbencias. Me refiero a todas las funciones, misiones y códigos éticos que cada profesión tiene establecidos. Es lo que antes se llamaba incumbencia y ahora se llama “actividad reservada para la profesión de psicólogo, médico, etc.” Esto quiere decir, a modo de ejemplo en salud mental, está claro que un psicólogo no puede prescribir psicofármacos, eso sería una transgresión de una incumbencia por otra. No tenemos noticia de que algo así haya ocurrido. Lo que en realidad establece tanto la Ley de la Ciudad como la Ley nacional, es que la salud mental es de una complejidad tal que requiere de una multiplicidad de saberes. La historia misma da cuenta de que fue la psiquiatría la que nació en función del manicomio, como control, y mucho tiempo después fue anexada a la medicina; y es la responsable de haber llevado adelante la lógica manicomial y los resultados nefastos que ha tenido.

Más allá de esto, lo cierto es que no hay nada más complejo que el acto psíquico, y la prueba de esto está en que a veces, aun interviniendo en un caso de un trastorno severo, yendo a la atención y el abordaje de todos los múltiples saberes,  no alcanza y no hay respuesta. Esto es algo que no hay que perder de vista respecto del origen y de lo que implica un padecimiento mental.

Lo que ha hecho la Ley es dar lugar a algo que ocurre en todas partes del mundo, pero que acá se resiste. Una cosa son las incumbencias y otra son las competencias. Las competencias están establecidas en función de lo que un profesional habilitado, tenga un curso de administración hospitalaria, cursos de gestión y tener un cargo de conducción, o una jefatura, o ser el director de un hospital no tiene nada que ver con la incumbencia.
Recuerdo cuando estábamos discutiendo la Ley nacional en la Cámara de Diputados, vinieron los representantes de la principal asociación de psiquiatría y estaba el que en ese momento era el director de la OMS de Salud mental, el Dr. Benedetto Saraceno, un psiquiatra italiano. Cuando le planteamos esta situación que se daba en el país respecto de la cuestión de interpelar y cuestionar la posibilidad de que cualquier otro profesional no médico pueda acceder al cargo de conducir una institución o un servicio o una jefatura, nos miró azorado y nos dijo que no podía ser, que en Canadá, por ejemplo, la directora es una enfermera. Le pareció una discusión medieval.

Yo creo que esto es lo que se está defendiendo, un modelo conservador, pero no por una cuestión ideológica para no perder el poder, sino que lo que hay detrás es sostener una serie de intereses que atraviesan lo económico y que es el múltiple poder de la industria farmacéutica, de la cual muchos psiquiatras, no todos, pero muchos y otros médicos que no son psiquiatras pero que recetan psicofármacos, son el ejército de lapiceras, un nexo indudable con el negocio farmacéutico.

Esto quedó comprobado cuando en EE. UU., la psiquiatría norteamericana que es la responsable de sacar cada 3 o 4 años una nueva versión del DSM que es el manual diagnóstico que utilizan, en el último se comprobó que los psiquiatras que lo redactaron pertenecían a las industrias farmacéuticas. Casualmente el 3 de octubre va a estar acá en Argentina el Dr. Frances Allen, que fue uno de los redactores y que después se apartó criticando que se estaban inventando síndromes y enfermedades de acuerdo a las necesidades de los laboratorios. Esto es parte del entramado corporativo, ideológico y económico que estamos asistiendo como contraofensiva contra la Ley nacional de Salud Mental.

M.H.: Quedo con el compromiso de volver a entrevistarte para profundizar en el tema de la prescripción de psicofármacos en general y en particular en los niños.

A.B.: Desde ya es gravísima la situación de la medicalización de la sociedad y en particular de la infancia a través de estos síndromes que tienen que ver con el DSM 5 donde aparecen nuevas “patologías” como el “síndrome de rebeldía”. Es un tema gravísimo que hay que hablar.

Hay una noticia buena que me gustaría comentarte y que tiene que ver con la Justicia. Ha salido un fallo de un juez federal donde emplaza tanto al Estado Nacional como al de la Ciudad a crear servicios de salud mental para reemplazar a los manicomios. Esto lo hace desde la perspectiva de cuatro pacientes porque dos curadoras se presentaron ante la Justicia y fueron apoyadas por dos organizaciones y el Juez dio lugar, y le dio alcance además de a los cuatro casos presentados, al derecho colectivo, para todos los pacientes que están en esta situación, internados sin causa justificada, encerrados sin causa justificada. Esta noticia da un respiro al menos a todos los avances que están dando tanto política como corporativamente en contra de la transformación de un sistema que debe ser modificado sí o sí.

Ambos reflexionaron sobre una suerte de estigmatización de la locura y cómo los medios, a través del lenguaje, contribuyen a esto. “Debemos avanzar para romper con el prejuicio y la discriminación que se genera en el imaginario social, muchas veces por la carga de los medios de comunicación”, dijo Barraco en el cierre de la entrevista

 
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