Red Eco Alternativo ***

Venezuela: 18 detenidos y 350 familias campesinas desalojadas de tierras usurpadas por Rosales

Dieciocho campesinos se encuentran detenidos en el Zulia y trescientas cincuenta familias campesinas han sido desalojadas violentamente de asentamientos y fincas adquiridas por Manuel Rosales con dineros del pueblo, según lo afirman los pobladores.
La denuncia la hacen voceros del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) quienes acusan a la Policía Regional del Zulia, a su Director Jesús Alberto Cubillan, al Gobernador, Pablo Pérez y sobre todo a Manuel Rosales, por arremeter contra 200 familias campesinas y por llevarse detenidos a 18 de ellos.
Voceros del FNCEZ refieren que Manuel Rosales ordenó proceder así después de que compró, con dinero del Estado, ocho fincas ubicadas en el Municipio Sucre del Estado Zulia.
Entre ellas se incluye la finca San Miguel, con doscientas familias asentadas con los procedimientos legales que corresponden a una ocupación campesina. La policía del Estado Zulia arremetió contra estas familias, golpeando a las mujeres y quemando sus casas en la citada finca, después de que sus pobladores dedicaron más de dos meses a denunciar que esa propiedad la compró con dinero del pueblo, el ex Gobernador del Zulia Manuel Rosales, quien ahora viola los derechos humanos de las numerosas familias, a quienes dejó sin nada.
También denuncian una arremetida en la finca Santa Teresa, cercana a la anterior, donde vivían ciento cincuenta familias más desde hace dos meses. Los informantes campesinos aseguran que son tierras propiedad del estado y que el procedimiento del desalojo es ilegal, sin un tribunal de niños y adolescentes, sin defensor público o fiscal, sin orden judicial de desalojo. Fue allí donde la policía se llevó detenidos a dieciocho campesinos, dejando pasar largo tiempo antes de pasarlos a la fiscalía.
Varios centenares de personas se han presentado a protestar ante la policía regional del Zulia, exigiendo la liberación de los presos y que se restituyan sus derechos, además de denunciar la violación a los derechos humanos de que fueron víctimas las trescientas cincuenta familias que hoy ya no tienen donde vivir.

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