Venezuela: Declaración de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
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- Categoría: Venezuela
- Publicado: Martes 29 de Noviembre de 2011
“Ante el comunicado emitido por el Gobierno Nacional el pasado martes 22 de noviembre, en el que se señala que tres muertos y cuatro heridos, fueron el resultado de un enfrentamiento con las autoridades del 923 Batallón de Caribes "Sucre", en la reserva San Camilo, Alto Apure, señalados como "roba ganado", la vocería del FNCEZ - CRBZ, señaló que los fallecidos eran luchadores sociales, revolucionarios y trabajadores de la comunidad, bien conocidos en la zona. Sin embargo, manifestaron que, aún en el supuesto negado de que hubiesen delinquido, no se justifica, en tiempos de revolución, la vil práctica del ajusticiamiento, procedimiento típico de la Cuarta República y de la Escuela de las Américas.
Según las últimas informaciones de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, el Coronel Ángel Serdeño, quien cuenta en su haber con ¡37 denuncias por violación a los derechos humanos!, interpuestas por la comunidad altoapureña, habría sido quien encabezó las acciones represivas en contra de los campesinos; dijeron que "los uniformados" llegaron a la casa de Javier Guerrero, "encapuchados disparando a diestra y siniestra sin respetar ni siquiera a los niños que se encontraban en la casa"...
Este coronel, a quien acusan de acoso y extorsión, robo de ganado a los campesinos y contrabando de gasolina hacia Colombia, ya había sido denunciado por su presunta vinculación en el asesinato de otros dirigentes campesinos, en el pasado mes de abril, en la zona fronteriza de Barinas y Apure.
La Zona del Alto Apure representa, por su potencial económico y su condición de zona fronteriza y el trabajo que se realiza en la ciudad Comunal Nacional Simón Bolívar, un área de sensibilidad para la seguridad de la nación, por lo que el frente campesino se muestra consciente del papel que juegan en la salvaguarda de esos territorios constantemente amenazados por intereses y mafias que se infiltran dentro de los aparatos de seguridad del Estado.
El estado de violencia y de impunidad contra los campesinos, ha llegado a un punto que exige una intervención firme e inmediata del Estado, que ponga un alto a esta situación. El Ministerio Público está en el deber de garantizar los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la vida, la Fiscal General de la República está en la obligación jurídica y moral de ordenar una investigación a fondo sobre este caso y proceder a la instrucción del mismo y a determinar las responsabilidades respectivas.
Fuente: Aporrea
