Perú: el narco Estado
(Oscar ugarteche – Lai) Perú - En el semanario limeño Hildebrandt en sus Trece del 28 de marzo del 2014, el periodista Carlos León Moya señala varias cosas. El informe de la Megacomisión “da cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.
En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.
En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”. Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.
A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.
Para entregar esta cantidad de indultos y conmutaciones, fue necesario modificar la normativa existente. Por una parte, se flexibilizaron los requisitos y las exigencias. Por otra, se fusionaron las comisiones que veían los casos a ser beneficiados, centralizando el manejo en una sola: la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta sufrió modificaciones con respecto a su antecesora: se redujo el quórum de su instalación de 4 a 3 miembros, se cambió su composición –de profesionales especializados a un nombramiento simple–, se eliminó el sorteo para la distribución de las solicitudes entre los comisionados y también se eliminó la obligación de archivar las solicitudes de indulto denegadas. Hasta acá la cita del artículo del semanario.Todo parece sugerir que el ex presidente García sería cómplice de los narcoraficantes en general y de los mexicanos en especial que operan en el Perú donde han traslado algunas de las técnicas que usan en su país, incluyendo el sicariato, los secuestros y los infalibles dedos y orejas cortados. El tipo de violencia del narcotráfico desalienta tanto a los inversionistas como a los ciudadanos en este buen momento de la economía peruana. La relación del ex Presidente con el narcotráfico es una mala noticia para el país. Que no se juzgue el caso será una peor noticia.
Al margen de lo que ocurra con el informe en la vía penal, la información hecha pública indica que hay complicidad presidencial con el narcotráfico por al menos segunda vez en el Perú a nivel presidencial: primero Fujimori y después García.
Como corresponde a este nivel de corrupción, se está entorpeciendo al más alto nivel la lectura del informe. Incluso, durante el proceso de investigación, el presidente y los miembros de la comisión fueron amenazados repetidamente y los prestigios de sus familias puestos en cuestión, como evidencia que lo hallado es verdad. García ha hecho que la Corte Suprema anule todo lo actuado en la comisión el día mismo que apareció el informe. Como no puede haber interferencias entre poderes del Estado, lo que corresponde es que se presente el informe completo ante el pleno del Congreso peruano para que luego de ser aprobado pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales.