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A cinco años de la Masacre de Curuguaty: movilizaciones y reclamo de justicia

El 15 de junio de 2012 en los campos de Marina Kué, municipio de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, en Paraguay, patrullas policiales desalojaban a sangre y fuego a los pobladores campesinos que habían ocupado dichas tierras reclamadas por la familia terrateniente Riquelme.

(Radio Mundo Real) Paraguay – El desalojo culminó con el asesinato de once campesinos y seis policías en lo que se conoció como “Masacre de Curuguaty” y que abrió la puerta al golpe de Estado contra el entonces presidente Fernando Lugo y una oleada de represión a reclamantes de tierras en todo el país sudamericano.

Se trata del caso más ilustrativo, además, de cómo los operadores jurídicos realizan su trabajo en Paraguay en subordinación a los poderes políticos y terratenientes, en un país donde el 3% de los propietarios concentra un 86% de todas las tierras, y donde el poder político-estatal emana de esta concentración.

Esta mañana, colectivos y actores sociales paraguayos realizarán un acto de recordación a partir de las 8 horas, con una obra de teatro frente a la explanada del Palacio de Justicia; a las 11 horas se hará una visita colectiva a los campesinos presos en la cárcel de Tacumbú.

De acuerdo a investigaciones de plataformas de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía en el caso estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad, el no respeto de protocolos de actuación, el uso desproporcionado de la fuerza, la comisión de violaciones de derechos elementales, de tratos crueles y de violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete de los campesinos.

Durante el proceso fiscal-judicial fiscales y jueces paraguayos decidieron no investigar la muerte de 11 campesinos, a pesar de los indicios de ejecución. Aun sin investigar la totalidad de los hechos, estos agentes judiciales se empeñaron en responsabilizar de la masacre de Curuguaty y de la muerte de seis policías a los campesinos sobrevivientes procesados.

En el plano internacional, la actuación judicial le valió al Estado paraguayo tirones de oreja de parte de Alemania y Estado Unidos dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también el cuestionamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein.

La masacre fue capitalizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo y también para re-articularse en torno a un proyecto político-económico conservador y neoliberal que hoy continúa con el gobierno de Horacio Cartes.

 

 

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