Minería, militarización y criminalización de la protesta social en América Latina

No es novedad que el extractivismo en América Latina ha ido imponiendo un modelo de extracción y exportación, cada vez más profundo. La competencia por ser destino de inversiones mineras, petroleras, forestales o pesqueras es una característica de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, el extractivismo recibe cada vez más críticas de amplios sectores de la sociedad incluida la academia y los movimientos sociales.

(César Padilla – OCMAL) AL - Entre las críticas más importantes se sitúa aquella que dice que el extractivismo no solo no sacará a los países de la pobreza y la dependencia, sino que los mantendrá en esa condición, que conocemos como “la maldición de la abundancia”.

Nada tiene que ver esta maldición con “vivir sentados en un saco de oro” siendo pobres. Lo que reina en los programas económicos de los gobiernos latinoamericanos es la profundización del extractivismo para lograr más crecimiento o para pagar deudas sociales a través de bonos de diversa índole. Esto último ha devenido en una forma de mantener eternamente en los gobiernos a sectores progresistas, que mediante la bonocracia han capturado la votación mayoritaria, despidiéndose, de esta forma, de apoyos ideológicos para hacerse del poder ejecutivo. Incluso en ocasiones, ha generado conflicto con los movimientos sociales, como es el caso del gobierno de Correa en Ecuador, quienes les llevaron inicialmente a gobernar.
Esta maldición de la abundancia se ha transformado en la maldición del extractivismo. La imposición de proyectos mineros por ejemplo, ha redundado en una creciente cantidad de conflictos con comunidades locales, tanto así que hoy en América Latina no se conciben nuevos proyectos mineros sin conflictos socioambientales y resistencia comunitaria.
Se dice que el sector minero afronta tres enfermedades principales: la dificultad de encontrar nuevos yacimientos, el aumento de los costos de producción y la creciente falta de licencia social y rechazo comunitario.
El fracaso de esas estrategias llevó finalmente a empresas y gobiernos a imponer proyectos enfrentando la oposición social mediante la criminalización de la protesta.
Son en la actualidad, constantes las denuncias de liderazgos antimineros con o sin fundamento, como fue el caso de Javier Ramírez, dirigente antiminero de la comunidad de Intag, al norte de Quito en Ecuador. Luego de ser apresado injustamente, la comunidad fue militarizada, infundiendo mediante las armas el miedo.
Pero la militarización no sólo es parte de las políticas de gobiernos progresistas sino también a países que se han transformado en modelos mineros como el caso de Chile. Aquí, un contingente policial ha mantenido virtualmente secuestrada a la comunidad de Caimanes, al este del puerto de Los Vilos, mientras ésta se movilizaba y tomaba los caminos de acceso a las instalaciones de minera Pelambres de Antofagasta Minerals, nada más que para exigir un fallo judicial que determinaba la restitución de las aguas intervenidas por la minera para la construcción y operación de un traque de relaves. En el último período del conflicto, el pueblo de Caimanes se ha mantenido movilizado por más de 3 meses exigiendo lo que el máximo tribunal les otorgó y que la empresa se niega a dar cumplimiento.
Tristemente célebre es también el caso de Máxima Acuña en la localidad de Celendín, Cajamarca Perú, donde la minera Yanacocha, conocida mundialmente por su atropello a los derechos humanos y el uso de la fuerza con su grupo de guardias privados “Forza”, ha logrado burlar fallos judiciales que han sido otorgados en reiteradas oportunidades a la familia de Máxima respecto de la propiedad de sus tierras.
Máxima fue criminalizada por la fiscalía, a solicitud de Yanacocha (popiedad de las empresas Newmont Mining Corporation, el grupo nacional peruano Cía. Nacional Buenaventura y International Finance Corporation IFC), y condenada en primera instancia a cárcel y pago de una indemnización a la minera. Luego, en apelación fue absuelta de todo cargo, reconociendo los derechos sobre sus tierras.
En Ecuador por el contrario, la dependencia política y el temor infundido a la justicia por parte del gobierno central ha logrado que se encarcelen a dirigentes injustamente y que zonas sean militarizadas para imponer proyectos extractivos. La falta de dependencia de la justicia en Ecuador ha logrado un alto grado de auto censura y el incremento de los riesgos de oponerse al extractivismo generan mucha incertidumbre y temor en la población.
En Bolivia por su parte también han existido episodios de criminalización, especialmente en el caso de Cancio Rojas, dirigente de la comunidad Mallku Qota que se opone a un proyecto minero en Potosí, y que fue encarcelado injustamente. Pero tal vez lo más grave ha sido la estrategia de división por la fuerza de uno de los íconos del movimiento indígena del altiplano boliviano, nos referimos al Conamaq. Por medio de la violencia, y el uso de la fuerza pública provista de armas de servicio, el gobierno decidió quebrar la organización permitiendo el asalto a su sede y la agresión a sus dirigentes.

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