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República Dominicana y República de Haití: engaños y verdades

La historia de las relaciones entre la República Dominicana y la República de Haití casi siempre estuvo marcada por una serie de acontecimientos paradigmáticos derivados de decisiones comúnmente caracterizadas y simplificadas de racistas, xenófobas y discriminatorias. Dichas decisiones fueron -y son- tomadas por diferentes gobiernos dominicanos en contra de migrantes haitianos e incluidos dominicanos de ascendencia haitiana. Entre esos acontecimientos hay dos que retienen la atención por sus consecuencias dramáticas: la masacre de 1937 de miles de haitianos particularmente en la provincia de Dajabón y la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana del año 2013.

(Henry Boisrolin – La Haine) R. Dominicana/Haití - En efecto, la historia enseña que en octubre de 1937 el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ordenó a sus tropas la erradicación masiva de la población de origen haitiano que se encontraba en República Dominicana. Los masacrados fueron, en su inmensa mayoría, trabajadores haitianos de las fincas agrícolas situadas a lo largo de la frontera entre la República Dominicana y la República de Haití. A modo de explicación y de justificación, el dictador argumentaba que la numerosa cantidad de peones agrícolas haitianos significaba -según su mente reaccionaria y criminal- la pérdida de empleos para los campesinos dominicanos. Hasta ahora, los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de personas asesinadas desde el 28 de setiembre de 1937 hasta el 8 de octubre del mismo año. Las autoridades dominicanas hablan siempre que fueron más de 500 y las haitianas más de 12.000. En aquel tiempo, se desató una ola de repudio mundial y se registró la intervención del presidente Franklin D. Roosevelt de los EE. UU. que apoyó la insólita y vergonzosa demanda de 750.000 dólares que había realizado el presidente Sténio Vincent de Haití. Una suma que Trujillo logró disminuir a unos 525.000 dólares. En rigor de verdad, aquel gobierno haitiano no protestó a fondo, pues como fiel representante de la oligarquía haitiana no demostró ni siquiera indignación por la masacre ya que las víctimas eran migrantes pobres. Y lo más repulsivo de su comportamiento, fue que la indemnización nunca llegó a los familiares de las víctimas sino que quedó en las manos de algunos funcionarios haitianos.
En cuanto  a la Sentencia 168-13, se trata de un proceso de desnacionalización judicial de más de 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana, y ellos pueden ser expulsados hacia Haití al igual que más de 400.000 trabajadores haitianos indocumentados en República Dominicana. Despojar de la nacionalidad dominicana a esos centenares de miles de dominicanos se llama APATRIDÍA, y eso es un crimen de lesa humanidad. Es también crimen de lesa humanidad separar a niños de sus padres y viceversa tal como está ocurriendo en estos días marcados por repatriaciones indiscriminadas y varias veces violentas. Estas repatriaciones empezaron el 17 de junio último pasado; fecha que habían fijado las autoridades dominicanas como tope para realizar los trámites de regularización ante las oficinas del llamado PNRE -Programa Nacional de Regularización de Extranjeros-. Inútil, creo, detallar aquí todos los hechos que demuestran fehacientemente que el PNRE era una farsa cínica que ponía trabas insuperables a la mayoría de migrantes haitianos que acudían al mismo. Así, según los datos oficiales proporcionados por la Dirección de la Protección Civil haitiana, desde el 22 de junio hasta el 2 de julio cruzaron la frontera 15.269 personas provenientes de República Dominicana -entre las cuales 4.822 lo hicieron a través de los puestos oficiales y 10.447 por los no oficiales.
Ahora bien, al igual que en 1937, Michel Joseph Martelly, el actual presidente haitiano, como representante de los sectores oligárquicos, no actuó con firmeza y determinación, y, lo más lamentable, es que no tiene un plan claro para contrarrestar esa política migratoria violatoria, sobre todo, de los derechos de los trabajadores haitianos en República Dominicana. Tal es así que, en los primeros instantes, fue de manera tímida y casi temerosa, diría, que Martelly rechazaba en algunas de sus intervenciones la Sentencia 168-13, pedía tranquilidad a la población y afirmaba que el problema iba  a ser resuelto de manera bilateral. Decisión política que impedía de alguna manera la intervención de la CARICOM y de otras instancias internacionales que habían condenado al gobierno dominicano y reclamaban sanciones. Pero lo más indignante -sobre todo para los repatriados- fue cuando el presidente Martelly organizó en Puerto Príncipe el viernes 26 de junio pasado junto con su hijo menor un festival de música rap con dos raperos norteamericanos despilfarrando más de 3 millones de dólares. En efecto, ya habían cruzado la frontera más de 4.000 personas y las autoridades haitianas habían demostrado toda su incapacidad colocando instalaciones precarias e insuficientes para recibir a los repatriados y hacer frente de esta manera a esta nueva crisis humanitaria.
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