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Comunidades indígenas paralizan un megaproyecto de capital español en México

A nueve años del inicio de la construcción del Proyecto Integral Morelos, con inversión de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, más de 80 comunidades de los alrededores del volcán Popocatépetl mantienen un pulso con las autoridades mexicanas para que detengan el proyecto y repare a los habitantes afectados.

(Susana Albarrán – El Salto) México - El volcán más grande de México es el Popocatépetl. A sus pies colindan varios Estados de la república mexicana, entre ellos Puebla, Tlaxcala y Morelos. Durante muchos años durmiente, volvió a tener actividad en 1994. Grandes fumarolas de gas y cenizas son cotidianas, también su actividad sísmica. Movimientos de tierra acompañan las actividades diarias de sus miles de habitantes. En 2011, en esta área comenzó la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos temoeléctricas de ciclo combinado y gran capacidad, un gasoducto y un acueducto, con participación de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, y la italiana Bonatti.

De acuerdo al informe recientemente publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Fondos públicos, negocios privados, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que pertenece al Ministerio de Economía español, otorgó casi 40 millones a Elecnor y Enagás para construir y operar el gasoducto que forma parte del PIM, una tubería de 170 km de largo que recorre las laderas del volcán, con el consecuente riesgo de desastre ambiental y humano.

La obra en su conjunto ha implicado ocupación de tierras ejidales, un alto impacto ambiental, económico y social, y con ello la oposición de 80 comunidades indígenas y campesinas afectadas, pero al mismo tiempo ha posibilitado su organización y movilización política. Reunidas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala —FDPTA – MPT— estas comunidades han venido realizando diferentes acciones de denuncia directa y a través de la jurisprudencia, y que hasta el momento, les han dado la razón.

En estos nueve años han mantenido el pulso con los gobiernos de tres presidentes mexicanos —Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador—, y han conseguido detener este megaproyecto, no sin altos costes como la criminalización de su activismo y el asesinato de uno de sus líderes más carismáticos, Samir Flores.

Durante la primera quincena de marzo tres de sus activistas, defensores del derechos humanos y ambientales, Samantha Vargas, Teresa Castellanos y Juan Carlos Flores, visitaron Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao con un agenda que incluyó reuniones con organizaciones sociales y ambientalistas, así como citas en el FIEM, el Ministerio de Asuntos Exteriores y con grupos políticos en el Congreso, para exponer los agravios, presentar documentación e informar sobre la situación que viven los habitantes de las localidades afectadas por el PIM.

La gira se inserta en las movilizaciones y acciones nacionales e internacionales que iniciaron el 20 de febrero, día del primer aniversario del asesinato de Samir Flores, con motivo de reivindicar la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio de los pueblos indígenas. Ese día, desde el estado español, 60 organizaciones sociales dirigieron un comunicado a los gobiernos español y mexicano, así como a las empresas involucradas en el PIM exigiendo justicia y paralización del proyecto.

El Salto conversó largo y tendido con Samantha, Teresa y Juan Carlos durante su estancia en Madrid para entender en profundidad lo que ha traído consigo el Proyecto Integral Morelos.

Sobreproducción y energías sucias en terceros países

De todo el Proyecto Integral Morelos actualmente está terminada la primer termoeléctrica y, según la empresa, el gasoducto también. Del acueducto —constatan los activistas— faltan aproximadamente 200 metros.

Las obras tanto de construcción como de pruebas se han realizado durante estos años con el apoyo presencial e intimidante de fuerzas de seguridad ya que nunca se obtuvo el consentimiento de los pueblos, asegura Samantha Vargas: “En Puebla, hubo la presencia del ejército para que se construyera el gasoducto, en Amilcingo y Huexca con la presencia de la policía todo el tiempo para la termoeléctrica. Es decir, ha sido construida así, con la fuerza, con la violencia. Los impactos que plantea este proyecto tienen diferentes niveles: la contaminación del aire, la tierra —a través de los óxidos de nitrógeno de la termoeléctrica— que implican disminución de la producción agrícola. Morelos es un Estado eminentemente campesino por tanto tiene una impacto fuerte en ese sentido. Al mismo tiempo este Estado de violencia permanente ha generado conflictividad en las comunidades ya que las poblaciones ven como ajeno el prometido proceso de industrialización en toda la zona”.

Nota completa: https://www.elsaltodiario.com/mexico/comunidades-indigenas-organizadas-morelos-puebla-tlaxcala-paralizan-proyecto-integral-morelos

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