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Organizaciones populares denuncian la impunidad del feminicidio en México

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) detalla en un informe, a partir de datos oficiales, que al menos 8.904 mujeres fueron asesinadas en México entre 2014 y 2017 (las cifras proceden del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Procuradoría de Justicia, las fiscalías estatales y las Alertas de Violencia de Género)
(AlbaTV/Resumen Latinoamericano) México - De los cerca de 9.000 crímenes, únicamente el 24,5% (2.188) se investigaron como “feminicidio”; el informe del observatorio agrega que, en el cuatrienio analizado, sólo siete estados proporcionaron la información anual requerida a las fiscalías y procuradurías. A partir de los balances del SENSP, organismo adscrito al Gobierno de México, la plataforma ciudadana concluye que los asesinatos de mujeres aumentaron en 2017 un 52% respecto a 2015.

Además el OCNF establece –de acuerdo con los feminicidios registrados- que la mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 30 años, se les asesinó “de manera brutal” y su cadáver fue hallado principalmente en espacios públicos (carreteras, hoteles, terrenos baldíos, bares, entre otros). Por otra parte, la articulación ciudadana señala que 13 entidades federativas (de las 32 que integran México) no establecen un tipo penal adecuado en relación con el feminicidio.

La Red TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos), de la que forman parte 85 organizaciones, incluye en el análisis de la “violencia extrema” contra las mujeres la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada durante la presidencia de Calderón Hinojosa a partir de 2006 y continuada por Peña Nieto desde 2012 hasta la actualidad (el balance supera los 200.000 muertos en doce años); “el combate frontal a los grupos del crimen organizado con Fuerzas Armadas del Estado, a las que se ha dado tareas de seguridad ajenas a sus funciones” ha tenido en la sociedad “impactos devastadores, que han afectado de manera diferenciada a las mujeres”, sostiene el informe “Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer”.

El documento de las organizaciones contabiliza además, a partir de la solicitud de información a los estados, 4.230 mujeres víctimas de trata entre 2008 y 2017, de las que 466 eran menores de edad; el informe señala la impunidad del fenómeno, ya que en este periodo se han producido sólo 488 sentencias condenatorias; el mayor número de víctimas se registró en Ciudad de México, Puebla, Baja California y Estado de México (no se pudo acceder a información sobre Chiapas, Nayarit y Tlaxcala); en el estado de Tlaxcala, la trata vinculada a la explotación sexual se ha enquistado y agravado, en parte “por la vinculación de autoridades municipales y cárteles” con las redes.

El Informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018 sobre México resume la situación: “La violencia de género contra mujeres y niñas era generalizada; la investigación de la mayoría de los casos deficiente, y los autores de la violencia gozaban de impunidad; no se disponía de suficientes datos actualizados sobre los feminicidios”. Activistas y movimientos sociales trabajan en aportar fuentes de información. La geofísica y colaboradora de la página Web de investigación y datos Serendipia, María Salguero, ha elaborado un mapa de los feminicidios en México, con datos entre 2010 y julio de 2018, que incluye categorías como edad de las víctimas, relación con el feminicida, modo en que fueron asesinadas, situación jurídica del criminal y enlaces a informaciones periodísticas; entre enero y julio de 2018 ha documentado 1.649 feminicidios; 2.206 durante 2017 y 2.103 en 2016.

Amnistía Internacional menciona en el informe anual el asesinato de la defensora de derechos humanos Míriam Elizabeth Rodríguez, ocurrido en mayo de 2017 en el estado de Tamaulipas; la activista, amenazada en numerosas ocasiones y a las que unos individuos dispararon en su domicilio, ya perdió a una hija en 2012 (Karen Alejandra Salinas Rodríguez fue asesinada por una banda criminal y localizada por su madre en 2014, en una fosa clandestina del municipio de San Fernando de Tamaulipas). Además, AI-México se hace eco del documento “Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, realizado por las organizaciones Article 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC; la investigación revela ataques a activistas y periodistas mediante el software “malicioso” Pegasus entre enero de 2015 y julio de 2016.

La defensora de los derechos humanos y de las personas desaparecidas y sus familias, Aleida Quintana, está actualmente exiliada en el estado español; la activista mexicana, antropóloga de formación, es una de las personas acogidas al programa para defensoras en riesgo de Amnistía Internacional, que tiene un año de duración. Desde 2013 ha sido víctima de asedio telefónico, vigilancia, amenazas y violencia física, entre cuyos responsables AI señala a grupos criminales y a “medios cercanos a las autoridades de Querétaro”, estado en el que Aleida Quintana desarrolla su labor en el grupo T’ek’ei por la equidad y la Red de Feministas en Querétaro, entre otras organizaciones.
 

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