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Comunidades de Oaxaca rechazan los parques eólicos de las multinacionales

La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) apunta que, a finales de 2017, la capacidad de energía obtenida del viento instalada en México sumaba 4.005 megavatios, de los que 2.360 correspondían al estado de Oaxaca. Las previsiones en 2018 se elevan a 5.891 megavatios en todo el país, y 2.756 en Oaxaca. Los principales fabricantes de aerogeneradores en México son las multinacionales Siemens Gamesa, Acciona y Vestas.

(Enric Llopis - Rebelión) México - El Istmo de Tehuantepec es, por la fuerza de los vientos, los más intensos de México, una región estratégica para la producción de energía eólica. En el Istmo se sitúa el complejo Oaxaca II-III-IV, propiedad de Acciona: tres parques eólicos -con capacidad operativa de 306 megavatios- inaugurados en 2012 por el expresidente Felipe Calderón con el reclamo de ser “el mayor complejo eólico de América Latina”.

En un comunicado de junio, la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno de México señalaba un crecimiento de la energía eólica en Oaxaca del 600% en los últimos seis años. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Oaxaca contabiliza en su página Web 22 parques eólicos y 1.633 aerogeneradores operativos, propiedad de Iberdrola, Acciona, la estatal Électricité de France, la compañía pública italiana Enel, Renovalia, Mitsui (Japón), Gas Natural Fenosa, Industrias Peñoles (México) y ZUMA Energía (México), entre otras empresas. Asimismo el Gobierno de México promueve una línea de transmisión eléctrica de 1.220 kilómetros, que permitirá transportar 3.000 megavatios desde Ixtepec (Oaxaca) hasta Yautepec (Morelos). Con una inversión prevista de 1.200 millones de dólares, la nueva infraestructura –actualmente en fase de licitación- hará posible según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “desahogar” la energía eólica que se genera en el Istmo de Tehuantepec.

“He sufrido amenazas, agresiones e intentos de asesinato, por lo que he tenido que salir de la comunidad tres veces; también estuve en la cárcel y mi esposo ha recibido la visita de sicarios; en 2012 viví un proceso penal de cuatro años del que me absolvieron”, comenta Lucila Bettina Cruz Velázquez en el Centre Social Terra de Valencia. La Policía Federal capturó a la activista en febrero de 2012, cuando participaba en el movimiento contra el alza de las tarifas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la lucha por los derechos sobre la tierra en la comunidad de Unión Hidalgo (Oaxaca), donde la empresa mexicana DEMEX, filial de la española Renovalia (a su vez comprada en 2016 por el fondo de capital riesgo Cerberus) construyó el parque eólico “Piedra Larga”; las dos fases del complejo fueron inauguradas en 2012 y 2014, pero las reivindicaciones han continuado: arrendadores de tierras a DEMEX bloquearon el acceso a los parques eólicos el pasado 23 de marzo para pedir una revisión de los contratos.

El pasado cuatro de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a Lucila Bettina Cruz y su núcleo familiar. Miembro de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza (Oaxaca), es coordinadora de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) y portavoz de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). La decisión de la CIDH está relacionada con la lucha comunitaria contra el proyecto “Eólica del Sur”, un parque de 132 aerogeneradores -con una capacidad total de 396 megavatios- en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal. El Gobierno de Oaxaca ha anunciado una inversión de 1.200 millones de dólares en este complejo eólico promovido por Mitsubishi.

En enero de 2015 el Gobierno de México otorgó el permiso para que “Eólica del Sur” pudiera generar energía eléctrica en 5.332 hectáreas de los dos municipios. Unos meses después, más de mil indígenas zapotecas presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito para que se anularan los permisos, “por violar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada” según establece el Convenio 169 de la OIT; entonces los activistas ya denunciaron persecuciones e intimidaciones por parte de sujetos armados, empleados de una constructora que operaba para la empresa Energía Eólica del Sur. En diciembre de 2015 el juez decidió la suspensión del proyecto como medida precautoria; sin embargo, en junio de 2016 el Juzgado de Distrito negó el amparo a la comunidad. Presentado el recurso de revisión, el caso volvió a virar a favor de los indígenas en enero de 2018, ya que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) atrajo para su resolución el amparo sobre la consulta previa. Mientras, el Gobierno de
Oaxaca, Energía Eólica del Sur y Mitsubishi escenifican ante los medios informativos la colocación de la “primera piedra” de las obras (noviembre de 2017), los avances en la construcción y el volumen de las inversiones.

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