La Brigada de Información de la Policía Nacional intentó poner un topo en la dirección de la CUP

El objetivo de la infiltración durante la primavera y el verano de 2017 era conseguir datos concretos sobre la organización del referéndum del 1 de octubre. El agente que intentó la infiltración es conocido con el apodo de ‘Jordi’, quien investigó los movimientos sociales en la década de los 90 y los primeros 2000, también implicado en el intento de captación de un activista de Gràcia en el caso Estado Infiltrado destapado por la Directa.

(El Salto) España - Aunque no se había anunciado oficialmente la fecha ni la pregunta del referéndum de autodeterminación, la maquinaria judicial y policial ya trabajaba intensamente para impedir la votación. El día anterior, La Vanguardia titulaba “La Fiscalía intensifica la vigilancia del proceso catalán”. Ahora hemos sabido que el fiscal Javier Zaragoza de la Audiencia Nacional estaba en permanente contacto con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para instarles a apretar el acelerador en las investigaciones. Aquel 4 de abril, uno de los comisarios de la Brigada Provincial de Información (BPI) de la Jefatura Superior del CNP en Cataluña, con número de placa 74977 y que responde a las iniciales I.M.A. —que trabajaba a las órdenes del comisario jefe 18564 de la BPI que este martes declara como testigo ante la Sala Segunda— revisaba su base de datos telefónicos y enviaba un sms. En la pantalla del teléfono móvil de Marc —nombre ficticio para preservar su identidad— aparecía el siguiente mensaje: “Supongo que sabes quién soy, te paso a buscar en coche por tu casa, solo será un rato”. La Directa ha podido acceder a las comunicaciones que mantuvieron.

Marcos conocía al policía. Aquel comisario, años atrás, cuando era inspector, le había detenido e interrogado. Esperó la llegada del policía. Poco antes de la una de la tarde, un vehículo deportivo de baja cilindrada se detuvo frente a su domicilio. Marc subió. El vehículo circuló durante un buen rato. Eran las dos, hora de comer, y el coche policial camuflado —del parque móvil del Ministerio del Interior— entraba en el Campo de Golf Municipal de Matadepera. Con las iniciales I.M.A., se había reservado una mesa para comer en el restaurante Can Viñedos.

A ojos de terceros podía tratarse perfectamente de una comida de un padre con su hijo. Nadie hubiera imaginado que en aquella mesa, discretamente, se estaba haciendo una oferta de infiltración en la dirección de la CUP. “Necesito información del referéndum, necesito alguien que me informe de todo lo que pase en la CUP; no en cualquier territorial, sino en la cúpula, entre la gente que se mueve cerca de David Fernández”, en palabras del policía que el activista recuerda como si fuera hoy. Marc, que no es militante de la CUP pero simpatiza, escuchaba con cierta estupefacción, deseando que pasaran los minutos y se acabara la comida. El policía insistió, con oferta económica incluida. El comisario habría garantizado la existencia de una partida económica específica. “Me ofrecieron 700 euros mensuales fijos si aceptaba colaborar con ellos y, en caso de que lograra cualquier información sobre el referéndum, se me pagaría una cantidad extra. No concretó, pero dijo que un dato relevante sería ‘muy bien pagado’. Lo rechacé. Le dije que tenía una vida muy complicada y que no tendría tiempo para involucrarme. Entonces me llegó a ofrecer apoyo extra en mis tareas laborales y cargas familiares para que pudiera liberar tiempo para infiltrarme en la CUP. Lo vi muy desesperado”, detalla Marcos, que dos años después de los hechos ha querido hacerlo público.

“Durante todo este tiempo he tenido mala conciencia por no habérselo dicho a nadie. Su imagen y sus palabras me venían constantemente a la cabeza. Es importante que se sepa cómo funcionan, hasta dónde pueden llegar”, nos cuenta con cierta tristeza y resignación.

TRAS EL RASTRO DE ‘JORDI’

El agente con número de placa 74977 es el agente con el apodo de Jordi, quien durante los años 90 y los primeros 2000 fue el encargado de investigar a miembros de los movimientos sociales y fue acusado de torturas por parte de algunas de las personas a las que interrogó. En 2016, el policía, junto con un compañero, intentó captar al activista de Gracia Quim Gimeno —investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la operación Pandora contra el movimiento anarquista— para infiltrarse en el movimiento libertario del Poble Sec barcelonés. La Directa investigó el caso y, una vez se hizo pública la historia bajo el paraguas Estado Infiltrado, Gimeno se querelló contra ambos policías, pero la causa se archivó.

En 2017, los dos agentes involucrados en el caso Estado Infiltrado participaron en el encuentro que se produjo en el marco de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, convocada por el Gobierno español el 19 de agosto en la sede madrileña del Ministerio del Interior, tras los atentados de Barcelona y Cambrils. La mesa extraordinaria estaba presidida por el ministro de Interior en ese momento, Juan Ignacio Zoido, en compañía del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y los máximos responsables de la lucha antiterrorista en España de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de los Mossos y de la Ertzaintza.

La pista de Jordi se volvía a recuperar con la celebración del referéndum del 1 de octubre. El inspector del CNP, ascendido a comisario, fue el encargado del servicio operativo de la BPI de Barcelona durante el despliegue policial español con motivo de la jornada de votaciones, según un informe policial presentado ante el juzgado que investigaba la actuación de los policías españoles durante el 1-O. La función del comisario Jordi aquel día era liderar a los “funcionarios intervinientes de investigación”, que siguiendo órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se encargaron de “la aproximación, entrada, recogida de efectos, identificación de personas y levantamiento de actos en los espacios públicos utilizados para la votación en el referéndum ilegal del 1 de octubre”, según la documentación policial presentada en el juzgado.

 

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