Proyecto de ley de inteligencia en Francia genera crítica y polémica

Desde "liberticida" hasta "vigilancia generalizada" son expresiones frecuentes para referirse al polémico proyecto de ley de inteligencia impulsado hoy por el Gobierno francés y criticado por diferentes sectores de la sociedad.

El mismo forma parte del arsenal legal defendido por el Ejecutivo para autorizar prácticas de espionaje con el alegado objetivo de combatir el terrorismo, pero sin control judicial.
El proyecto genera críticas y manifestaciones de rechazo ya que plantea que los agentes podrán infiltrar y vigilar a potenciales terroristas utilizando diversas técnicas de espionaje con una autorización administrativa o incluso sin ella en caso de urgencia o riesgo inminente.
En la práctica podrán acceder a datos sobre conexiones o interceptar comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos).
Eso incluye la escucha a través de receptores de dispositivos como ordenadores o móviles; la instalación en vehículos de balizas de localización por GPS; la interceptación de todo tipo de comunicaciones o la colocación de micrófonos y cámaras.
Para ello, podrán usar sistemas denominados Imsi Catcher que, situados en un lugar determinado, pueden registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de sospechosos y de quienes se encuentren en las proximidades.
Uno de los aspectos más cuestionados es la introducción de las llamadas cajas negras. De esa forma, si se aprueba la ley, todos los proveedores de acceso a la llamada red de redes deberán instalar en sus servicios cajas que vigilarán el tráfico Internet en todo el país.
Empresas de alojamiento de bases de datos amenazaron con trasladar sus sedes fuera de Francia si se aprueba la disposición en esos términos.
Las autorizaciones para tales acciones de los servicios secretos no necesitarán una orden judicial.
El permiso lo dará el primer ministro tras escuchar la opinión de una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información, integrada por cuatro parlamentarios, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto en telecomunicaciones.
Al referirse al proyecto, la Comisión Nacional de Informática y Libertades denuncia "medidas de vigilancia mucho más amplias e intrusivas" que la existentes.
La Liga de Derechos Humanos señaló que se trata de un "sistema potencialmente liberticida".
Desde los ataques perpetrados en París en enero pasado, el Gobierno francés insiste en hacer de la lucha contra el terrorismo una de sus principales directrices, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional.
Analistas consideran hasta cierto punto contradictorio que el Gobierno impulse este tipo de medidas cuando desde el primer momento calificó los ataques de enero como un atentado contra la libertad de prensa y de expresión.
La votación del proyecto, actualmente debatido en la Asamblea Nacional, está prevista para el 5 de mayo.
Fuente: Prensa Latina- Masiel Fernández Bolaños

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