EEUU: lo urgente se transforma en permanente
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- Categoría: EEUU
- Publicado: Martes 08 de Abril de 2008
(Jean-Claude Paye – Voltaire) EEUU - Las pocas modificaciones incluidas, a través del procedimiento de renovación de la ley, están lejos de restablecer el equilibrio a favor del poder judicial. Los que se oponen a la Patriot Act querían establecer medidas de control tendientes a garantizar las libertades individuales, mientras que el gobierno quería aprovechar el voto para reforzar las prerrogativas del FBI.
Las discusiones se extendieron durante unos diez meses pero el gobierno logró evitar la imposición de controles judiciales a las disposiciones permanentes renovadas durante ese proceso y consiguió que 14 medidas temporales, adoptadas en 2001 como procedimientos de urgencia, se convirtieran en disposiciones permanentes.
Se prolongó así el artículo 213, un procedimiento permanente que establece técnicas investigativas muy intrusivas, denominadas «sneak and peek».
En virtud de dicho procedimiento el FBI está autorizado a penetrar en un domicilio u oficina en ausencia de su ocupante. Durante esta investigación secreta, los agentes federales están autorizados a tomar fotos, a examinar el disco duro de una computadora y a introducir en esta un dispositivo digital de espionaje conocido como «linterna mágica». Después de su instalación este sistema registra toda la actividad informática, aunque esta no sea transmitida por Internet.
También se prorrogó el procedimiento permanente establecido en la cláusula 505. Esta amplía las posibilidades, concedidas al FBI y a diversas administraciones, de obtener «cartas de seguridad nacional», una forma de citación administrativa que proporciona acceso a datos personales, médicos, financieros, datos de agencias de viajes, de alquiler de autos y de los casinos, así como a ficheros de bibliotecas.
Antes de la adopción de la Patriot Act, las «cartas de seguridad nacional» se limitaban a los casos de personas «vinculadas a una potencia extranjera». La sección 505 amplía la capacidad del FBI para la obtención de dicha autorización fuera de ese marco.
Las medidas establecidas en los artículos 212 y 214 tenían un carácter temporal y se convirtieron en permanentes. El artículo 212 autoriza a las compañías telefónicas y los proveedores de acceso a Internet a proporcionar al gobierno el contenido y el registro de las comunicaciones, si dichas compañías estiman que tales datos implican un peligro de muerte o constituyen un «delito grave». No hay control judicial ni tampoco se establece notificación alguna de dicha medida a la persona interesada. Las informaciones obtenidas por esta vía podrán ser utilizadas en investigaciones criminales y no sólo en materia de terrorismo.
La sección 214 facilita la obtención, por parte del FBI y en el marco de la Foreign Intelligence and Security Act de 1978, de los datos sobre las conexiones electrónicas entrantes y salientes. No se exige para ello ningún tipo de mandato judicial. Antes de la Patriot Act, el gobierno tenía que probar que la persona vigilada era agente de una potencia extranjera. Ahora simplemente tiene que notificar que la información interceptada tiene «relación» con una investigación vinculada al terrorismo.
También pasó a ser permanente el artículo 209. Este amplía la posibilidad de proceder legalmente a la intercepción de mensajes vocales.
El artículo 218, que también se convierte en permanente, autoriza la realización de investigaciones secretas en un domicilio u oficina, si existe «presunción razonable» que permita pensar que dicho domicilio u oficina puede contener información relativa a la actividad de un agente de una potencia extranjero, sin que exista necesariamente prueba alguna o indicio de un delito.
El artículo 207 amplía de 30 días a 6 meses, con posibilidades de renovación que pueden llegar a un año, el tiempo durante el cual se pueden utilizar conexiones, en materia de información vinculada con el extranjero, antes de que exista la obligación de pedir una autorización a un tribunal.
Se trata de un verdadero cheque en blanco que se otorga a los agentes federales. Para obtener la autorización, el agente federal no tiene más que certificar que la información que busca resulta «pertinente en la investigación de un crimen en ejecución». El juez está obligado a otorgar la autorización en el momento de recibir la certificación, aunque no esté de acuerdo con el procedimiento en marcha.
