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NAFTA 2.0: otra muestra del Estado corporativo conducido por Trump

En la medianoche del domingo, y tras meses de fuertes tensiones diplomáticas, los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá adoptaron un nuevo acuerdo comercial preliminar, junto con México, que ahora se llamaría United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA, el Acuerdo de los Estados Unidos con México y Canadá), reafirmando el papel hegemónico estadounidense.
(Tom Kucharz - El Salto) EEUU/México/Canadá - Este tipo de acuerdos provocan la precarización laboral, la bajada de salarios y daños ambientales irreversibles.

Al final no se rompió el NAFTA, siglas del acuerdo comercial entre los tres países norteamericanos que fue respondido en 1994 con la rebelión zapatista en Chiapas (México). Le han dado un nuevo nombre: USMCA. Las amenazas y los chantajes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han funcionado. El “nuevo” acuerdo muestra cómo avanza la captura corporativa de los Estados y la imposición de los intereses corporativos.

Tampoco es cierta la narrativa de las élites europeas que se quejan del “proteccionismo” de Trump. Él mas bien representanta la máxima expresión del “Estado corporativo”. Los EEUU acaban de lanzar también negociaciones comerciales con Japón y siguen negociando con la UE sin mandato un “TTIP por la puerta trasera”. Así que se impone la continuidad de las políticas neoliberales con una mayor dosis de nacionalismo económico de la Casa Blanca, más ventajas para el sector exportador de EEUU así como el fortalecimiento del capital transnacional estadounidense y especialmente del dólar como moneda internacional hegemónica.

EEUU restringe los tribunales de arbitraje

Hace tiempo que movimientos sociales, ONG, sindicatos y una parte de la academia hacen campaña contra los privilegios escandalosos de las corporaciones transnacionales y abogan por eliminar el capítulo 11 del tratado comercial NAFTA (el que da derechos especiales a las corporaciones). La inclusión de privilegios especiales para inversionistas en NAFTA en 1993 generó un nuevo modelo de acuerdo comercial corporativo por golpe de estado que se ha seguido desde entonces.

Durante años, Canadá, por ejemplo, se vio afectada por demandas de multinacionales estadounidenses ante tribunales de arbitraje que obligaron a las provincias a renunciar a un seguro público de automóviles, a aceptar químicos tóxicos (impidiendo su prohibición) y a pagar indemnizaciones por rechazar canteras peligrosas o prohibiendo la extracción de gas mediante el Fracking cumpliendo con normativas ambientales.

Ahora, a instancia de Estados Unidos, no habrá un mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) entre EE.UU. y Canadá. Este es un cambio importante para ambos Estados, pero especialmente para Canadá, que ha estado promoviendo activamente el peligroso mecanismo en acuerdos como CETA (el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-con la Unión Europea) y el nuevo TPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). Considerando que Canadá es el país más demandado entre los tres países del NAFTA, con 37 casos de ISDS —en su mayoría demandas de compañías estadounidenses— será beneficioso para el interés público de Canadá. Los Estados Unidos han tenido 21 casos y nunca han perdido uno. ¿Cómo justificará ahora la Unión Europea que haya ampliado aún más en el tratado con Canadá los privilegios corporativos y las bases para presentar demandas contra Estados ante tribunales de arbitraje?

Resulta extraño que sea justamente la administración Trump quien recorte el funcionamiento de la justicia privada para inversores. Por un lado vale la pena reivindicar la fuerza de la sociedad civil exigiendo el fin del ISDS. Por otro lado significa que un futuro presidente lo tendrá difícil dar marcha atrás. En cualquier caso, el asunto envía una señal poderosa a los países que también buscan eliminar el odioso régimen de ISDS. 

Sin embargo, debemos recordar que no sólo las demandas inversor-Estado son un problema, sino toda las protecciones y garantías que se establecen para el inversor. De hecho las reglas del capítulo de inversiones del NAFTA 2.0 siguen favoreciendo a inversores por encima de los derechos humanos.

El régimen ISDS se mantiene entre México y EE UU, aunque se ha reducido su alcance, limitando el tipo de demandas que se podrán presentar ante tribunales privados de arbitraje, planteando, por ejemplo, que los inversionistas realmente sean del país que dicen que son y no podrán abrir casos por "expropiación indirecta" o expectaciones ilegitimas. Asimismo se asegura que a partir de ahora los inversores tendrían que pleitear primero en los tribunales nacionales.

Bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, el gobierno neoliberal de México reformó ansiosamente su política energética y el nuevo presidente Andrés López Obrador desea ahora revisar la privatización del petróleo y gas. Por eso EEUU quiere que los contratos gubernamentales en energía, telecomunicaciones e infraestructura sigan estando sujetos al arbitraje inversor-Estado.

Se han eliminado algunos términos que instaban a los tres países a seguir exportando unos recursos naturales que igual buscaban conservar. No está en el nuevo acuerdo la “proporcionalidad energética” que obliga a Canadá a exportar una cantidad determinada de energía a los Estados Unidos.

Sin embargo, el acuerdo no permite limitar las exportaciones o importaciones de combustibles fósiles, ni tampoco hace una referencia vinculante a cumplir con objetivos de lucha contra el cambio climático.

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