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Los multimillonarios de derechas lanzan su batalla definitiva contra los derechos sindicales en EEUU

La campaña de 20 años que han llevado a cabo multimillonarios de derechas para socavar a los sindicatos y atacar al movimiento progresista estadounidense ha llegado a su clímax esta semana, durante una vista en el Tribunal Supremo.

(Ed Pilkington - El diario/The Guardian) EEUU - Los nueve jueces del Tribunal Supremo de EEUU escucharán argumentos del caso Janus contra la AFSCME (siglas en inglés de la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales), que podría acabar quitando a los sindicatos una gran fuente de financiación. Si el Tribunal Supremo falla contra los sindicatos del sector público, como muchos temen que hará, estos podrían perder parte de sus 7,2 millones de afiliados y con ellos su fuerza política.

Hace mucho tiempo que activistas conservadores y think tanks, respaldados por el dinero de donantes corporativos como los hermanos Koch y la Fundación Bradley, se están preparando para este momento, como parte de una campaña de mayor alcance que busca inclinar el proceso democrático hacia la derecha. En los últimos cuatro años, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite tres casos contra los sindicatos del sector público.

“Parece que esta vez el Supremo está dispuesto a quebrar las piernas a los sindicatos en lo que se convertiría en la mayor victoria del movimiento jurisprudencial de derechas,” explica Dan Weiner, asesor del Brennan Center for Justice, una organización sin fines de lucro.

Documentos públicos revisados por The Guardian demuestran que la Fundación Bradley, con base en Wisconsin y que dona millones a causas de derechas, ha invertido muchísimo dinero en la campaña contra los sindicatos. Desde los años 90, ha entregado casi 25 millones de euros a 24 grupos conservadores que apoyan la embestida legal contra los sindicatos del sector público que ha llegado hasta el Supremo.

Los dos patrocinadores del caso Janus, la Fundación de Defensa Legal por el Derecho Nacional a Trabajar y el Centro de Justicia y Libertad del Instituto de Políticas de Illinois, han recibido entre los dos 1,3 millones de euros en donaciones de la Fundación Bradley desde 2003.

La Fundación Bradley se creó en 1986 como una forma de canalizar la gran fortuna de dos hermanos, Lynde y Harry Bradley, para promover “principios e instituciones del excepcionalismo estadounidense”. Aunque está constituida como una organización sin fines de lucro y exenta de impuestos, su correspondencia privada conocida deja claras sus ambiciones descaradamente políticas en el uso de sus reservas de 730 millones de euros para "fines benéficos".

Una fundación contra la izquierda y los sindicatos

En 2016, documentos de la fundación robados por una red internacional de hackers, y difundidos por el Centro para los Medios y la Democracia y el periódico Milwaukee Journal Sentinel, dejaron en evidencia el pensamiento ideológico de la organización. Demuestran que la Fundación Bradley donó a la Fundación Nacional por el Derecho a Trabajar, demandante en el caso Janus, porque “los grandes sindicatos y los abogados son los dos grandes pilares de la financiación de la izquierda.”

Las actas de una reunión de febrero de 2016 del comité de la Fundación Bradley revelan las especulaciones de la fundación sobre el efecto que tendría la restricción de los derechos sindicales en cuatro de los estados con más presencia de sindicatos: Nueva York, California, Oregon y Washington. Calcularon que afectaría a 2,8 millones de empleados del sector público, lo que pone en peligro 1.600 millones de euros de ingresos de los sindicatos.

Los detalles de la reunión además dejan claro los objetivos políticos a gran escala: “Los grandes ingresos de los sindicatos de la costa del Pacífico, después de ser redistribuidos por oficinas nacionales en la ciudad de Washington, se utilizan para financiar políticas de la izquierda, y obstruyen la misión y los intereses de la Fundación Bradley y sus aliados".

Esta declaración sobre su misión recuerda a la campaña lanzada el año pasado por la Red de Políticas Estatales, otro beneficiario de la Fundación Bradley, que tenía como objetivo “restar fondos y socavar” a los sindicatos del sector público.

La idea de que restar poder a los sindicatos puede significar un golpe para otros movimientos progresistas no es descabellada. Un estudio reciente de la Agencia Nacional de Investigación Económica concluyó que las leyes que limitan a los sindicatos en cada estado, de la misma forma que el caso Janus lo haría a nivel nacional, ha quitado un 3,5% de votos en elecciones presidenciales al Partido Demócrata.

Monopolio político y económico

Lee Saunders, presidente de la AFSCME, el mayor sindicato estadounidense del sector público y acusado en el caso Janus, afirma que la intención tras la denuncia es recortar el poder de los movimientos progresistas. “Los multimillonarios y las grandes corporaciones que respaldan esta denuncia no quieren que tengamos un sitio en la mesa de negociaciones,” declaró.

Randi Weingarten, presidente de la Federación Americana de Maestros, dice que el objetivo de la Fundación Bradley es crear “un monopolio de poder económico y político. Quieren tener el terreno de juego sólo para ellos.”

Weingarten asegura que en Wisconsin la Fundación es uno de los principales apoyos del gobernador republicano Scott Walker. En 2011, Michael Grebe era presidente de la Fundación Bradley y también jefe de campaña de Walker cuando éste se presentó como candidato a gobernador. Desde que Walker aplicó la Ley 10, una medida que impide la negociación colectiva en el sector público, el porcentaje de afiliación a los sindicatos en el sector público ha caído del 14% al 9% en el Estado, con caídas similares en sueldos y ayudas sociales.

En el epicentro del caso Janus está la cuestión de si los sindicatos pueden cobrar legítimamente a todos los empleados un porcentaje del costo de la negociación colectiva, con el argumento de que todos los empleados, y no sólo los afiliados al sindicato, se benefician con la subida de salarios. En este momento, 23 estados del país permiten estas deducciones de “partes equitativas”, que fueron aprobadas por el Tribunal Supremo en 1977 tras el caso Abood contra el Departamento de Educación de Detroit.

 

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