El movimiento indígena y la nueva Constitución

"Apostamos por una constitución, por un proyecto comenzado por las organizaciones sociales, no por un personaje". Estas palabras de Gilberto Guamangate, representante del Movimiento Pachakutik, resume un parecer general entre los miembros del movimiento indígena que han apoyado el nuevo texto constitucional. (Maika de Castro, Marc Delcan/Sergio de Castro – Diagonal) Ecuador -  "Esta Constitución no es el fin, es un mecanismo que debe llevar hacia la verdadera democratización y justicia social. Después del 28 las luchas serán más fuertes", señala Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI). Una coincidencia que, sin embargo, en la valoración general del proyecto por parte de los diferentes sectores, está llena de matices e incluso diferencias.

Sí crítico de la CONAIE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) hizo público a principios de septiembre su apoyo al proyecto de nueva Constitución criticando, a su vez, la política llevada a cabo hasta ahora por el Gobierno de Correa. Entre las razones del "sí crítico", Marlon Santi, presidente de la organización, opina que el texto "propone una economía basada en la solidaridad, en la reciprocidad y de carácter comunitario".
Sin embargo, según Santi, Correa "ha minimizado al movimiento indígena y a todos los sectores progresistas que lo han estado criticando constructivamente". Al mismo tiempo, señala que el proyecto "reconoce las nacionalidades a los pueblos, su estructura política y administrativa, pero no la aplicación de esto en el ámbito territorial". Para Domingo Ankuash, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), "el objetivo número uno" de su organización "es la defensa territorial", por lo que "ni el 'sí' ni el 'no' nos va a salvar a las nacionalidades indígenas".
Pedro de la Cruz, histórico dirigente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), y ex asambleísta por la gubernamental Alianza País, coincide con Santi en que la nueva Constitución sustituye la economía de mercado por una "social y solidaria".
Por otro lado, señala que "este presidente [Correa] ha liderado las demandas que ha tenido la ciudadanía ecuatoriana, incluyendo a nosotros como organización". Por esta razón apoyan un texto que, entre otras "muchas bondades" y a pesar de algunas deficiencias, promueve la soberanía alimentaria y el reconocimiento de diferentes modos de propiedad, declara a Ecuador como un Estado plurinacional e incluye mecanismos de participación ciudadana que la convierten "en una de las más democráticas de América Latina".

Plurinacionalidad y autonomía
Para Gilberto Guamangate, "pensando en un Ecuador justo, equitativo y solidario hemos planteado la construcción de un Estado plurinacional y un modelo de desarrollo basado en el 'buen vivir' y el bienestar para todos los ecuatorianos, no sólo para los indígenas". Un Estado plurinacional que para el movimiento indígena debe ser algo más que una declaración formal: debe formar parte integral de todo el proyecto político y económico planteado por la Constitución.
En este sentido, el reconocimiento de las formas autónomas de organización política y de justicia indígenas es esencial. La Constitución, según De la Cruz, recoge que "las circunscripciones territoriales indígenas pueden por consulta popular decidir autoadministrarse mediante sus propias autoridades (...) Incluso nos garantiza el derecho a la administración de justicia".
Sin embargo, para Mónica Chuji, presidenta de la Mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Asamblea Constituyente, y disidente de Alianza País, "no se ha dado contenidos ni desarrollo a la declaración de Estado plurinacional", ya que "tenía como centro cambiar un sistema y un modelo de desarrollo como consecución del sumak kawsay ('buen vivir') y, a partir de ello, incidir en la reforma estructural, económica y política. Pero eso en su totalidad nunca fue acogido".
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