Ecuador es el tercer país del mundo con más denuncias por derechos humanos contra inversionistas chinos
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- Categoría: Ecuador
- Publicado: Miércoles 01 de Septiembre de 2021
Un informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos recopiló más de 600 denuncias a nivel mundial por abusos de derechos humanos en empresas chinas en el globo entre 2013 y 2018. Una importante cantidad de esas denuncias ha sido documentada en Ecuador en sectores como la minería, el petróleo o la pesca.
(Desinformémonos) Ecuador - En 1999 el gobierno chino inició una política pública para promover sus inversiones en el exterior. Desde entonces su impacto en el mundo ha crecido notablemente. Algo que se reforzó aún más con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), conocida como la nueva ruta de seda. La iniciativa es la principal estrategia de cooperación internacional en términos económicos y políticos, que la integra con 140 países a largo y ancho del globo.
En la última década, la inversión directa de China en los países del BRI superó los $ 90.000 millones de dólares, alcanzando un volumen de negocio de $ 400.000 millones de dólares en proyectos contratados en el extranjero en estos países.
La política exterior china ha facilitado una expansión masiva de la inversión directa, en especial a los países en desarrollo que la necesitan para impulsar sus economías. Los mercados chinos se desenvuelven principalmente en energía, construcción, minería y metal. A pesar de la pandemia, los bancos chinos adelantaron préstamos a diversos sectores de sus empresas en todo el mundo.
Ecuador entre los más afectados por abusos de empresas chinas
Entre 2013 y 2020 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos registró 679 denuncias de abusos de derechos humanos vinculadas a empresas chinas funcionando en todo el mundo. Solo un 24% de las empresas respondió ante las denuncias.
Los países con gobiernos débiles presentaron un mayor número de denuncias. Ecuador se posicionó en tercer lugar con 39 casos, solo detrás de Myanmar con 97 y Perú con 60. Las regiones más afectadas fueron Asia, África y América Latina.
La mayoría de las denuncias vinieron de la industria del metal, la minería y la construcción. Los conflictos sociales relacionados con los pueblos indígenas y el consentimiento informado, la pérdida de medios de vida, los derechos sobre la tierra, las palizas a activistas y las protestas fueron los temas más citados en las alegaciones.
Algunos de los 39 casos ecuatorianos presentan varias denuncias a una misma empresa. En total se registraron 63 alegatos dentro de los casos. Las áreas más afectadas fueron las comunidades indígenas con 12, divulgación de impactos ambientales (EIA) con 10, palizas y violencia con 6, pérdida de medios de vida con 6 y derechos de tierras con 5 denuncias. La amplia mayoría de los casos (28) vienen del sector de la metálica y minería.
Explotación petrolera
En 2016 el gobierno ecuatoriano firmó un contrato de explotación petrolera con el consorcio chino Petroandes en la provincia de Pastaza. Los bloques 79 y 83 pasaban por las jurisdicciones de las comunidades indígenas Sápara y Quichua. El gobierno dijo haber consultado a las comunidades, pero estas declaraciones fueron desmentidas por los representantes amazónicos.
La comunidad Sápara envió una carta ante el embajador chino de la ONU donde argumentaba que el 40% de su territorio se veía afectado en las concesiones y que su idioma, patrimonio intangible declarado por la UNESCO, estaría en peligro. Petroandes se dirigió al Ministerio de Energía con una solicitud de fuerza mayor debido a la resistencia y oposición social de los pueblos indígenas. Luego de años de lucha, en 2019 llegó una victoria histórica para los derechos indígenas. Se detuvieron más de 158.000 hectáreas para la explotación petrolera.
A pesar del gran triunfo, éste se limitó solo al bloque 79. Mientras que el bloque 83 quedó abierto a la explotación. Son instancias difíciles, y más tomando en cuenta que el país debe entregar el 90% de su producción de petróleo a China hasta 2024.
El Estado ha perdido varias instancias judiciales por las falencias en los procesos de consulta previa.
Constan casos como los de los indígenas cofán en Sinangoe que demostraron que empresas mineras avanzaron en sus tierras sin una consulta, los indígenas waorani en Pastaza que demostraron explotación y exploración petrolera en sus territorios sin previa consulta o los indígenas kichwa de Santa Clara que lograron la suspención de la construcción de una hidroeléctrica ya que tampoco hubo una consulta. En este último caso se investiga una supuesta red de corrupción que vincula a un juez que habría sobornado a uno de los magistrados del caso.
