Red Eco Alternativo ***

Emergencia Humanitaria: ante la profunda crisis estructural y el genocidio continuado del Estado colombiano

De acuerdo con la declaratoria de Emergencia Humanitaria emitida y entregada el 27 de abril en la oficina de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- en Bogotá, tras la movilización de diferentes organizaciones sociales en una caravana que recorrió el país desde el 25 de abril, se insistió en exigir al Gobierno Nacional que respete la vida y no estigmatice el ejercicio político y autónomo de las comunidades.

El centenar de organizaciones sociales, étnicas y campesinas acordaron que la profundización de la crisis estructural que vive Colombia ha llevado a más de 1500 líderes sociales a movilizarse, en una acción coordinada y legítima, para visibilizar y denunciar al Estado colombiano por el genocidio político en curso, la constante violación a los DD.HH. y el Derecho Internacional Humanitario -DIH-, así como la precariedad de la economía debido al “paquetazo neoliberal” y la militarización de los territorios.

Denuncian también, el tratamiento de guerra a la protesta y la movilización popular, la cual ha acrecentado la crisis impuesta por la élite económica y política, que “en el contexto de la militarización del país, el asesinato de líderes y lideresas sociales ha superado los 1300 casos (…) y un total de 323 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz asesinados”.

Al cumplirse un año del Paro Nacional 28A las organizaciones reiteran la responsabilidad del Estado en la muerte de más de 100 personas, durante las jornadas de protestas del 2021. Así mismo, también denuncian los más de 100 heridos graves por traumas oculares, los 60 casos de violencia sexual y los 129 casos de manifestantes desaparecidos –según la ONU-, en el período comprendido entre el 28 de abril y el 28 de mayo.

El documento emitido resalta que “la acción simbiótica entre militares y paramilitares y operaciones de bandera falsa (disidencias) contra las organizaciones sociales en las regiones ha dejado un saldo de, al menos, 22 líderes y lideresas sociales asesinadas”, registrados hasta febrero de 2022.

Por lo tanto, entre los propósitos de la Emergencia Humanitaria se busca el reconocimiento, legitimidad, solidaridad y acompañamiento humanitario y político a nivel nacional e internacional para el movimiento social y popular colombiano. Así mismo, el reconocimiento de los gobiernos propios y los mecanismos de autoprotección de las comunidades y adelantar acciones con acompañamiento nacional e internacional para la defensa de la vida, la libertad y la permanencia en los territorios.

La convocatoria reitera al pueblo colombiano, a los movimientos políticos de izquierda y progresistas del continente y el mundo, a profundizar la lucha y la movilización como la mejor manera de adelantar la solidaridad entre los pueblos.

Un año del Paro Nacional

Para el 28 de abril de 2021, el Comité Nacional de Paro (CNP) integrado por sindicatos y algunas organizaciones sociales, convocaron a un Paro Nacional, con movilizaciones masivas de diversos sectores sociales, étnicos, campesinos, obreros y juveniles, quienes elevaron un reclamo contra las políticas gubernamentales en más de 600 ciudades por casi dos meses, tratándose de una manifestación sin precedente en la historia del país.

Entre las razones de dicho descontento social se encuentran que para el 2020, la pobreza monetaria fue 42,5% y la monetaria extrema 15,1%, según el propio Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, considerando a más de 26 millones de habitantes sin empleo de un total aproximado de 50 millones de habitantes.

Otra de las razones que incubó el Paro Nacional fue el manejo de la pandemia por covid-19, período que cerraron más de 509 mil micronegocios que, en el caso de Colombia, genera cerca el 80% del empleo y representa el 90% del sector productivo nacional.

Según analistas el gobierno de Iván Duque aprovechó la pandemia para profundizar su ajuste neoliberal, sobre endeudando al Estado llegando al 70% del PIB, concentrando el control total del Congreso, de los entes de control, de la Fiscalía y algunas cortes. Aunado a esto, la pérdida de más de 50 Billones anuales por la corrupción también generó la presión para el estallido social del 2021.

En este escenario de país, los más ricos duplicaron su riqueza mientras que los de menos posibilidades económicas entraron en las estadísticas del hambre, considerando que más de 11 millones de colombianos ya estaban en la pobreza absoluta, otros 20 millones perdieron sus empleos.

Fuente: Colombia Informa

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