Colombia: el Paro Nacional entierra la reforma tributaria y pone en jaque al Gobierno de Duque

En medio de una gigantesca movilización y una brutal represión de la policía y el ejército, el Gobierno colombiano retira la impopular reforma tributaria con la que pretendía hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus.

(Eduardo Giordano – El Salto) Colombia - La impopular reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, defendida a sangre y fuego por la policía y el ejército en las calles durante varios días, al final fue retirada por el presidente colombiano. A pesar de su altísimo costo en vidas humanas, esta es una victoria de la movilización popular celebrada por las organizaciones sociales y que, a un año de las elecciones presidenciales, revela el enorme deterioro del sistema de poder que ha gobernado Colombia durante las últimas dos décadas.

El Paro Nacional del 28 de abril contra la reforma tributaria del presidente Iván Duque se prolongó durante casi una semana y se saldó con la represión masiva de manifestantes y el asesinato por disparos de la fuerza pública de 26 personas hasta el 3 de mayo. Solo en la ciudad de Cali, uno de los grandes focos de la protesta, más de diez personas fueron asesinadas por disparos policiales durante los primeros tres días. Los organismos de derechos humanos de la región del Valle del Cauca recibieron denuncias de hasta 14 muertos por disparos entre el 27 y el 30 de abril.

El Gobierno y sus aliados políticos clamaron desde el primer momento por la militarización de las ciudades. Impusieron el toque de queda en Cali desde las 15h del primer día de paro, pero aun así no consiguieron doblegar la voluntad de protesta de la población. Ninguna medida disuadió a los ciudadanos de salir a las calles a expresar su repudio al Gobierno y la represión fue brutal. La ONG Temblores registró en cinco días de paro hasta 940 casos de violencia policial, 672 detenciones arbitrarias, 92 casos de violencia física o tortura policial y cuatro víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. En el sexto día del Paro Nacional, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que hasta ese momento habían fallecido 19 personas en el marco de la protesta, de los cuales 18 son civiles y uno es un policía (muerto por arma blanca al tratar de impedir un saqueo).

El jefe político del Centro Democrático, el partido que gobierna, incitó abiertamente a la fuerza pública a reprimir disparando contra los manifestantes. El ex presidente Álvaro Uribe legitimó con sus trinos (tuits) la actuación de las fuerzas represivas: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Un ministro del gobierno de Duque había advertido que los bloqueos de calles y carreteras se considerarían actos terroristas. Después de recibir muchas quejas de usuarios, la red social Twitter exigió a Uribe que eliminase el mensaje: “tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia”, ese trino “viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia”.

No es la primera vez que Uribe se pronuncia de este modo, intentando naturalizar las masacres de manifestantes. En noviembre de 2019, con motivo del primer paro nacional contra el Gobierno de Duque, Uribe fue aún más expresivo en su trino: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. En esa ocasión hubo un joven muerto que se convirtió en símbolo contra la represión; pero un año más tarde, durante el siguiente paro nacional, la muerte de 14 personas por disparos y actuaciones de “la autoridad” en Bogotá y otras localidades próximas fue una masacre anunciada.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que se siga dando un trato militar a la protesta pacífica. Admiten que en algunas zonas de Cali hubo saqueos, pero piden que esto se contextualice en una situación de penuria, agravada por la pandemia, entre una población con necesidades básicas insatisfechas. La pobreza se incrementó en Santiago de Cali en 375.000 personas durante el Gobierno de Duque, y ahora alcanza a un millón de habitantes, algo menos de la mitad de la población. El núcleo urbano, capital del departamento, sufre las consecuencias de la violencia rural, ya que atrae a los desplazados y expoliados por las bandas de narcotraficantes y paramilitares que operan en las zonas montañosas y selváticas sin control estatal.

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, que coordinó la información de Cali conformando una mesa con otras ONG, divulgó que durante las protestas hubo motos policiales con las placas ocultas que se dedicaban no solo a disparar, sino también a robar a los manifestantes. En videos que circularon por redes sociales y que más tarde difundió la prensa se ve a una tanqueta policial arrollando deliberadamente a un grupo de personas que caminan pacíficamente en una marcha. La tanqueta los arrolla por la espalda, aumentando la velocidad después de aplastar los primeros cuerpos. Mientras esto se ocurría en la calle, la gobernadora departamental y el alcalde repetían de manera incesante que todo estaba bajo control y que a ellos solo les constaba la existencia de un muerto.

La reforma tributaria de Duque proponía crear un nuevo IVA para los productos básicos de la canasta familiar, la gasolina y los servicios públicos, así como ampliar la base de cotizantes para aumentar los ingresos fiscales por el impuesto a la renta. Aunque estuviera adornada con la supuesta asignación de recursos a los más vulnerables, la reforma era una bofetada en la cara de los sectores más castigados por la crisis. Colombia ya es uno de los países con mayor desigualdad del mundo y durante el gobierno de Duque la pobreza aumentó hasta alcanzar al 42 % de la población según cifras oficiales. La situación social es tan dramática que hasta su propio mentor y aliado incondicional, Álvaro Uribe, se desmarcó públicamente de ese proyecto, aun compartiendo su filosofía neoliberal, por temor a un rechazo social que influyera negativamente en la campaña electoral del año próximo.

Dada la magnitud del paro, el 1 de mayo el presidente tuvo que aceptar que no se aplicaría el IVA a los alimentos y servicios públicos y se mostró conciliador y dispuesto a debatir otros aspectos impopulares del proyecto. Aun así el Paro Nacional se mantuvo y, al día siguiente, Duque tuvo que renunciar por completo a su reforma tributaria.

Tristemente para llegar hasta aquí fue necesario mantener un pulso con la ciudadanía de varios días que derivó en un baño de sangre. El dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Feliciano Valencia resumió lúcidamente en un breve mensaje la situación agónica del Gobierno de Duque: “Si la desconexión del Gobierno con el país es total, el país también se desconectó del Gobierno. Mientras el país se incendia @IvanDuque continúa con su show de variedades en televisión. Nadie lo escucha, porque él tampoco escucha a nadie”. El CRIC convocó a una nueva minga de las comunidades indígenas que marcharían como el año pasado hasta Bogotá.

Mientras el presidente se aferra al poder ordenando masacrar a los manifestantes, los grupos paramilitares y el Ejército prosiguen e intensifican sus prácticas de exterminio social. La última matanza se produjo durante el paro nacional, en el Valle del Cauca, donde el 2 de mayo seis personas que estaban departiendo tranquilamente en un local social fueron asesinadas por un comando con armas largas. En lo que va de año 2021 ya hubo más de 30 masacres con cerca de 120 víctimas mortales, que se suman a las 91 masacres de 2020. Además, bajo el Gobierno de Duque se incrementaron las masacres en las zonas rurales, contra la población campesina, indígena y afrodescendiente abandonada a su suerte por el Estado colombiano y con frecuencia sometida a las leyes implacables del narcoparamilitarismo.

Así mismo, durante el año 2020 se documentaron 64 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz, si bien la semana del 14 al 21 de abril fue la más letal para los antiguos guerrilleros de las FARC, ya que siete de ellos fueron asesinados (a razón de un muerto diario), engrosando el total de 280 ex combatientes acogidos al proceso de paz y acribillados por bandas paramilitares desde 2016. La organización Indepaz registra además el asesinato de 310 líderes sociales o defensores de derechos humanos durante el año 2020. En los primeros cuatro meses de este año ya fueron asesinados 50 líderes y lideresas sociales. Todo ello a pesar de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó al Estado colombiano tener “como primera prioridad” para el año 2021 la de “asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y los defensores de los derechos humanos”.

La degradación del Gobierno de Iván Duque y de la coalición de partidos derechistas que lo sostienen es cada vez más palpable. La represión de la protesta urbana adquirió magnitud de masacre en Bogotá, durante el paro nacional de noviembre de 2020, cuando hubo 14 muertos por disparos e intervenciones policiales. En las recientes protestas de Cali y otras ciudades la cifra de muertos por disparos de la fuerza pública podría ser muy superior, ya que los datos afloran con cuentagotas.

La sociedad urbana de Bogotá, Medellín o Cali, que en otros tiempos sufrió la violencia atroz del narcotráfico, estuvo durante mucho tiempo de espaldas al ejercicio sistemático de la violencia militar y paramilitar en las lejanas zonas rurales. Los medios de comunicación concentrados en grupos de poder propiciaron esta desconexión. La profunda degradación del sistema democrático ha facilitado que ahora, también en las ciudades, las diferencias se diriman ejecutando a tiros a los disidentes, masacrando a la población urbana y en particular a los más jóvenes. Aunque la militarización de la protesta social no consiguió amedrentarlos, su valentía tuvo un altísimo costo en vidas humanas.

Al sexto día de protestas, el alcalde de Cali tuvo que lamentar que uno de los jóvenes asesinados por disparos de la fuerza pública fuera Nicolás Guerrero, un hijo de su primo que participaba en una vigilia nocturna de oración. La disputa social ha adquirido una nueva dimensión de conflicto generacional al interior de las élites urbanas y empieza a desgarrar la conciencia de algunos de sus miembros, que deberán optar entre desvincularse de un régimen que se resquebraja o sacrificar incluso a sus hijos para mantener los privilegios.

La retirada de la reforma tributaria fue una derrota estrepitosa del gobierno de Iván Duque. También fue una advertencia para el uribismo y la derecha política: los sectores progresistas, ahora nucleados en torno al Pacto Histórico, ya pueden presentar batalla contra el establishment y ganarla con el apoyo de las movilizaciones sociales. Es un nuevo escenario, con un equilibrio de fuerzas que ha llevado al régimen por primera vez a recular y que pone en evidencia que la fuerza bélica del país más militarizado de América Latina resulta insuficiente para acallar a una población indignada. Mientras tanto, el (des)gobierno de Iván Duque sigue flotando a la deriva y sin dar respuesta al clamor de los colombianos que reclaman una vida digna y el final de la violencia estatal y paraestatal.

 

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