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Colombia: Acuerdo del Gobierno con los indígenas para mitigar la movilización

Se acordó entre los ministerios del Interior, de Ambiente y las comunidades aborígenes declarar más de 585 mil hectáreas libres de minería en la Sierra Nevada de Santa Marta. Red Eco Alternativo

(Noelia Carrazana – Red Eco) Colombia - Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que el acuerdo logrado consiste en definir una hoja de ruta para tomar las decisiones que permitan que “ningún proyecto de exploración minera se desarrolle en la Sierra Nevada de Santa Marta porque tiene que ser una zona protegida de la explotación minera”.

Pero los más de 2.500 aborígenes que se encontraban en movilización rechazaron este anuncio como exitoso, indicaron que los tomó por sorpresa y que creen que es una forma de cerrar y mitigar el pedido, a lo cual ellos responden que no descansarán hasta que toda la Sierra Nevada pueda estar libre de minerí.

“Lo que paso fue que el gobierno pidió media hora para estudiar la propuesta y no regresó, los gobernadores indígenas ordenaron sitiar la ciudad de Valledupar y entonces enseguida regresaron a la mesa de diálogo los representantes del Estado, por lo cual se firmó un acta de ruta para continuar en las tratativas”,  indicó Cesar Irastegui de la comunidad Arhuaca.

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Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, explicó los alcances de la medida, aseguró que “hemos tomado la decisión de congelar cerca de 585 mil hectáreas para que en esta zona no se dé ningún nuevo título minero o concesión minera y vamos a crear allí unas zonas de protección”.

Enfatizó que “esto se suma a las 40 mil hectáreas que ya tenemos en el Parque Nacional Natural en la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, en cerca de un millón de hectáreas en esa zona hoy no hay ningún proyecto de minería a gran escala, ni vamos a tener. Es una decisión que garantiza que vamos a proteger ese ecosistema para la humanidad".

Arhuacos, koguis,  wiwas y kankuamos, indígenas que conforman la Conformación Tayrona, pedían que todo su territorio ancestral estuviera libre de minería, casi 1’600.000 hectáreas, que fue reconocido en 1973 e incluye las ciudades de Riohacha, Santa Marta y Valledupar.
El conflicto surgió cuando el proyecto Minesa, que tiene como principal accionista al fondo Mubadala de Emiratos Árabes, pidió una licencia para desarrollar una explotación minera de extracción de oro en las inmediaciones del páramo, una región natural protegida que además provee de agua a los municipios próximos.

Recordemos que esta movilización comenzó con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprimiendo a 400 indígenas que estaban en Valledupar reclamando pacíficamente por el incumplimiento de los acuerdos de la Minga, exigiendo respeto a su territorio sagrado de la Sierra Nevada que está siendo amenazado por la minería.

 

Record adverso

Colombia tiene el triste record de ser, según un informe de La ONG inglesa Global Witness, el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil en tener la mayor cantidad de muertes de “ambientalistas”. (1)

El informe indica que oponerse a la minería fue lo que más cobro vidas en 2016, cosa que no ha cambiado durante 2017. Para dar un ejemplo: el 8 de noviembre fue asesinado por un grupo desconocido el líder campesino Albert Martínez de la COCCAM y Marcha Patriótica en Cajibío, Cauca. Mientras que el 16 de noviembre, en Isnos, Huila, sicarios asesinaron a Yimi Cerón, hijo del líder campesino Silvio Cerón, miembro del CNA y del Congreso de los Pueblos.

En el Chocó denuncian que viene aumentando la presencia y amenazas de paramilitares con la permisividad de las Fuerzas Armadas en distintas partes. Reportan el asesinato de Antonio Galviz y Víctor Medina en San José del Palmar, y el 13 de noviembre fue asesinado Miguel Tascón, en la Italia, del cual se aclara, fue asesinado por paramilitares y no por el ELN.

Finalmente, el 17 de noviembre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) rindió un Informe en donde demuestra la preocupación por el incremento del asesinato y amenaza a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia. Además de denunciar más de 78 asesinatos en el año y más de 1.500 campesinos desplazados, asegura que existe un patrón en los asesinatos, que demuestra su sistematicidad, realidad que el gobierno se ha empeñado en negar. (2)

1 https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/2016-el-ano-con-mas-lideres-ambientales-asesinados-en-colombia-articulo-702985.

http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/militancia/1346-la-situacion-humanitaria-aun-no-mejora

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