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Amnistía Internacional: “La violencia contra defensores del medio ambiente ha pasado los límites aceptables”

La persecución y asesinato de defensores del medio ambiente se ha cuadruplicado entre 2002 y 2017 en el mundo. El caso de Alejandro Castro, dirigente sindical de los pescadores de Quintero, es una nueva investigación que se abre en medio de la crisis ambiental del borde costero.

(Francisco Velásquez – DiarioUChile) Chile - La muerte de Alejandro Castro, representante del sindicato de pescadores S24 de Quintero, ha generado versiones encontradas entre la comunidad y la Policía de Investigaciones, ya que la familia del joven ha descartado la posibilidad de que esto sea un suicidio y ha planteado que el activista habría recibido amenazas por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Al caso de Alejandro se suma la muerte de otros activistas que han luchado en un entorno de conflicto socio ambiental y que su fallecimiento no ha sido del todo aclarado. Un ejemplo de esto es la muerte de Macarena Valdés, mujer que luchó contra la instalación de una central hidroeléctrica de la empresa RP Global y Saesa en el sector de Panguipulli.

La persecución que viven ambientalistas en Chile no es un caso particular de nuestro país, sino que es generalizado en el mundo, es más, un informe de la ONG Global Witness, publicado en febrero de 2017, dio cuenta de que 207 activistas ambientales fueron asesinados en el mundo. Este tipo de crímenes se ha cuadruplicado desde 2002, año en que esta organización comenzó a recopilar este tipo de estadísticas.

Es más, el 60 por ciento del total de muertes durante el pasado año ocurrió en Latinoamérica, y por primera vez, el sector agrario se impuso sobre el minero para convertirse en el más sangriento, con al menos, 46 asesinatos relacionados con esta actividad.

Esto no se aleja de nuestra realidad, ya que han sido reiteradas las denuncias hechas por activistas de Petorca, como Rodrigo Mundaca y Carolina Vilches, producto de las amenazas que han recibido en sus casas por denunciar la usurpación de agua en el territorio por parte de las empresas agroexportadoras.

Roberto Morales, Vocero de Amnistía Internacional, explica que la situación latinoamericana en términos de “la violencia en contra de defensores de derechos humanos de la tierra y el medio ambiente ha pasado los límites aceptables en todas circunstancias y hay muchos casos en que han sido asesinados impunemente, porque sus países y gobiernos no generan las investigaciones exhaustivas y rápidas que se merecen. En el caso de Chile, los defensores del medio ambiente están absolutamente vulnerables, porque no tienen ningún elemento de respaldo que les permita desarrollar su acción ciudadana y política en un ambiente donde puedan tener la seguridad de que no van a ser ni violentados ni asesinados por una persona o grupos.

Violaciones sistemáticas de los derechos humanos

Desde el año 2011 el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la situación de Quintero y Puchuncaví. Este organismo ha realizado dos misiones de observación en el territorio y ha logrado constatar diferentes violaciones derechos humanos.

Roberto Morales, vocero del Instituto Nacional de Derechos Humanos explicó que luego de culminar la campaña de observación, en la que se desarrollaron entrevistas a la población y se reunieron con diferentes organizaciones civiles “se pudo constatar la afectación de una serie de derechos; a vivir en un ambiente libre de contaminación, a la integridad física y psíquica, a la educación, e incluso a manifestarse de forma pacífica”.

El que el INDH haya constatado la vulneración del derecho a manifestarse pacíficamente habla sobre los episodios de violencia que han debido soportar los habitantes de Quintero y Puchuncaví después de la llegada de Fuerzas Especiales de forma permanente al territorio. Esto incluso es materia de investigación por las diferentes denuncias que recibió el INDH mientras desarrollaba su terreno.

Por otra parte, el INDH presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de las instituciones fiscalizadoras del Estado en materia medioambiental puesto que la situación existente se podría haber evitado, asumiendo que, si las diferentes instituciones fiscalizadoras y gubernamentales hubieran hecho su trabajo, la contaminación del borde costero no habría llegado a cerca de 1200 intoxicados

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