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La caída de la “Operación Tauro” y sus huellas en la comunidad mapuche Rodrigo Melinao

Meses de prisión preventiva por delitos que no logran acreditarse. Una situación judicial que conocen varios comuneros mapuche y, en especial, el dirigente Hugo Melinao, que ya de regreso en su comunidad en La Araucanía, afirma que “es un tema que afecta a todos los presos políticos, donde el Estado chileno sabiendo que se equivoca, no repara su perjuicio”.

(Natalia Figueroa – Radio Uchile) Chile - “Ni el Ministerio Público ni la Intendencia de la Araucanía presentaron un recurso de nulidad por la causa. Ganamos”. Con esas palabras, el jueves 12 de octubre, el abogado defensor del comunero mapuche Hugo Melinao Licán, José Luis Correa, informó sobre el cierre definitivo de la denominada “Operación Tauro”. Se ratificó la absolución de los cargos que la Fiscalía le imputaba al dirigente por el supuesto delito de formación de milicias y tenencia de armas de fuego y municiones.

La Operación, que llevó ese nombre por la marca brasileña de armas de fuego Taurus, se inició con un mediático allanamiento a su comunidad Rodrigo Melinao, el 24 enero de este año, lo que también se replicó en la comuna de Reinaco, en la misma región, en Castro en Los Lagos y en Macul, en la Región Metropolitana. Pero el control policial en la zona venía de días antes en los supuestos puntos estratégicos donde habría operado la “escuela de guerrillas en el Wallmapu“.

El procedimiento se enmarcaba en la tan bullada acción contra los autores de la “violencia rural” y que tanto la Intendencia de La Araucanía como el Director Nacional de Inteligencia de Carabineros, General Inspector Gonzalo Blu, y el Jefe de la IX Zona Araucanía, General Christian Franzani, han catalogado como una política prioritaria para la región.

Pero lo que al comienzo ingresó por el supuesto delito de formación de milicias privadas luego fue recalificado por el propio Ministerio Público y los dos imputados en la causa, Hugo Melinao y Michel Escobar, finalmente fueron indagados por la eventual tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Las causas quedaron separadas y, en el caso de Escobar, hasta ahora se mantiene detenido en la cárcel Santiago 1, en la Región Metropolitana, y su proceso está en curso.

Para el jurista José Luis Correa queda en evidencia lo desprolijo de la actuación de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que desarrolló esta diligencia y lo arbitrario de la imputación que se le hizo al dirigente mapuche. “En definitiva, pudimos probar que nunca tuvo participación por una supuesta escopeta antigua que encontraron en el predio por los hechos que se le acusaban”.

“Este es un tema que afecta a todos los presos políticos que pasamos largo tiempo enfrentando la cárcel. El Estado, sabiendo que se equivoca, no paga nada por ese perjuicio. Y si fueran tan conscientes del pueblo- nación mapuche entonces si repararían ese daño, pero sólo les interesa explotar acá. Yo voy a partir de cero, dignamente voy a trabajar como siempre lo he hecho por mi familia y por mis cuatro hijos y también para costear mi abogado que son saldos pendientes que a uno le van quedando”, comenta el dirigente mientras se sirve mate sentado en la mesa del comedor.

Durante los meses en que el dirigente estuvo recluido siguió articulando la defensa de su comunidad, principalmente, la protección del territorio ante la arremetida de las empresas forestales, donde la forestal Arauco y Mininco concentran el monocultivo en el sector.
La atención ahora esta puesta en el proyecto “Parque Eólico Los Trigales”, que se ubicaría a un kilómetro y medio de Pailahueque.

Por tratarse de una central que superaría la generación eléctrica de 3 Mega Watts (MW), el titular Atacama Energy debió ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – a cargo de la consultora Inerco- que fue aprobado en marzo de 2016 por la autoridad regional competente. Según el documento visado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el proyecto abarcaría una superficie total de 39 hectáreas donde se ubicarían 43 generadores eólicos. Las dimensiones de esas torres podrían alcanzar los 120 metros de altura con aspas de hasta 65 metros de longitud. “En algunos momentos han tenido la intención de iniciar la instalación, pero como nosotros estamos al tanto no lo hemos permitido”, enfatiza el dirigente.

Sin la autorización del municipio no podrían operar las obras asociadas como una sala de control, servicios higiénicos, planta de Tratamiento de Aguas Servidas, estanque de Agua Potable, Bodega de Almacenamiento de Insumos y de Residuos.

El proyecto eólico tendría una inversión superior a los 300 millones de dólares y, como lo solicita la institucionalidad ambiental, también plantea su “contribución” a la zona. Indican que la central desarrollaría a las comunidades mapuche vecinas al proyecto de Pitriqueo, Pichilén, Pinoleo y Los Lolocos, dentro del marco de un Plan de Relacionamiento Comunitario y, además, aportaría con puestos de trabajo porque en las etapas de construcción y operación del proyecto necesitarían demanda de mano de obra local no calificada.

“Han pasado por encima de los cementerios indígenas, echan abajo árboles que tienen más de cien años. Para construir el parque eólico ya destruyeron hectáreas de árboles nativos”, comenta con desazón el comunero.

Pero la comunidad sabe que posiblemente van a pasar diez o quince años antes de que comiencen a desaparecer las aves silvestres, escaseen alimentos o que ya no se reconozcan los árboles autóctonos, como el ulmo o el coigüe (koywe en mapudungun significa ´lugar de mucha agua´).

Nota completa: http://radio.uchile.cl/2017/10/13/la-caida-de-la-operacion-tauro-y-sus-huellas-en-la-comunidad-mapuche-rodrigo-melinao/

 

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