El cautiverio de Víctor Ancalaf
(Greta Di Girolamo – The Clinic) Chile - En 1997 se aprobó la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el río Biobío por parte de la empresa Endesa España. El proyecto implicaba la inundación de 3.400 hectáreas en el sector Alto Biobío, a 120 km. al sureste de Los Ángeles, sobre terrenos donde vivían cerca de 90 familias de origen pehuenche. Como compensación, Endesa ofreció pagar sumas que rondaban los 10 millones de pesos y reubicar a los habitantes en los fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura. La mayoría firmó el acuerdo, pero cuatro familias se negaron rotundamente a dejar sus tierras. Para impedir la construcción pidieron apoyo en otras comunidades mapuche.El llamado llegó hasta Víctor Ancalaf, werken –mensajero de la comunidad- mapuche y ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco. Junto a otros dirigentes, Ancalaf se instaló a vivir en el Alto Biobío por cerca de dos años y formo parte de la resistencia junto a otras 400 personas.
Fue así como, en el punto más crítico de la resistencia, se llegó a quemar algunos de los camiones que acarreaban los materiales de construcción de la represa, situación que derivó en enfrentamientos violentos con guardias privados de la empresa y Carabineros. El 19 de marzo de 2002 Esteban Krause, entonces gobernador de la provincia del Biobío, presentó un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Concepción para investigar y sancionar a los responsables de tres hechos que calificaba como terroristas. Víctor Ancalaf figuraba como sospechoso en todos. La policía de investigaciones comenzó a seguirlo.
Ancalaf recuerda que fueron diez hombres los que lo tiraron contra el pavimento luego de quitarle el bolso que llevaba. Se retorció por los golpes hasta quedar absolutamente inmovilizado por el dolor. Fue entonces cuando uno de los tipos lo esposó y él comprendió que sus captores no eran ladrones sino policías de civil. Algunos incluso llevaban chupallas.
Cuenta que fue arrastrado al interior de una camioneta en la que lo trasladaron hasta la comisaría de Temuco. Una vez en el calabozo, dice que lo manguerearon con agua fría para borrar la sangre que seguía brotando de su boca. Eso fue el 6 de noviembre del año 2002. A las cinco de la tarde del mismo día ya lo habían trasladado a la prisión de alta seguridad El Manzano, en Concepción, donde estuvo cinco días incomunicado. La justicia finalmente lo condenó a cinco años de prisión luego de asegurar que había participado en el atentado incendiario del 17 de marzo de 2002.
Criminalización
“Fue una resistencia de lucha para proteger el río, proteger el patrimonio de los pehuenche, y no tenía nada que ver con la violencia del terrorismo del que tanto hablan los chilenos, los empresarios, agricultores y políticos. A nosotros nunca se nos ha pasado por la mente utilizar bombas, es un método demasiado agresivo y que causa daño a gente que no tiene nada que ver con lo que uno está planteando. Es derramar sangre inocente”, afirma hoy Ancalaf.
Tras recibir la sentencia, en 2004, su abogado, Sergio Fuenzalida, presentó un recurso de casación y también un recurso de queja. Ambos fueron rechazados. “El delito de terrorismo está para sancionar conductas extremadamente graves, es absurdo que la quema de un camión sea constitutivo de terrorismo. Tergiversaron completamente el concepto y se utilizó la Ley Antiterrorista como mecanismo de represión a grupos sociales”, dice Fuenzalida, quien en ese entonces decidió contactarse con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El CEJIL envió una solicitud el 20 de mayo de 2005 para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara sobre el caso.
La historia de Víctor Ancalaf no fue la única en llegar al derecho internacional. Siete activistas relacionados a la causa mapuche también habían sido procesados bajo la Ley Antiterrorista por hechos ocurridos entre los años 2001 y 2002 en las regiones del Biobío y La Araucanía. Después de analizar los casos, en 2010, la comisión concluyó que se aplicó una normativa con “una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria”. Como el Estado no cumplió con las recomendaciones que en su momento dio el organismo, el proceso se delegó directamente a la Corte Interamericana. El fallo final, notificado el 29 de julio de este año, fue en favor de los ocho dirigentes y obliga al Estado chileno a anular todas las condenas.
Nota completa: http://www.elciudadano.cl/2014/10/21/120819/el-cautiverio-de-victor-ancalaf/