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Guatemala: una esperanza para indígenas en América Latina

Una lucha por la defensa de sus territorios, impulsada por comunidades indígenas maya q’eqchi’, en el este de Guatemala, podría sentar un precedente histórico para los pueblos originarios de América Latina porque les aseguraría no solo su derecho a disponer de sus tierras sino también de sus recursos naturales, negado por siglos.

Eso podría suceder si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica, falla a favor de esas comunidades involucradas en un litigio por la defensa de sus territorios ancestrales y por ser los actores de su propio destino y desarrollo.

Esa lucha es contra una mina de níquel operada desde 2011por el transnacional Grupo Solway Investment, asentado en Guatemala en tierras que esas comunidades consideran propias, en el municipio de El Estor, en los alrededores del lago de Izabal, en el departamento del mismo nombre, al este de Guatemala.

Es un proyecto privado sobre el que esos asentamientos indígenas no tuvieron voz ni voto y, además, sostienen que hay evidencias de que está contaminando los recursos naturales de la zona, dijeron abogados y activistas a IPS.

El proyecto “contamina los ríos, destruye los cerros, sin importar la vida de las personas en ese municipio”, aseguró el activista Abelino Chub, de la Asociación Maíz de Vida, en entrevista con IPS desde El Estor.

Chub, de origen maya q’eqchi, reside en El Estor y ha trabajado por años en la defensa de los territorios indígenas de esa y otras localidades de Izabal, ante la arremetida de consorcios internacionales en los rubros de níquel, banano, electricidad y petróleo, entre otros, dijo.

Por esa lucha fue detenido y encarcelado en febrero de 2017, una persecución que también han vivido de cerca otras personas que se han enfrentado a esos proyectos.

Solway Investment, con sede central en Suiza, opera la mina desde el 2011, luego de comprarla a la canadiense HudBay Minerals, que ya había obtenido en 2004 el permiso de exploración y en 2006, el de explotación.

Sin embargo, los trabajos de la mina se encuentran paralizados luego de que la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano aceptara un recurso de amparo de una gremial de pescadores de Izabal, quienes alegaron que la pesca ha sido afectada debido precisamente a la contaminación emitida por ese proyecto privado.

Además de Guatemala, Solway Investment opera en Ucrania, Rusia, Macedonia e Indonesia, y reportó en 2019 más de 1000 millones de dólares en activos totales, según su sitio oficial en internet.

En manos de la Corte

Desde 1974, más de una decena de esas comunidades de la etnia maya q’eqchi’ han intentado obtener un título de propiedad colectiva de sus tierras, ante el gubernamental Fondo Nacional de Tierras (Fontierras).

Pero el gobierno de entonces, y los que llegaron después, les negaron ese derecho, a pesar de que desde aquel año habían venido cumpliendo con todos los requisitos.

Y de hecho, en 1985 habían logrado obtener un título agrario colectivo provisional, explicó a IPS el abogado Leonardo Crippa, del Centro de recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas (ILRC, en inglés), con sede en Washington.

En 2002 las comunidades cumplieron con el último de los requisitos: el pago al Fontierras de una cuota sobre el valor de tierra, acotó Crippa desde la capital estadounidense.

Pero se recurrió a una maniobra oscura para no otorgarles ese derecho.

El Registro General de la Propiedad adujo que se había extraviado una documentación sobre ese título provisional, y exigió a las comunidades que fueran ellas mismas las que se esforzaran por reponerlo, pese a que por ley le correspondía a esa instancia gubernamental.

“El Registro permitió que se extrajera un folio que hizo desaparecer la inscripción registral y eso previno que la agencia de titulación pudiera otorgar el titulo definitivo en tiempo y en forma”, subrayó Crippa.

De modo que a las comunidades no solo les negaron ese derecho sino que les impusieron en ese territorio, y en otros del país con predominancia indígena, proyectos extractivistas, sin realizar las consultas que manda la ley, o al menos, sin realizarlas debidamente.

En el caso de la mina de níquel, “jamás preguntaron a las comunidades, nomás a los trabajadores de ese proyecto les pidieron que firmaran unos formularios en respaldo de la supuesta consulta”, acotó Chub, de 39 años.

Las actividades de la mina se realizan en terrenos que se traslapan, es decir, los límites no están claros y se entremezclan con los de las aldeas indígenas, por deficiencias en el registro y en el catastro, y hasta la fecha la discrepancia sigue abierta.

Esos asentamientos indígenas, en donde la mayoría de la población solo habla su idioma ancestral, el q’eqchi’, del tronco maya, no se quedaron de brazos cruzados.

En agosto de 2018, luego de acciones legales en Guatemala, elevaron el caso ante la CIDH, con sede en Washington.

El ILRC venía trabajando con ellos desde 2005 y tres años después ya tenían clara la estrategia: concentrarse en una de las 16 comunidades, la conocida como Agua Caliente, porque mejor representaba la causa indígena.

Ahí viven unas 400 personas aproximadamente, según un censo de 2014.

En esencia, en un informe de marzo de 2020 la CIDH reconoce la responsabilidad del Estado de Guatemala por la violación del derecho a la propiedad de esta comunidad indígena, y violación al debido proceso, entre otros derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, añadió que el Estado no tiene una ley que reconozca el derecho de pueblos indígenas en Guatemala a propiedad o dominio colectivo de sus tierras y los recursos que están bajo su posesión, avalado por convenios internacionales de los que el país es signatario.

La CIDH dijo también que el procedimiento de titulación al cual estuvo sometida Agua Caliente, por más de 45 años, no había sido efectivo porque no otorgó un título definitivo en un plazo razonable.

“Esperamos que sea una decisión histórica, que la Corte pueda decidir por primera vez sobre la soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales”, dijo Crippa, lo cual, por ser una resolución de la Corte IDH, tendría efectos regionales, más cuando sus sentencias son inapelables y sientan precedente jurídico.

Persecución estatal contra activistas

En medio de esa lucha, en octubre de 2021, el Estado de Guatemala, a través del Ministerio Público (fiscalía) y de los cuerpos policiales, persiguió a personas que lideraban las protestas contra el gobierno, por otorgar la concesión, y contra la mina.

También el gobierno estableció durante un mes un Estado de sitio en la zona del conflicto.

“Lo hizo para meter miedo a la gente, atemorizarlos”, contó Chub, que tuvo que salir del territorio debido a que temía por su vida, más que todo por la lucha contra de empresas bananeras en la zona, dijo.

Agregó, no obstante, que en esa área hay varias empresas importantes que se unen en la misma causa y promueven, todas, la persecución de activistas independientemente de si luchan contra la minería, las petroleras o las bananeras.

El hogar de Chub fue allanado el 26 de octubre, en medio del Estado de sitio. Pero él ya se había ido de ahí, a otra zona del país.

“Rompieron el candado con almádana y entraron. Lo único que encontraron ahí fue agua pura y mi quintal de maíz y mis frijolitos”, dijo.

Raúl Ico Pacham, también de origen maya q’eqchi’, tuvo que salir de Guatemala, huyendo de la persecución del Estado. Es oriundo de Livingston, uno de los municipios del departamento de Izabal, y ha sido activista del guatemalteco Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

“Mi lucha fue, más que todo, en la recuperación de nuestras tierras ancestrales que habían sido arrebatadas tiempo atrás por terratenientes y militares”, dijo Pacham en diálogo con IPS desde Nueva York, a donde llegó de manera irregular en abril de 2021 y ha pedido asilo político.

En 2016 el activista de 35 años participó con otros miembros de las comunidades indígenas afectadas en la toma de algunas tierras consideradas ancestrales, pero luego el gobierno ordenó desalojarlos, un proceso que se tornó violento en octubre de 2017.

En agosto de ese año ingresaron a su casa y robaron, aseguró, documentos de investigaciones que llevaban a cabo sobre las tierras arrebatadas.

“En 2021 estuve a punto de ser asesinado, me apuñalaron y tuve que dejar el país”, acotó.

Fuente: IPS

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