Siete de los ocho procesados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, fueron declarados culpables ayer por un tribunal de Honduras.

La Sala I del tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional por unanimidad de votos declaró culpables como coautores del delito de asesinato a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), y Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado del ejército que fue el director de seguridad de Desa hasta el 2015.

También fueron declarados culpables Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Duarte Meza y Óscar Aroldo Torres Velásquez.

Asimismo se les declaró culpables a Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Edilson Duarte Meza y Henry Javier Hernández Rodríguez a título de coautores del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del testigo protegido.

Emerson Duarte Meza fue el único de los ocho implicados que resultó absuelto por el tribunal de justicia de Honduras por no habérselo encontrado indicios en el delito de encubrimiento del que estaba acusado, según el fallo.

Todos los condenados fueron capturados por la Atic en el marco de la Operación Jaguar entre mayo de 2016 y febrero de 2017.

Según boletín del Poder Judicial, “los hechos en la fecha 2 de marzo de 2016 indican que cuando la víctima (Berta Cáceres) se encontraba en su casa de habitación en la colonia El Líbano, municipio de La Esperanza, Intibucá, en compañía del testigo protegido (el mexicano Gustavo Castro) varias personas ingresaron a la misma de manera violenta quienes portando armas de fuego dispararon contra la humanidad de la ambientalista quien murió en el acto, de igual manera lo hicieron en contra del testigo protegido causándole heridas de consideración”.

Desa obtuvo la concesión para construir la presa Hidroeléctrica Agua Zarca, al oeste de Honduras, en 2009.

La comunidad lenca, que debió ser consultada según la ley, se opuso al proyecto desde el principio bajo el argumento de que la hidroeléctrica pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad, una lucha librada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Cáceres.

Fuente: Nodal