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Brasil se rebela contra el proyecto de Ley del "veneno"

"PL del Veneno", así han bautizado en Brasil a un polémico proyecto de ley que pretende flexibilizar el uso de los "agrotóxicos" en el campo, en medio de un fuerte rechazo de organismos oficiales, grupos opositores y activistas al considerarlo un riesgo para la salud y el medioambiente.

(La Vanguardia) Brasil - La iniciativa fue aprobada a finales de junio en una comisión especial de la Cámara de los Diputados y aún debe ser analizada por el pleno del órgano legislativo, pero ya ha levantado una enorme polvareda en el gigante sudamericano.

El proyecto propone eliminar la denominación "agrotóxico" y usar el término "pesticida". En el texto original incluso se propuso la palabra "producto fitosanitario", pero se descartó finalmente.

El cambio puede parecer banal, pero de aprobarse facilitaría el registro de sustancias hoy prohibidas y, en algunos casos, compuestas por elementos cancerígenos, según las entidades reguladoras.

Además, bajo el pretexto de reducir la burocracia, la iniciativa pretende concentrar en el Ministerio de Agricultura las competencias de registro, reglamentación y revaluación de los "agrotóxicos", excluyendo a los órganos gubernamentales del sector salud y medioambiente.

Para el procurador Marco Antônio Delfino, "la mayor inconstitucionalidad" del texto es el hecho de que "el orden económico" esté por encima de los derechos de "protección al medioambiente" y "salud del consumidor".

"Es un proyecto kamikaze, que transfiere un riesgo desconocido y una posibilidad enorme de daño a costa del privilegio de una pequeña camada de personas, que se creen que están por encima de la ley", afirmó en declaraciones a Efe.

"Lo que está ocurriendo es que una determinada parcela de productores rurales, consciente de su peso político, están usando" esa influencia "para la obtención de alternativas más baratas, que no serán menos tóxicas".

El titular del Ministerio de Agricultura es Blairo Maggi, un importante empresario agropecuario con negocios en el sector de la soja, investigado por corrupción y autor en 2002 del proyecto original.

Bloqueado durante años, el proyecto volvió a tomar fuerza tras la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder a mediados de 2016 del que era su vicepresidente, Michel Temer.

"Hoy existen casi dos mil productos que están en la cola para ser analizados, hoy está demorando de tres a ocho años para aprobar un producto, nosotros no queremos eso", dijo el diputado Luiz Hiloshi Nishimori, instructor de la iniciativa.

También indicó que no pretende "colocar veneno" en el plato de nadie y que aún está prevista la actuación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para productos que presenten un riesgo "inaceptable" a la salud y al medioambiente.

Sin embargo, Anvisa, que ha criticado duramente la medida, citó nueve sustancias prohibidas en Brasil que no se encuentran en esa categoría de riesgo "inaceptable" y que podrían ser liberadas.

Esos nueve pesticidas, según la entidad, son potencialmente cancerígenos, provocan mutaciones genéticas, daños al aparato reproductor y desregulaciones en el sistema hormonal del ser humano.

El rechazo de Anvisa se une a la del Instituto Nacional do Cáncer (Inca), vinculado al Ministerio de Salud; el Instituto Brasileño de Medioambiente (Ibama); la Fiscalía; la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), además de activistas y grupos opositores.

Artistas e intelectuales también se han movilizado en redes sociales en los últimos días, entre ellos Caetano Veloso, y han reunido ya cerca de un millón de firmas.

No respeta "las cuestiones de la salud y el medioambiente porque hay una serie de cuestiones en aquel proyecto que trabajan en una dirección para que sea el mercado el orientador en el uso de agrotóxicos en Brasil", explica a Efe Guilherme Franco Netto, especialista de salud, ambiente y sostenibilidad de Fiocruz.

La votación en la comisión especial de la Cámara Baja ocurrió a puerta cerrada, según denunciaron partidos opositores, que acusan a Temer de plegarse al interés de los grandes productores agropecuarios.

Netto afirma, por su parte, que el "coste social y económico es extremadamente alto" y opta por "fortalecer la legislación actual" y acelerar el trámite de otra iniciativa que precisamente pretende todo lo contrario: reducir el uso de pesticidas.

 

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