Después de la llegada de la reforma de la Seguridad Social al Congreso Nacional, la próxima amenaza que golpea la puerta de los trabajadores brasileños puede ser ingresada esta semana al Legislativo: la reforma laboral.
La agenda ya moviliza sindicatos de trabajadores, preocupados con el contexto de flexibilización de derechos. Pero, para ellos, el peligro no proyecta exactamente una novedad: según levantamiento del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (Diap), se han ingresado más de 60 propuestas que buscan limitar derechos laborales en el Legislativo federal.
Tales iniciativas legislativas, sumadas a lo que el gobierno federal intentar implantar, pueden resultar en: jornada de trabajo intermitente, con el trabajador quedando enteramente a disposición del patrono y recibiendo pago apenas por las horas trabajadas, cuando fuera reclutado; contratos temporales con validez de 180 días; despidos más baratos, con reducción de la multa del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS); entre otros cambios.
Una de las principales propuestas que encienden los ánimos entre gobierno y opositores es la que instituyó la soberanía de lo negociado sobre lo legislado. Eso significa que patronos y empleados quedarían libres para promover negociaciones por fuera de la legislación laboral. Para los críticos de la propuesta, la medida es peligrosa porque tiende a vaciar derechos históricos asegurados en la ley.
Una de las propuestas gobiernistas más controversiales es permitir la contratación de tercerizados en cualquier ramo de actividad de las empresas. Con las reglas actuales, y conforme lo entiende el Tribunal Superior de Trabajo (TST), la tercerización está restringida a actividades de soporte, como seguridad y servicios de limpieza.
Frente al avance de las propuestas de reducción de derechos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, los sindicalistas prometen una mayor articulación en el sentido de combatir estas iniciativas.
Fuente: Cristiane Sampaio - Brasil de Fato