La mafia al gobierno, el mercado al poder

Ninguna imagen podría reflejar mejor lo que está sucediendo en Brasil que la primera foto de familia del presidente interino Michel Temer con su gabinete: recién salida del túnel del tiempo, la imagen es el retrato perfecto de la «casa grande», de la vieja oligarquía que festejaba la recuperación absoluta de un poder del que nunca fue desplazada del todo pero que ahora no deberá compartir con nadie. Por primera vez desde la dictadura militar, no había ninguna mujer, ninguna persona de piel negra, ningún trabajador.

(Bruno Bimbi - Nueva Sociedad) Brasil - Los nuevos ministros forman un grupo homogéneo de señores mayores, ricos, blancos, cristianos, conservadores, terratenientes, gerentes de bancos y empresarios con pocos cabellos, casi ninguna barba, algunos pocos bigotes de estilo militar, varias causas por corrupción, trajes caros y muchas corbatas repetidas.
Pero en Brasil pasan esas cosas: el diputado Fernando Lúcio Giacobo, del evangélico Partido de la República, que ocupa la vicepresidencia de la Cámara y votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff, dice que ganó la lotería 12 veces seguidas. Giacobo ascendió a vicepresidente cuando Waldir Maranhão (otro con más prontuario que currículum), tuvo que ocupar la presidencia porque el anterior presidente, Eduardo Cunha, aliado de Temer («Las tareas difíciles se las encargo a Cunha», había declarado el presidente interino) y principal impulsor del juicio político a Rousseff fue apartado del cargo por decisión unánime de la Corte Suprema. Cunha está procesado por corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión fiscal, y la justicia suiza informó a la brasileña que tenía cuentas bancarias no declaradas en ese país con millones de dólares que no puede explicar de dónde salieron. Delatores de la operación «Lava jato» lo acusaron de haber recibido 52 millones de reales (casi 15 millones de dólares) de coimas en 36 cuotas en apenas uno de los casos en los que está siendo investigado. Cunha llegó a la presidencia de la Cámara derrotando a los candidatos del oficialismo y la oposición de derecha, apoyado por el «bajo clero» parlamentario y los bloques evangélico, ruralista y de la «mano dura», gracias a las generosas donaciones de campaña que negociaba para diputados de diferentes partidos como lobista de empresas y corporaciones. El lavado de dinero de la corrupción lo hacía a través de iglesias evangélicas y empresas off shore en paraísos fiscales. Llegó a la cima del poder en los años 90 con PC Farias, el cajero de Collor de Melo, fue el principal arquitecto político del golpe contra Dilma y ahora está a un paso de ir preso.
Si al gabinete de Temer le faltan mujeres y negros, puede decirse que le sobran condenados, procesados e investigados. Siete de los veintitrés están citados en el expediente Lava jato, sospechados de haber recibido coimas de empresas constructoras. No alcanzan los caracteres de esta nota para detallar el prontuario completo del equipo del presidente interino, así que daremos apenas algunos ejemplos.
El jefe de gabinete, Eliseu Padilha, está acusado por el Ministerio Público por ordenar pagos por dos millones de reales (560.000 dólares) con sobreprecios a una empresa cuando fue ministro de Transportes de Fernando Henrique Cardoso. «Tratamos de buscar mujeres para el gabinete, pero no fue posible», fue una de sus primeras declaraciones a la prensa tras asumir su nuevo cargo. El ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, aparece en conversaciones telefónicas de Cunha con el presidente de la constructora OAS, grabadas por la justicia, mencionado como beneficiario de coimas y también fue delatado por el «arrepentido» Paulo Roberto Costa, exdirectivo de Petrobrás, con quien se reunió varias veces según los registros de la empresa. A fines del año pasado, la Policía Federal allanó su vivienda.
Investigado por la Corte a pedido de la Procuración General de la República, el ministro de Planificación, Romero Jucá, uno de los hombres más cercanos a Temer, fue acusado por el presidente de la constructora UTC de haber pedido a la empresa un millón y medio de reales (unos 420.000 dólares) por la adjudicación de la construcción de una usina nuclear. También está acusado de recibir otros quince millones de reales (4.200.000 dólares) de coima en otro caso, investigado en el marco de la operación «Zelotes» de la Policía Federal. Pero a poco de asumir, Jucá tuvo que renunciar por una grabación divulgada por la Folha de São Paulo en la que se lo escucha negociando, antes de la votación del impeachment de Rousseff, un acuerdo para acabar con las investigaciones del petrolão: «Hay que cambiar el gobierno y parar esta sangría», dice claramente. En otra parte del diálogo con un exdirectivo de Petrobras, Jucá asegura que conversó con jueces de la Corte, con generales de las Fuerzas Armadas y con Temer y que la única forma de parar las investigaciones era destituyendo a la Presidenta y haciendo un «pacto nacional» para «parar todo». Y agrega: «Mientras Dilma esté ahí, esta porra no termina nunca». Se acusaba a la presidenta suspendida de no presionar a la policía y a los fiscales y permitir que investiguen a la clase política. El acuerdo era poner a Temer en su lugar y proteger a todos los políticos investigados.
Al flamante secretario de Gobierno de la Presidencia, Geddel Vieira Lima, la Policía Federal lo investiga por negociar coimas con la constructora OAS. En el celular de un directivo de la empresa que está detenido aparecen varios mensajes de texto intercambiados con el ministro negociando contratos y comisiones. Bruno Araújo, el diputado del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centroderecha) que dio el voto número 342, decisivo para el inicio del juicio político a Dilma, fue premiado por Temer con el Ministerio de las Ciudades. Y también está siendo investigado: su nombre aparece en la planilla que la «gerencia de coimas» de la constructora Odebrecht usaba para registrar los pagos a políticos, secuestrada en un allanamiento en la sede de la compañía. También aparece en esa lista el nuevo ministro de Salud, Ricardo Barros, condenado en 2001 por la justicia por fraude al Estado cuando era intendente de su ciudad. Y también el nuevo Ministro de Educación, Mendonça Filho, exdiputado del derechista Demócratas (DEM), partido heredero del viejo Alianza Renovadora Nacional (ARENA), fundado por los partidarios de la última dictadura militar. En 2009, Mendonça Filho fue investigado en el marco de la operación «Castelo de Areia» de la Policía Federal por haber recibido 100.000 reales (28.000 dólares) de la constructora Camargo Corrêa. Condenado por el desvío de 133 millones de reales (37 millones de dólares) de los comedores escolares de Alagoas cuando era ministro de Educación de ese estado, Mauricio Quintella fue elegido por Temer para el Ministerio de Transportes. La lista podría seguir.
Pero el género, el color de piel y la corrupción no son los únicos denominadores comunes del gobierno «interino» de Temer: su gabinete es el más conservador, elitista y derechista desde la época de la dictadura. El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, «premiado» por Greenpeace con los títulos «motosierra de oro» y «enemigo público número uno del medio ambiente» en 2006, es uno de los herederos del Grupo André Maggi, uno de los mayores productores de soja del mundo, y representa los intereses del agronegocio en el nuevo gobierno (que también estaban muy bien representados en el anterior por la exministra de Dilma, Kátia Abreu). El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, simboliza como pocos la política de mano dura y represión contra movimientos sociales; fue responsable por la represión a los estudiantes secundarios en San Pablo, está acusado de falsificar las estadísticas de homicidios cometidos por la policía de ese estado y fue abogado de cooperativas vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC), una de las más poderosas organizaciones criminales del país. El ministro de Desarrollo Social, Osmar Terra, es el principal defensor de la política de internación compulsiva de usuarios de drogas y enemigo de la legalización de la marihuana. El ministro de Salud, Ricardo Barros, usaba sus spots de TV cuando fue candidato a diputado para hacer campaña contra el matrimonio gay y el aborto y, cuando fue relator del presupuesto en el Congreso, quiso recortar los fondos del programa social «Bolsa Familia». El ministro de Industria y Comercio, Marcos Pereira, es obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios (la mafia internacional fundada por Edir Macedo), ultra homofóbico y defensor del «creacionismo». El ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, es pastor de la Asamblea de Dios y defensor de un proyecto de ley impulsado por otro aliado de Temer que pretende obligar al Colegio Federal de Psicólogos a aceptar tratamientos para «curar» la homosexualidad. El ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Sérgio Etchegoyen, es hijo de un represor de la última dictadura y fue el primer general en actividad de las Fuerzas Armadas que atacó públicamente las investigaciones de la Comisión Nacional de la Verdad, creada por Dilma para investigar los crímenes del gobierno militar. El ministro de Educación Mendonça Filho milita en el partido que fue a la Corte para tratar (sin éxito) de acabar con las políticas afirmativas para el ingreso de negros a la universidad. Otra vez: la lista podría seguir.
En apenas una semana, el nuevo gobierno ya dejó en claro a qué viene. Las medidas que comenzaron a ser anunciadas por ese gabinete digno de una película de terror con guión de Stephen King explicitaron rápidamente un proyecto radical de restauración conservadora. Y es ahí donde la palabra «golpe» adquiera su sentido más profundo.
Nota completa: http://nuso.org/articulo/brasil-la-mafia-al-gobierno-el-mercado-al-poder/

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