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Indígenas brasileños, ¿doblegados por Belo Monte?

El etnocidio, la nueva acusación contra la central hidroeléctrica Belo Monte, realza dimensiones más profundas de los conflictos y polémicas desatadas por los megaproyectos en construcción o planificados para la Amazonia brasileña.

(Mario Osava – IPS) Brasil - La fiscal Thais Santi, del Ministerio Público Federal (MPF), anunció para “dentro de algunas semanas” una acción judicial contra Norte Energía, la empresa concesionaria de la central, con el argumento de que sus iniciativas para silenciar la resistencia indígena configurarían ese crimen.
“Será una innovación jurídica en Brasil”, alabó Wilson Matos da Silva, un abogado directamente interesado en ese “proceso pionero”, como indígena del pueblo guaraní que ha reflexionado sobre el tema en publicaciones de Dourados, la ciudad del oeste brasileño donde vive.
“No hay una legislación brasileña para etnocidio, un neologismo utilizado por analogía al genocidio, este sí tipificado en una ley de 1956”, aclaró. “El objeto del crimen no es la vida, sino la cultura, pero el objetivo es el mismo, destruir un pueblo”, acotó el defensor de causas indígenas.
“El etnocidio solo ocurre con omisión del Estado, por tanto involucrado en un potencial juicio”, matizó.
El tema se debate hace tiempo, especialmente entre antropólogos, en foros y cortes internacionales. La novedad en Brasil es llevarlo al ámbito judicial, “una iniciativa loable” que podría generar una jurisprudencia importante, concluyó en entrevista telefónica con Tierramérica.
Belo Monte fue hasta ahora blanco de muchas denuncias que buscaban trabar su construcción. La empresa es acusada de incumplir medidas exigidas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, para compensar o mitigar impactos de la obra, que represará el río Xingú para generar 11.233 megavatios, lo que la convertirá en la tercera central del mundo.
Los 22 procesos abiertos por el MPF no lograron paralizar la obra, pero sí la ejecución de algunas exigencias ambientales, como la compra de tierras para la Comunidad Indígena Juruna del Kilómetro 17, en la carretera Transamazónica, expuesto al trajín de la obra al vivir en un área muy cercana y demasiado pequeña.
“No hay condiciones para la Licencia de Operación”, la autorización final para que Belo Monte pueda llenar sus embalses y comience a generar electricidad a principios de 2016, concluyó el no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA) en un informe divulgado el 29 de junio.
Están pendientes o incompletas muchas de las 40 exigencias iniciales, definidas antes de la subasta de la concesión en 2010, y también de las 31 “condicionantes” del componente indígena, arguye el ISA, muy activo en la cuenca del Xingú.
La protección de los territorios indígenas es una de esas fallas, reflejada en el aumento de la extracción ilegal de maderas e invasión de cazadores, ejemplifica.
Norte Energía alega haber invertido el equivalente a 68 millones de dólares en beneficio de los cerca de 3.000 habitantes de las 34 aldeas existentes en las 11 tierras indígenas bajo influencia de Belo Monte.
“Pero los indígenas están insatisfechos, porque poco se ejecutó del plan, de las 34 Unidades Básicas de Salud prometidas, aún no funciona ninguna”, se quejó Francisco Brasil de Moraes, coordinador encargado en el Medio Xingú de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de apoyo a la población originaria.
Tampoco avanza el proyecto de actividades productivas, una prioridad por tratarse de  la seguridad alimentaria y fuente de ingresos, añadió. Falta asistencia técnica para mejorar la agricultura y pocas de las 34 “casas de harina” comunitarias, para moler y tostar la mandioca (yuca), están en operación.
Otra medida indispensable, el Plan de Protección de las Tierras Indígenas, que prevé la instalación de bases operacionales y puestos de vigilancia, no es asumida por Norte Energía y “Funai no tiene recursos para esa gestión territorial”, lamentó Moraes a Tierramérica.
Pero las acciones que justifican la acusación de etnocidio ocurrieron o empezaron antes de esos proyectos en marcha, aunque con atrasos, que componen el llamado Plan Básico Ambiental-Componente Indígena.

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