Nos gritaban: indio visto, indio muerto
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- Categoría: Bolivia
- Publicado: Martes 06 de Marzo de 2012
(Otramérica) Panamá - “Me agarraron por el pelo y me tiraron al piso, me tiraron gas en los ojos, mientras me daban golpes en todo el cuerpo y me decían que no gritara. Me arrastraron hasta el carro de la policía y me amarraron los brazos hacia atrás. Así estuve muchas horas. Los policías me decían que todos iban a ser maridos míos, discutieron largo rato para ver quién era el que me iba a violar, hasta que uno dijo que solo él iba a hacerlo.
En el bus se pusieron en rueda y el violador se tapó la cara para que no se la pudiera ver, empezó a forcejear conmigo, hasta que me pusieron un arma en el pecho y me amenazaron que me iban a matar si no dejaba de gritar y no lo dejaba violarme. Me desnudaron delante del grupo y mientras me violaba los otros también se reían, me tocaban y decían cosas vulgares”. Este es uno de los testimonios recogidos por el equipo de campo que ha realizado el primer informe de DDHH sobre los graves sucesos registrados entre el 4 y el 7 de febrero de 2012.La Coordinadora de Mujeres Indígenas de Panamá (Conamuip), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Alianza Ciudadana Por Justicia / CEASPA y la Comisión de Justicia y Paz son las organizaciones firmantes de un informe basado en entrevistas directas a víctimas y organizaciones sociales y gremiales de la zona afectada.
Entre las principales constataciones, se denuncia “al menos 15 tipos de violaciones a los DDHH, todas ellas presuntamente cometidas por agentes del Estado” y se señala que “gran parte de los manifestantes eran mujeres y menores de edad, ya que familias enteras bajaron de sus comunidades hasta los puntos de movilización”. También se indica que “no existen indicios que las personas convocadas por la Coordinadora y las autoridades tradicionales hayan utilizado armas letales. Solo usaban piedras para defenderse”, pero sí hay “indicios de que el Estado, además de medios y procedimientos para el control de multitudes y disturbios civiles, utilizó tácticas militares y armas letales, o armas no letales en forma letal”. Por si fuera poco, las fuerzas de seguridad “utilizaron buses del MEDUCA [Ministerio de Educación] para privar de libertad, maltratar y trasladar a los centros de detención a las y los ciudadanos indígenas detenidos”.
El informe detalla los derechos humanos vulnerados y los ordena por categorías señalando pruebas y testimonios en las violaciones del derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad sexual de las mujeres, a la libertad de expresión, a las garantías constitucionales, al debido proceso, a la igualdad ante la ley (no discriminación), a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la libertad personal, a la circulación, a la propiedad privada, a la protección de la niñez y la adolescencia, a la protección a personas con discapacidad, a la salud y a los derechos específicos de los pueblos indígenas.Hay que recordar que durante la brutal represión fueron asesinados por impacto de armas de fuego dos de los manifestantes, uno de ellos con discapacidad mental.
No hay procesos abiertos contra los responsables intelectuales ni materiales de estos graves hecho, como tampoco se ha procesado a los funcionarios involucrados en la represión letal de las manifestaciones indígenas en Bocas del Toro a mediados de 2010.
“Es evidente la violencia racista que se dio. Bastaba con que te vieras como indígena o tuvieras rasgos parecidos para que te detuvieran. Muchas mujeres se quitaron las naguas y se vistieron con ropa latina”
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones que han realizado el informe exigen la constitución de una “Comisión Penal para dar seguimiento a los expedientes y corroborar si la investigación del Ministerio Público cumple efectivamente con las normas y procedimientos establecidos en la ley”, así como “una Comisión Internacional para solicitar medidas urgentes a los órganos de control y corroborar si se cometieron delitos contra la humanidad”.También piden que se cree “una Comisión sobre Uso de la Fuerza para profundizar en el examen técnico de las tácticas, logísticas e instrumentos policiales-militares utilizados en los hechos” y “tomar este conjunto de casos como emblemático para llamar la atención sobre la crisis de institucionalidad democrática y de DDHH”.
“La forma como un gobierno trata a los más humildes y excluidos de una sociedad devela sus valores humanos, su forma de hacer vida en democracia y su visión del desarrollo nacional. Estamos profundamente consternados por el poco valor que se ha reconocido a la vida de la ciudadanía Ngäbe, Buglé y campesina”.
