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DDHH y sociedad civil soportan nuevos acosos en África

El espacio de acción para la ciudanía organizada en varios países africanos, entre ellos Burundi, Eritrea, Mozambique, Somalia, Sudán, Tanzania y Zambia, se está reduciendo gradualmente, por la preponderancia de líderes autoritarios y regímenes represivos.

(Thalif Deen - IPS) África - Los ataques se dirigen en gran medida contra los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y particularmente contra los medios de comunicación.

En febrero se clausuró la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Burundi, ante la insistencia de su gobierno. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su “profundo pesar” por un cierre que puso fin a 23 años de trabajo en el país.

La Oficina ejerció un papel de liderazgo en el establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como en el paquete de reformas legislativas y en el surgimiento de solidas organizaciones de la sociedad civil, agregó Bachelet.

Judy Gitau, coordinadora Regional para la Oficina de Igualdad de África, dijo a IPS que “la sociedad civil está siendo atacada por regímenes represivos en varios países africanos”.

Un ejemplo es Tanzania, aseguró, donde el Estado restringe las libertades básicas como la asociación y la reunión pacífica, y las OSC enfrentan la amenaza de ser clausuradas si informan sobre las violaciones de los derechos humanos.

“Se están introduciendo e invocando todo tipo de leyes para restringir las acciones de la sociedad civil y evitar a los medios que se expresen libremente en línea o que publiquen en cualquier plataforma digital”, dijo Gitau.

A su juicio, actualmente en Tanzania los ataques a la sociedad civil organizada van mucho más allá que las limitaciones a la libertad de movimiento y de asociación en sus operaciones, sino que exige que algunos de sus miembros estatales sobre sus actividades diarias.

“La presencia de un organismo intergubernamental independiente en un Estado que experimenta algún tipo de descontento civil puede dar lugar al seguimiento y al registro de violaciones que pueden utilizarse en futuros procedimientos penales internacionales”, destacó Gitau.

El 2 de abril, Robert Palladino, portavoz adjunto del estadounidense Departamento de Estado manifestó su profunda preocupación porque Burundi haya decidido prorrogar indefinidamente la suspensión de transmisiones desde su país de la Voz de América (VOA), mientras revocó la licencia para operar a la British Broadcasting Corporation (BBC).

“Hacemos un llamado al gobierno para que revoque su decisión e instamos al gobierno de Burundi a permitir que todos los periodistas operen en un ambiente libre de intimidación. Un medio de comunicación libre e independiente es indispensable para una democracia vibrante y que funcione, así como para unas elecciones libres y justas, en 2020, “declaró.

Mientras tanto, Human Rights Watch (HRW) ha condenado la prohibición al principal periódico de Tanzania, The Citizen, señalando que es parte de una serie de ataques contra la libertad de expresión por parte del gobierno del presidente John Pombe Magufuli.

El año pasado, varias OSC, incluido el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York, instaron a Magufuli a poner fin a los ataques contra periodistas y reconocer el papel fundamental que desempeñan la sociedad civil y los medios independientes en la promoción de una sociedad pacífica.
Este mismo mes, el CPJ y otras 37 organizaciones de la sociedad civil emitieron una declaración conjunta instando a las autoridades de Mozambique a liberar en forma inmediata e incondicional al periodista de una radio comunitaria Amade Abubacar, quien está en prisión preventiva desde su detención el 5 de enero.

Sobre la situación en Sudán, Clement Nyaltesossi Voule, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, criticó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos en el país.

Según un informe, más de 20 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas desde el 6 de abril, además de los arrestos y ataques generalizados contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad.

En tanto, una comisión de investigación de la ONU ha pedido a Eritrea que investigue las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas de seguridad, incluida la tortura y la esclavitud de cientos de miles, que se remontan a 2016.

Mientras, la organización ActionAid denunció en un informe publicado en marzo, titulado “Espacio de reducción en Zambia: Tiempo para la acción”, que Zambia tiene una serie de normas que le dan a las autoridades poderes muy amplios para silenciar la libertad de expresión y limitar la libertad de reunión.

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